ELECCIONES MAGISTRATURA PORTEÑA

“En la Ciudad de Buenos Aires no hay independencia judicial”

Juan Manuel Di Teodoro encabeza la lista de consejeros en representación de los abogados del frente Mariano Moreno (lista 18)

En el marco de las elecciones en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Letra P entrevistó a los primeros candidatos a consejeros de las listas que representan al estamento de los abogados porteños. Como informó este medio, compiten cuatro listas agrupadas en frentes electorales y que tejieron el mismo acuerdo en las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que también se celebran este martes.

 

La Magistratura porteña posee nueve miembros divididos en tres estamentos, divididos en partes iguales. Es decir, tres consejeros en representación de los abogados, tres por los magistrados capitalinos y tres en representación de la Legislatura de la Ciudad. Este medio propuso realizar cinco preguntas a los cuatro primeros candidatos para poder ver las distintas respuestas ante los mismos interrogantes. Todos los aspirantes respondieron, a excepción de la candidata oficialista y diputada nacional por Cambiemos, Anabella Hers Cabral,  (Gente de Derecho + PRO) , quien comunicó que no tenía intenciones de participar.

 

A continuación, el diálogo con Juan Manuel Di Teodoro, primer candidato a consejero por Mariano Moreno (lista 18)

 

 

-¿Cómo incide en el Consejo de la Magistratura la actividad de los abogados?

 

-El Consejo de la Magistratura, al tener entre sus funciones el analizar y evaluar las conductas de los jueces y juezas en ejercicio, y también la de seleccionar nuevos magistrados, puede hacer la vida de los letrados imposible o puede crear las condiciones necesarias para que el desarrollo de la profesión vaya por carriles de racionalidad y razonabilidad.

 

Pero también al administrar los recursos del Poder Judicial incide en la vida de los abogados y abogadas de a pie si realiza un correcto mantenimiento de los inmuebles o no. No es lo mismo concurrir a una mesa de entradas en el piso 11 con ascensores en buen estado que en un edificio en el que los ascensores no funcionen o su funcionamiento sea defectuoso. Tampoco será igual el desempeño de la labor profesional si en las salas de audiencia no hay una refrigeración adecuada o si dichas salas son diminutas y no hay lugar siquiera para los abogados particulares. Por esto, y por mucho más, es que queremos que se oiga nuestra voz, la voz de los abogados y abogadas de a pie en el Consejo de la Magistratura, porque sabemos cómo hacer para que el Consejo incida positivamente en la actividad profesional.

 

-¿Qué propuestas tienen para el estamento que representa?

 

-Queremos una Justicia Independiente, Transparente y Accesible para todos y todas. Transparente para que toda la información pública pueda conocerse al instante. Información sobre expedientes judiciales o administrativos y no que cada vez que uno quiere acceder a la información pública sobre el Poder Judicial deba iniciar una pesquisa o un sinnúmero de presentaciones burocráticas para que mucho tiempo después siga sin poder acceder a esa información. Hay que resaltar que tanto la información judicial como la administrativa debe estar al alcance de la mano. También, la administración y disposición de los fondos asignados al Poder Judicial debe ejercerse de manera pública y no clandestina. Para facilitar la publicidad de la información el Poder Judicial de la Ciudad debe estar totalmente informatizado. No podemos seguir amontonando papel y manejando expedientes que en total insumen toneladas de papel al año. La no digitalización favorece el oscurantismo y el ocultamiento de información.

 

Es necesario reformar el Reglamento de Concursos del Poder Judicial para que los abogados y abogadas de a pie puedan participar en igualdad de condiciones que los funcionarios judiciales.i bien es necesario ser abogado o abogada para ser juez o jueza, lo cierto es que no es fácil para el matriculado acceder a los cargos concursados y siempre los ganan los integrantes de "la familia" o "corporación judicial". Debemos mejorar la infraestructura edilicia del Poder Judicial, no se puede seguir incrementando la injerencia de la Justicia porteña sin contar con edificios preparados para recibir más trabajo. En la actualidad, no hay salas de audiencias suficientes para que tanto las partes como los profesionales puedan participar de los debates porque las salas de audiencia son diminutas y los abogados particulares son los perjudicados en estos casos.

