La diputada nacional Elisa Carrió difundió un informe que resume el estado de cada una de las denuncias de corrupción realizadas por ella e integrantes de su partido, la Coalición Cívica, y fue muy crítica con el funcionamiento de la Justicia.
Bajo el título “Lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Luces y sombras del Poder Judicial en la Argentina”, el documento detalla en qué año se formuló cada denuncia, cuál es el estado del caso y quiénes son los denunciados.
"La Justicia cierra las causas sin investigar o las dilata, por falta de libertad para avanzar en las investigaciones, o falta de valentía y, en algunos casos, a cambio de beneficios personales o lucro", señala el duro informe.
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Además, da cuenta de que un total de 16 de las denuncias formuladas desde 2012 fueron archivadas de inmediato y ocho fueron cerradas “sin ningún tipo de investigación”. El total de causas elevadas a juicio fueron solo cuatro y ninguna cuenta con sentencia firme.
Las causas que permanecen en instrucción llegan a 82 y algunas de ellas datan de 2006 y 2008, como la denuncia por el vaciamiento de YPF.
"Las causas no suelen avanzar en contra de funcionarios que pertenecen al poder de turno, o tienen la cobertura del mismo, y en los pocos casos que proceden suele ser cuando toman estado público y los jueces se sienten muy observados por la opinión pública, o se acerca el final de un gobierno. Esto ha convertido a la Argentina en un país al margen de la ley", detalla el texto.
El trabajo se basa en las denuncias realizadas durante la última administración kirchnerista, aunque también aparecen casos como el del titular de la AFI, Gustavo Arribas, por la presunta transferencia de 600 mil dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht; el “Crimen de Unicenter” y la causa de la efedrina, donde se apunta contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.