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Cuestionó los dichos del ministro de Seguridad de Vidal sobre la superpoblación en comisarías. Y lo denunció por desobedecer las órdenes de la justicia que obligan a regularizar la situación.

Redacción 04/05/2018 17:09

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió este viernes un extenso comunicado donde vuelve a reclamarle al gobierno bonaerense que regularice la situación de hacinamiento que se observa en los calabozos de las comisarías de la provincia de Buenos Aires.

También, acusa al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, de mostrar una actitud “irresponsable” al declarar que prefiere ver a los detenidos “apretados” en los calabozos antes que en la calle “delinquiendo”.

“Reiteramos nuestra preocupación por la insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención de las personas detenidas en comisarías bonaerenses” difundió la CPM.

Y “rechazamos las declaraciones del ministro Ritondo celebrando esta situación y solicitamos a la Suprema Corte y la Procuración General que no convalide estas graves violaciones de derechos humanos” se agrega en él comunicado.

 

 

El funcionario de la gobernadora, María Eugenia Vidal, había declarado durante una conferencia de prensa desarrollada esta semana y con motivo de la toma de la comisaría 1º de San Justo, que  prefería “que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”.

Sucede que el intento de liberar a uno de los detenidos en dicha dependencia policial, a cargo de supuestos cómplices, volvió a dejar en evidencia la superpoblación que existe en los calabozos de la provincia.

Según la CPM, el ministro Ritondo dijo una frase “irreponsable” y “pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado: aunque parezca una obviedad decirlo, “amontonar” personas en comisarías que son verdaderas cuevas y en condiciones de hacinamiento extremo es un delito. Se trata, sin duda, de los delitos más graves, porque el Estado que debe ser garante de la protección de los derechos se coloca en lugar de victimario, y asume las torturas y la muerte como un resultado esperable”.

Semanas atrás el propio gobierno de Cambiemos había reconocido la existencia de una superpoblación de detenidos en comisarías del 270%.

Y este viernes, la jueza Liliana Torrisi ordenó la clausura de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, por no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad, además de cotejarse hacinamiento de detenidos.

 

 

La información que maneja la CPM, y que difundió, indica que en la actualidad existen 457 comisarías en la Provincia, de las cuales, 331 se encuentran inhabilitadas por el Estado para alojar detenidos.

“Sin embargo 129 de estas alojan personas en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema. Frente a este cuadro, algunos pocos jueces disponen sentencias de clausura que son desobedecidas de manera reiterada por el ministro de Seguridad” se desatacó en el escrito.

“Las declaraciones de Ritondo no sólo desoyen los reiterados señalamientos de los organismos internacionales de derechos humanos sino que faltan el respeto a las familias y víctimas que padecen torturas y muertes en las cárceles y comisarías. Entre ellas las siete madres de los jóvenes masacrados hace 14 meses en la comisaría 1ª de Pergamino. Ante ese hecho ocurrido hace más de un año, el Ministro guardó silencio, no adoptó medidas para impedir que se reitere y profundizó las políticas represivas” se expresó en el escrito.