El Ente Regulador de Servicios Públicos está bajo la lupa del gobernador tras una millonaria operación inmobiliaria y falta de resultados. Los argumentos.
Ignacio Torres busca avanzar con la intervención del organismo regulador de los servicios públicos de Chubut, y con el ordenamiento del sector.
El gobernador Ignacio Torres envió a la Legislatura de Chubut, el proyecto para intervenir el Ente Regulador de Servicios Públicos. El madatario de unas de las provincias de la Patagonia busca profundizar el ordenamiento en un sector clave, en pleno clima de reconversión energética de la provincia.
Creado por ley en 2018, el organismo cuenta con los salarios más altos de la administración pública y mantiene un directorio integrado por un presidente y dos vocales, uno de las cuales continúa a cargo de la entidad con el mandato vencido.
Como si fuera poco, en las últimas semanas trascendió una silenciosa operación millonaria para la compra de un edificio, sumado a una cifra superior a los mil millones de pesos que el Ente posee en una cuenta sin ejecutar: todo ello, en un contexto en el que la austeridad es uno de los pilares del deber-ser de la administración de gobierno.
Aunque su tratamiento no fue confirmado en la sesión ordinaria de esta semana, la iniciativa podría ser evaluada por los legisladores, y sería uno de los pasos de mayor relevancia antes del tratamiento del proyecto para la creación de la Empresa Provincial de Energía de Chubut, que según deslizó recientemente Torres, podría absorber las funciones del hoy cuestionado organismo.
El consejo directivo del organismo fue designado en 2019, e incluía al abogado Gustavo Monesterolo, la contadora pública Gabriela Calle, y el ingeniero Horacio Camps; el triunvirato fue alternando roles hasta la fecha, con salarios que actualmente superan los 8 millones de pesos.
Una operación inmobiliaria cuya trascendencia se intentó evitar, habría sido la gota que rebalsó el vaso y que precipitó la decisión de Torres de avanzar con la intervención de un organismo cuestionado por la falta de resultados, y con un titular, como es el caso de Monesterolo, que mantiene un vínculo estrecho con el Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, comandado por Héctor González.
El gremio fue uno de los que, en principio, no planteó objeciones al proyecto de ley para la creación de una Empresa Provincial de Energía del Chubut, pero luego advirtió que no había sido consultado para la confección de la iniciativa.
La creación de la empresa para la centralización y coordinación del desarrollo del sector energético provincial, iba a ser tratada durante la última sesión legislativa, pero el debate fue postergado ya que la propuesta podría recibir algunas modificaciones; no se descarta que las funciones del ente pudieran ser absorbidas por la empresa de energía, y que los resultados de la auditoría sobre el cuestionado ente, puedan arrojar más de una suspicacia en términos judiciales.
Según la ley que dispuso su creación, el ENRE, como se lo conoce en la provincia, posee entre sus funciones la realización de estudios de costos, tarifas y normativas, dando prioridad para ello a convenios con universidades, organismos de distintos estamentos y ONG.
Uno de los principales objetivos del ente es la elaboración de una tarifa de referencia provincial, conjuntamente con el Consejo Consultivo de los Servicios Públicos, basándose en la premisa de un esquema de tarifas que permita la sustentabilidad de un sistema que hoy tiene los números rojos.
Sin embargo, seis años después de que fuera implementado, el ente no habría arrojado resultados a pesar de haber manejado un presupuesto millonario y de poseer injerencia directa en el vínculo entre cooperativas y prestatarias de servicios públicos.
En una reciente conferencia de prensa, Torres fue determinante al hablar de la situación del organismo: “Cuando las cosas se hacen mal, hay que revisarlo. Por eso traje a colación la revisión integral que estamos haciendo de algunos estamentos del Estado, como es el caso del ENRE, que la verdad no ha tenido una función clara, o resultados claros”.
Además, advirtió que en la entidad "hay mucho dinero que se venía recaudando y se quiso hacer una compra de un inmueble, y lo cierto es que si hay algo no necesita el Estado chubutense en este momento, es comprar inmuebles; ese dinero se puede usar para muchas mejores cosas”.
La intervención, que tendrá un plazo de un año, se fundamenta en que el organismo “desde su creación, no ha cumplido con las funciones, atribuciones y deberes contemplados en el artículo 3° de la Ley I Nº 196”.
El escenario suma agravantes, con presuntas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas provincial para el ejercicio de los años 2022, 2023 y 2024.
En el escueto documento que configura el proyecto de ley, se solicita a los legisladores el acompañamiento a la intervención con el fin de “regularizar el funcionamiento del organismo”, estableciendo que el Poder Ejecutivo designará al interventor que se desempeñará por el plazo de 12 meses.
La intervención del ENRE se enmarca en el complejo contexto de las cooperativas y servicios públicos de Chubut, que en su mayoría arrastran una pesada herencia signada por los vaivenes financieros, las deudas con la mayorista de energía Cammesa, y el recambio político y organizacional en los distintos consejos de administración.
Tal vez la entidad más emblemática es la Cooperativa Eléctrica de Trelew, intervenida a fines de 2024 por la Justicia Federal de Rawson, a partir de una crisis estructural que incluye pérdidas, deuda y problemas con personal y obras. Transcurridos los primeros seis meses, la intervención a cargo de Matías Bourdieu fue prorrogada por otros seis meses, mientras avanza la presentación de informes bimestrales, la readecuación tarifaria y el ordenamiento de las cuentas con acreedores como la mencionada Cammesa, ARCA, la obra social y el Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, según lo vertido por el propio Bourdieu durante la primera mitad de su mandato al frente de la entidad.
Otras prestadoras en similar situación y que también fueron intervenidas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social a partir de un mandato de la Justicia Federal, son la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, con denuncias por una deuda de 600 mil dólares que se encuadraría en una maniobra de estafa; y la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo "16 de Octubre" Limitada, que abastece a Esquel y Trevelin.