Crece la tensión en Brasil en vísperas de la reunión en la que el Tribunal Superior Federal de Brasil decida la suerte de Luiz Inácio Lula da Silva. En medio de fuertes presiones de sectores judiciales, políticos y sociales, un militar llegó incluso a amenazar con “una reacción armada” si la Justicia no envía a prisión al ex presidente.
"Si ocurre semejante apartamiento de la ley, ahí no tengo duda de que sólo queda el recurso a la reacción armada. Ahí es el deber de la Fuerza Armada restaurar el orden. Pero no creo que lleguemos a eso”, lanzó el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, jefe del Ejército de reserva brasileño. El militar se arrogó eld erecho de interpretar la ley por encima de lo que diga el STF.
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Lula, condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la operación "Lava Jato", es el favorito en todas las encuestas para las elecciones de octubre.
Según publicó el portal Estadão, el general militar afirmó que “si ocurriesen tantos cambios en la ley, no tengo duda de que solo quedaría la intervención militar”. “Las Fuerzas Armadas deben restaurar el orden", amenazó.
Esa advertencia se suma al reciente ataque a tiros contra una de las caravanas que realiza Lula por todo Brasil: en Curitiba tres disparos impactaron contra un micro en el que viajaban periodistas.
Los once magistrados del STF analizarán este miércoles el habeas corpus presentado por los abogados de Lula para que el ex mandatario pueda cumplir la pena en libertad hasta que los recursos sean juzgados por instancias superiores. Lo que está en juego es una posible revisión de la jurisprudencia del propio Supremo, que en octubre de 2016 había aceptado que las condenas comiencen a purgarse después de fallo de segunda instancia, lo que ya se dio en el caso del ex mandatario de izquierda.
Se prevé una votación muy ajustada entre los jueces y se consideran fundamental el voto de la jueza Rosa Webber, quien no ha dejado clara su postura. Con todo, se recuerda que en 2016 la magistrada votó contra el cumplimiento de penas antes del final de las apelaciones por considerar que la doctrina vulneraba la Constitución.
Sobre ella se vuelcan en estas horas fuertes presiones. Miles de miembros del Poder Judicial presentaron un manifiesto en el que llaman a la alta corte a no alterar su postura y el procurador de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, incluso se declaró en ayuno.
Entretanto, grupos sociales que impulsaron el juicio político y destitución de Dilma Rousseff llamaron a manifestaciones en todo Brasil contra el posible alivio judicial para el líder del Partido de los Trabajadores.