CRISIS EN BRASIL

Lula, a un paso de la cárcel y la inhabilitación

Una corte de segunda instancia ratificó su condena por corrupción. Solo el Supremo puede evitar su encarcelamiento el 4 de abril. Puede quedar privado de sus derechos políticos.

Luiz Inácio Lula da Silva quedó este lunes en el umbral de la prisión luego de que el tribunal de apelaciones de Porto Alegre rechazó los últimos recursos sobre su condena a 12 años y un mes de cárcel, cuyo cumplimiento depende ahora solamente de un habeas corpus que tratará el próximo 4 de abril el Supremo Tribunal Federal.

 

Asimismo, la decisión parece cerrarle la puerta a su aspiración de regresar al poder en las elecciones presidenciales de octubre próximo.

 

Tras el rechazo por unanimidad de los recursos, Lula afirmó durante un discurso ante una multitud: "Que los que nos agreden preparen todo el odio que tienen, porque el que odia así va a tener una úlcera. Les pido que tengan calma, que esperan las elecciones: pueden llorar o aplaudir cuando sea electo presidente".

 

El ex presidente brasileño recibió un revés esperado de la Octava Sala del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, la misma que lo había condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero el pasado 24 de enero.

 

 

Esa cámara rechazó por unanimidad los recursos llamados “embargos de declaración” presentados por la defensa de Lula por considerar que hubo errores y mentiras en las pruebas utilizadas para la sentencia que ratificó y agravó en sus alcances la de primera instancia, emitida por el juez federal Sérgio Moro.

 

Ahora todo dependerá del Supremo, que la semana pasada fijó para el 4 de abril próximo el juzgamiento del habeas corpus presentado por Lula. Este rebate jurisprudencia del propio STF y recuerda que la Constitución indica que los condenados pueden agotar las apelaciones en libertad.

 

En caso de que la alta corte rechace el pedido de Lula, el ex presidente será detenido de inmediato para cumplir su condena por la supuesta recepción de un tríplex en Guarujá de parte de la constructora OAS, contratada por Petrobras.

 

 

 

Lula sostiene que es un perseguido y que la Operación Lava Jato, con sus fiscales, Moro y tribunal de Porto Alegre, tienen objetivos políticos.

 

Por otro lado, la decisión del TRF4 también puede cerrarle a Lula la puerta electoral, ya que una ley promulgada por él mismo poco antes del final de su mandato, en 2010, quita los derechos políticos a los condenados en segunda instancia.

 

Se trata de la llamada ley de “ficha limpia”, cuya aplicación depende ahora del Tribunal Superior Electoral (TSE), que debe analizar la inscripción de las candidaturas en agosto.
Lula encabeza todas las encuestas de intención de voto, pero la posibilidad de que pueda competir en las presidenciales de octubre queda dramáticamente reducida.

 

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