 

 

 

 

-¿Cómo evalúa el proceso de traspaso de la Justicia de Nación a Ciudad?

 

-Es un mandato constitucional que se debe cumplir y es una manera de que la Ciudad asuma la resolución de los conflictos que se generan en su territorio. Ha sido el actual Consejo de la Magistratura de la Ciudad el que ha complicado y podríamos afirmar que ha obstaculizado el traspaso de la Justicia. Lo complica cuando por obedecer pautas de aumentos salariales emanadas del Poder Ejecutivo Nacional y local desjerarquiza el trabajo de  los empleados judiciales de la Ciudad al punto de colocar el nivel salarial de los trabajadores de la Ciudad por debajo de los de Nación. Lo mismo pasa con los jueces porteños que ganan sueldos inferiores a los que paga el Poder Judicial nacional.

 

Entonces, cuando existe un desfasaje entre los salarios de los trabajadores (empleados, funcionarios y magistrados) de la justicia local y los trabajadores de la justicia nacional el traspaso de competencias judiciales de Nación a Ciudad se dificulta al punto de obstaculizarlo y eso ha sido exclusiva responsabilidad del Consejo de la Magistratura. Para efectivizar el traspaso debe haber un Consejo a la altura de las circunstancias que trabaje arduamente en ese proceso de traspaso para luego recibir las competencias, sus trabajadores y sus funcionarios y magistrados.

 

-¿Cómo evalúa la actual gestión de la Magistratura?

 

-De la única manera que se puede evaluar a un Consejo de la Magistratura que se ha transformado en una Subsecretaría o dependencia del Poder Ejecutivo local. Pésimo. Hoy por hoy en la Ciudad, todas las competencias del Consejo de la Magistratura son ejercidas por Horacio Rodríguez Larreta, que es quién imparte las instrucciones y los consejeros ejecutan las mismas o simplemente las observan. Un claro ejemplo de esto ha sido la inauguración de la nueva Sala de Entrevistas Especializadas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPT) de la que participaron los integrantes del Consejo de la Magistratura pero contó con la supervisión del Jefe de Gobierno y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo.

 

Esa falta de independencia se explica fácil. Los tres representantes de los abogados son de la Alianza Cambiemos. Hoy más que nunca la Ciudad necesita una justicia independiente, sólo de esa manera podremos hablar realmente de gestión del Consejo de la Magistratura y los únicos que podemos garantizar esa independencia del poder político, pero también del poder económico somos los y las integrantes de la lista Mariano Moreno.

 

 

 

-¿Hay independencia judicial en la Ciudad de Buenos Aires?

 

-En la Ciudad de Buenos Aires no hay independencia del poder judicial. Esto no sucede desde hace dos días. Cuando era jefe de Gobierno, Mauricio Macri se dio cuenta que los jueces y juezas del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad le impedían realizar negocios con la obra pública o con la venta de inmuebles del Estado o con flagrantes violaciones al Código de Planeamiento Urbano.

 

Entonces, con la excusa de más trabajo duplicó la cantidad de jueces y juezas y seleccionó a aquellos que podía disciplinar, salvo honrosas y beligerantes excepciones, además de disciplinar a quienes seguirían siendo jueces. De esta manera, licuó la incidencia de los magistrados que emitían fallos contrarios a los intereses de los grupos económicos de la Ciudad. Un ejemplo que todos recordarán ha sido la constante persecución sufrida por el Dr. Andrés Gallardo o la Dra. Elena Liberatori entre otros.

 

Con el fuero Penal ocurrió lo mismo, con el agregado de utilizar a los fiscales como ariete para criminalizar la protesta social, perseguir a líderes políticos o sociales opositores. Un fuero penal al servicio de cuidar los intereses de los grupos económicos, que nunca fue a fondo en la investigación de reventa de entradas en el fútbol, o en casos de violencia en el fútbol, que nunca investiga la responsabilidad de dirigentes, o en los casos de trabajo esclavo que nunca investigó a los empresarios que se benefician de ello. Para tener una idea de la falta de independencia de los fiscales porteños basta recordar quienes fueron los dos últimos fiscales Generales. Primero, Germán Garavano actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y, después, Ocampo, actual ministro de Justicia porteño.

 

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