Después de dos encuentros y de amenazas gremiales de convocatorias a medidas de fuerza, finalmente la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) anunció que cerró la discusión paritaria con el Ministerio de Modernización. "Somos conscientes de que no es un acuerdo ideal", advirtió el sindicato que conduce Andrés Rodríguez sobre una negociación que se cerró en un 15% de aumento en tres tramos: 3% en julio, 6% en agosto y 6% en septiembre.
Esa recomposición alcanzará a los trabajadores comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) a excepción de los que estén en el escalafón A, el más elevado, que percibirán una suma fija, no acumulable ni remunerativa, de 4.500 pesos en dos cuotas.
El aumento se replicará en los acuerdos sectoriales, con la diferencia de que en este caso quienes cobren por encima de los 40.000 pesos quedarán excluidos y percibirán la suma fija acordada.
A diferencia del acuerdo del año pasado, en el que se acordó una cláusula gatillo que se activó en enero y sumó un 4,8% los primeros meses del año, esta vez se firmó una cláusula pero de revisión, que patea una eventual reactualización salarial recién para marzo de 2019.
En un acta complementaria a la que rubrica el aumento salarial, UPCN le reclamó al Gobierno el compromiso de "no continuar con la baja de los contratos de los trabajadores no permanentes" y de la necesidad de "continuar y comprometerse al ingreso del personal permanente mediante concursos".
En rigor, este punto fue tratado en persona por Rodríguez y el ministro Andrés Ibarra en una reunión posterior, en la que el titular de Modernización se comprometió a "continuar los procesos de selección internos en distintas jurisdicciones y organismo a efectos de que los postulantes puedan acceder a planta permanente".
Según este acuerdo, Ibarra se comprometió a normalizar 6.800 vacantes en el empleo público mediante la finalización de los procedimientos de designación en planta permanente, pero también a no discontinuar la contratación de personal que presta tareas en el Estados en el marco del Artículo 9 de la ley 25.164, trabajadores sujetos a la renovación anual de los contratos.
El balance que realiza la principal organización gremial de los trabajadores públicos plantea que el acuerdo "debe analizarse en un contexto de recorte del gasto público".
"Cabe señalar que un punto porcentual (de aumento) equivale a unos diez puestos de trabajo" sostuvieron justo en el mismo día en el que se conoció que el mercado prevé una inflación anual de al menos el 27%.
"Estamos frente a un acuerdo de reducción salarial. Incluso es una gran mentira que va a ser el 15% porque anualizado será del 12%", fustigó en diálogo con Letra P el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo "Cachorro" Godoy.
ATE participó de la mesa paritaria pero se negó a convalidar un acuerdo que "ni siquiera plantea concretamente frenar los despidos".
"Hasta la semana pasada estuvieron despidiendo trabajadores. Por ejemplo en el Hospital Posadas, echaron trabajadores de planta con 30 años de antigüedad. Esos despidos y los que van a venir con el ajuste planteado por el Estado fueron convalidados por UPCN" cuestionó Godoy.
