Entre dos fuegos, el que desatan quienes buscan evitar el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva, posiblemente inminente, y el de quienes justamente quieren precipitarlo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) analiza este martes si revisará su jurisprudencia favorable a que los condenados en segunda instancia comiencen a cumplir las sentencias de prisión sin que las mismas estén todavía firmes.
La misma había quedado fijada a fines de 2016, principal argumento de la presidenta del alto tribunal, Cármen Lúcia, para negarse a incluir el asunto en la pauta formal de este mes y del próximo. El encuentro de este martes apunta a modificar esa negativa.
Pero las presiones son muy fuertes, ya que si bien Lula da Silva no es el único político en peligro de caer preso y muchos más ya lo están, es evidente que su caso resulta especialmente delicado.
El expresidente (2003-2010) había sido condenado en primera instancia por el juez federal de la operación Lava Jato, Sérgio Moro, a nueve años y seis meses de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. El fallo resultó agravado por el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, corte de alzada, a 12 años y un mes y, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, eso basta para su ingreso en prisión.
El caso alude a la supuesta entrega de un tríplex de lujo en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, según los magistrados como contraprestación de contratos espurios con Petrobras. Lula alega total inocencia.
Agotados los recursos de su defensa, el trámite está pendiente solo de que el TRF4 agote el “embargo de declaración”, una instancia explicativa que no alterará aquella sentencia, lo que podría concretarse en las próximas semanas.
El lunes, el juez del Supremo Gilmar Mendes había insistido con su idea favorable a la reapertura del tema al señalar que "la casa del padre tiene muchas moradas y el camino a la casa del padre es diverso (…) Lo importante es (que la cuestión) sea discutida y no se niegue jurisdicción".
Mendes acaba de rechazar un habeas corpus colectivo sobre esta misma situación y pretende, en cambio, que el tema sea definido por el pleno.
Su posición es opuesta a la de Cármen Lúcia, que ha dicho que volver a tratar un tema zanjado hace un año y medio debido a la situación de un dirigente en especial sería “empequeñecer” al cuerpo. Así, la expectativa es fuerte acerca de lo que saldrá del STF.
Si bien es potestad de la titular del Supremo la fijación de la pauta de los temas a tratar, cualquiera de los ministros puede llevar a las reuniones plenarias un asunto de su interés.