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Los penitenciarios serán destinados a otros puntos que dependen del SPB. La Suprema Corte y el Ministerio de Justicia alegan carencia de recursos. Vidal podría tener que sacar policías de la calle.
Por 21/12/2018 8:43

El achique presupuestario en distintas áreas del gobierno de María Eugenia Vidal para 2019 ya comenzó a mostrar cimbronazos e internas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La custodia de edificios judiciales en la provincia de Buenos Aires subió a escena anticipadamente por la falta de recursos en distinto ámbitos del gobierno provincial.

En la actualidad la mayoría de los edificios judiciales, en particular, los de los departamentos judiciales más grandes, están custodiados por personal retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que recibe un plus mensual aparte de su jubilación por la tarea realizada. Ese dinero era aportado por el Servicio y los poderes Ejecutivo y Judicial usufructuaban esa partida presupuestaria a costo cero. Pero ese beneficio cesó. Fuentes judiciales confirmaron a Letra P que ,“por falta de fondos”, retirarán a los penitenciarios de las guardias de los tribunales y serán destinados a otros objetivos fijos como Patronato de Liberados y Jefatura Central del SPB, entre otras dependencias de la fuerza de seguridad.

El cuadro de situación indica que, tras la feria judicial de enero, no habrá quien custodie las instalaciones de los fueros penales, una de las áreas más sensibles de la Justicia, dado que por los pasillos de esos foros circulan personas privadas de su libertad y en conflicto con la ley.

 

Ministro de Justicia Gustavo Ferrari.

 

El reclamo de las mayoría de los titulares de la cámara de apelaciones y garantías bonaerenses ya fueron girados a la Suprema Corte provincial, que debe articular con el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, responsable político del manejo de los penitenciarios.

Uno de los camaristas bonaerenses consultados aseveró que, “hasta el momento, Ferrari no dio señales de preocupación en el tema; queda una semana para definir esta situación y la solución no aparece”. Los penitenciarios jubilados que custodian los edificios en la actualidad tienen contrato hasta el viernes 28 de diciembre y ya les dijeron que no se los renovarán, pero deberán presentarse ante la Jefatura Central del SPB, donde les indicarán los nuevos destinos de trabajo.

Fuentes penitenciarias consultadas indicaron que una de las posibilidades que maneja el gobierno de Vidal es cubrir esos lugares con policías y volver al estado de situación anterior a 2012, cuando personal policial estaba a cargo de la seguridad de los edificios.

 

El edificio de los tribunales penales de La Plata.

 

El arribo de los penitenciarios se dio de la mano del ex ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, quien sacó a los policías a patrullar las calles y ubicó a los ex carceleros como custodia. La medida se dio en el contexto de reclamos ciudadanos por mayor seguridad y presencia policial en las calles, situación que llega a la actualidad y el gobierno está en una encrucijada: si saca policías de las calles para custodiar a presos y magistrados, puede pagar un costo político muy alto en un año electoral donde se juegan los principales sillones de conducción en los tres niveles del Estado.

El Servicio Penitenciario alega que no cuenta con presupuesto para pagar las custodias judiciales. Pretende que esa prestación sea costeada por los beneficiarios, es decir, el Poder Judicial, pero la Suprema Corte también alega no tener recursos y traslada el reclamo al ministro Ferrari, de quien depende el SPB, es decir, nuevamente al Ejecutivo. Entrampados en ese laberinto están los funcionarios que esperan señales claras: más dinero para solucionar el problema.

Esta película es seguida de cerca desde el Ministerio de Seguridad, donde en breve les llegará el problema. Tal vez deberán afectar personal operativo y sacarlo de las calles, con la ventaja de que no tendrá que pagas horas extras (cores o Polad); el costo económico sería nulo, pero los efectos políticos de quitar personal destinado a la prevención ciudadano, puede ser excesivo.

Los problemas de recursos económicos para cuestiones penitenciarias es uno de los déficits de la gestión Vidal. Ya lo reconoció un ex funcionario de la cartera de Justicia cuando dijo ante un juez que la Provincia “tiene las arcas vacías”.