La argumentación, en rigor, esparció esquirlas mucho más allá del propio Supremo y apuntó al corazón de la operación “Lava Jato” (lavadero de autos) que lleva adelante el juez federal Sérgio Moro.
De hecho, el referente del ala garantista de los jueces supremos, Gilmar Mendes, acusó en su momento a Moro de excesos de procedimientos, como las “conducciones coercitivas” de procesados para declarar y las prisiones preventivas prolongadas, y de actuar con “métodos punitivistas” propios de un “Estado policial”.
Por otro lado, el martes, esa misma sala le concedió una medida cautelar a José Dirceu, figura todopoderosa en el primer Gobierno de Lula y emblema tanto de la izquierda brasileña como de las corruptelas de sus administraciones, lo que le permitió recuperar provisionalmente la libertad.
Tanto el ex mandatario como Dirceu están condenados por corrupción en segunda instancia, algo que, en virtud de jurisprudencia vigente pero violatoria de la letra la Constitución, hace que deban comenzar a purgar sus penas en la cárcel. Para las defensas, sin embargo, eso no corresponde hasta que exista sentencia firme; la Segunda Sala del Supremo se inclina por darles la razón.
Como Lula aún tiene recursos formales pendientes en segunda instancia, el relator de la operación “Lava Jato” en el Supremo, Edson Fachin, desconvocó una reunión de la Segunda Sala que debía tratar un planteo similar al de Dirceu y dejó el asunto para su tratamiento en el pleno de once ministros después de la feria judicial, esto es a partir de agosto.
Lenio Luiz Streck, quien fue procurador del estado Rio Grande do Sul de 1986 a 2014 y hoy impulsa ante el Supremo una Acción Directa de Constitucionalidad para revertir la mencionada jurisprudencia punitivista, le dijo a Letra P que “el precedente de Dirceu no influye jurídicamente pero sí políticamente”.
La Segunda Sala del STF está compuesta por los mencionados Fachin y Mendes, además de Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli y Celso de Mello. La mayoría garantista esta allí clara. Pero fuera de ese sector, la pelea está instalada en el pleno del Supremo, con acusaciones de grueso calibre.
Llamativamente, el ministro Marco Aurélio Mello atribuyó hace pocos días a la presidenta del cuerpo, Cármen Lúcia, la responsabilidad de mantener a Lula preso de manera ilegal por no habilitar el tratamiento de la cuestión de fondo, esto es la inconstitucionalidad del cumplimiento de penas de prisión antes de que exista sentencia firme.
Es sabido que cuando el tema llegue al pleno, Lula quedará muy probablemente en libertad, dado que diversos pronunciamientos de los magistrados permiten prever que una mayoría estrecha de 6 a 5 dé lugar a un cambio de jurisprudencia.
“La presidenta está reteniendo esos procesos y no establece una fecha para juzgar. Ya libré dos declaraciones de inconstitucionalidad en diciembre del año pasado”, dijo Marco Aurélio Mello. “Pero la presidenta, muy poderosa, no designa un día”, añadió.
Los abogados de Lula confían en que si no obtienen una cautelar como la de Dirceu en agosto, lograrán un fallo firme que le permitirá esperar en libertad el fin de los procesos al mes siguiente, cuando Dias Toffoli asuma la titularidad del STF.
Marcelo Rech, director del Instituto InfoRel de Brasilia, le dijo a Letra P que “hay una disputa política en el STF. Por un lado están los ministros Mendes; Marco Aurélio Mello, que es primo de Fernando Collor; Dias Toffoli, un ex abogado del PT; y Lewandowski, que es amigo de Dilma Rousseff. Del otro está Fachin, a quien le refutan todo lo que dice respecto a la ‘Lava Jato’”.
“Esa es la razón por la que Fachin envía el caso de Lula al pleno: para evitar que ese grupo de tres que se concentran en la Segunda Sala decida liberarlo”, añadió.
Rech estima que “estamos viviendo una crisis que es alimentada por un Supremo que no decide, que no pone un punto final a las cuestiones. Y las presiones que sufre son cada vez más intensas. Los abogados de Lula se entrevistan cada día con un juez diferente. No tengo dudas que todo el proceso se ha politizado. Ya no es una cuestión técnica o jurídica”.
De acuerdo con Cromar de Souza, analista político y profesor de la Universidad Católica de Brasilia, “la decisión del STF (sobre Dirceu) fue un tanto sorprendente, porque la Segunda Sala fue más decidida que el plenario de once jueces”.
“En términos políticos, el mensaje que eso le envió al Partido de los Trabajadores es que puede tener esperanza de que Lula sea liberado de la cárcel y hasta que sea candidato a la Presidencia, porque todavía queda tiempo hasta el 15 de agosto, que es cuando eso se decide”, añadió.
Esa definición, cabe recordar, no es resorte del STF sino del Tribunal Superior Electoral (TSE), que, a priori, debería aplicar la llamada ley de “ficha limpia”, que quita los derechos políticos a los condenados por delitos contra la administración pública en segunda instancia. La norma fue promulgada en 2010 por el entonces presidente Lula da Silva. La libertad, para él, está más cerca que el retorno al palacio del Planalto.
Pero no existen certezas de que Lula no logre una resurrección plena, posibilidad que le quita al sueño al establishment brasileño.
Paulo Kramer, analista político de Brasilia, dijo en diálogo con este medio que “hay dos factores derivados de la decisión del Supremo que benefició a la senadora Gleisi Hoffmann que pueden ejercer un efecto adverso para Lula. Uno, que desde que se supo que la declararon inocente, más o menos 15.000 millones de dólares dejaron el país; dos, que si Lula se convierte finalmente en candidato, probablemente los jefes militares reforzarán su disconformidad”.
“El efecto de una candidatura de Lula extraña riesgos para el sistema político”, coincidió De Souza.
“Si tuviera que definir brevemente el escenario político, diría que hay una indefinición total”, resumió Rech.
“Incluso dentro del PT hay presiones por una definición, porque algunos creen que la demora sobre la candidatura de Lula es dañina para el partido. Yo pienso que daña todo el escenario, ya que tampoco otros candidatos profundizan sus campañas a la espera de esa señal”, completó el analista.
Brasil sigue jugando en el borde de la cornisa a casi tres meses de las elecciones presidenciales.
