La Legislatura de Río Negro sancionó la adhesión a la ley nacional de Contratos de Participación Público Privada (Contratos PPP), con la derogación de la ley A nº 4638 y provocó la fractura del bloque oficialista, Juntos Somos Río Negro (JSRN), con la salida de Ricardo Arroyo. “No puedo tener contradicciones con mi propio gobierno ni tampoco renunciar a mis principios, y esta situación lleva a la desconfianza”, sintentizó. A pesar de su anuncio, Juntos mantiene amplia mayoría.
La norma busca facilitar y propiciar un marco institucional adecuado para la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo de una actividad económica sustentable en Argentina.
De acuerdo a la ley, las PPP pueden celebrarse entre órganos y entes de la Administración Pública Nacional y sujetos privados o públicos, para el desarrollo de proyectos de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y/o financiamiento en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
El legislador Marcelo Mango (FpV) solicitó, previo a su tratamiento, una modificación al artículo primero del proyecto para que se prohíba en la Provincia la realización de estos contratos porque “esta medida responde a una política neoliberal de los años 90”.
Luego de un extenso debate, la iniciativa se votó sin modificaciones y logró la mayoría legislativa, con la ratificación del voto negativo de los bloques del Frente para la Victoria, de Fuerza Nacional y Popular, y del legislador Arroyo (JSRN).
