El jefe de Gabinete de la nación, Marcos Peña, respaldó al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, vinculado a una empresa offshore en Andorra con la que se ocultaron 1,2 millones de dólares. Señaló que se está discutiendo el patrimonio de los funcionarios antes de entrar al Gobierno y descartó que se trate de un hecho de corrupción.
“Acá estamos haciendo una discusión sobre el patrimonio de los funcionarios antes de entrar al gobierno y si la declararon o no en su declaración jurada. No estamos hablando de fondos públicos, de corrupción”, remarcó Peña en diálogo con Radio Mitre al ser consultado sobre la denuncia que pesa sobre el número dos de Fernando de Andreis
En esa línea, remarcó que “ni siquiera” estamos hablando de conflicto de intereses, sino “si hay omisión o no en una declaración jurada”.
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“Hoy hay una Oficina Anticorrupción que investiga en tiempo real a los funcionarios, que tiene plena libertad y autonomía para investigar si hubo o no omisión maliciosa”, señaló para diferenciar las políticas del Gobierno de Cambiemos y su antecesor y sostuvo que espera que Díaz Gilligan se acerque a presentar “todos los papeles y a partir de eso saber si hubo omisión en la declaración jurada”.
Si bien aseguró que “no habrá protección para nadie, si alguien hizo algo mal, esa persona tendrá que responder ante la justicia y nosotros no vamos a apañar a nadie”, descartó la posibilidad de que Díaz Gilligan sea apartado de su cargo. Consideró que las presentaciones judiciales contra este último y contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y el de Finanzas, Luis Caputo “son denuncias que no tienen que ver con su función actual, en estos casos son denuncias sobre patrimonios previos a cuando eran funcionarios”.
En esa línea, si bien sostuvo que no tendrían “problema en una cuestión vinculada a la función actual poder hacer un apartamiento temporario”, descartó que esa decisión sea válida en este momento. “Estamos hablando de una denuncia que es algo previo a su paso por la función pública. Lo que decimos como posibilidad es que cuando haya un funcionario que creamos que pueda tener un fundamento que afecte su función podemos usar ese recurso, pero no creemos que estemos hablando de eso en este caso”, señaló.