La jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia confirmó al fiscal Marcelo Romero al frente de la investigación por la ocupación del ministerio de Economía bonaerense que protagonizaron trabajadores de Astillero Río Santiago. Tras la protesta el gobierno provincial realizó una denuncia penal y el fiscal procesó a los dirigentes Oscar Gerardo de Isasi y Francisco Raúl Banegas. El primero es el secretario general de la seccional bonaerense de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El segundo detenta el mismo cargo pero de la seccional Ensenada, localidad en la que está ubicada la fábrica naval.
El abogado Marcelo Ponce Núñez, defensor de ambos procesados, pidió que Romero sea apartado de la causa argumentando que el magistrado tiene antecedentes de parcialidad en su tarea y eso podría afectar a sus defendidos. Cito como ejemplo las declaraciones extra judiciales que realizó Romero sobre la causa penal en la que está procesado el intendente de Ensenada, Mario Secco por el ingreso violento al recinto de la Cámara de Diputados.
Según la resolución a la que accedió Letra P, la jueza consideró que la defensa “en modo alguno especificó cuáles son las situaciones de gravedad”. Párrafo seguido aclaró que “la circunstancia que la investigación lleve un curso determinado y que en ese camino la misma le sea adversa al interés de la defensa no amerita en modo alguno al desplazamiento del titular” de la causa “ya que existen mecanismos procesales para procurar la revisión de las decisiones judiciales”.
Este revés judicial para los dirigentes gremiales llega después de conocerse el achique presupuestario dispuesto para la empresa pública por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Los acusados se llamaron a silencio el día que fueron citados a declaración indagatoria y redoblaron la apuesta procesal: presentaron un hábeas corpus para evitar ser detenidos, pidieron su sobreseimiento y recusaron al fiscal, pero esta última medida fue rechazada.
Ambos dirigentes están acusados de “coacción agravada por la calidad de miembros de los poderes públicos del sujeto pasivo en grado de tentativa, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad en concurso real” pidieron que el fiscal se aparte de la investigación.
También solicitaron el cierre de la causa y su sobreseimiento por entender que la toma de la cartera provincial de Economía fue pacífica y debe enmarcarse dentro del derecho a petición y protesta de trabajadores ante el Estado.
En el dictamen de procesamiento el fiscal Romero dejó en claro que no es un ataque al derecho de protesta. También diferenció a los trabajadores de los líderes gremiales. “No es posible equiparar la acción y responsabilidad de los líderes sindicales con los trabajadores que representan”, aclaró Romero para detallar: “El mandato conferido se traduce en atribuciones y éstas deben interpretarse como responsabilidades, nunca como derechos de estirpe e inmunidad frente a las bases”.
Para el investigador “cuanto mayor es la función, mayor tiene que ser la responsabilidad”.
La toma comenzó en la media mañana del 18 de septiembre último y finalizó en las primeras horas del día siguiente con la firma de un acta acuerdo. Según denunciaron funcionarios del gobierno bonaerense, los manifestantes produjeron daños en el edificio. Sobre ese punto el fiscal Romero no pidió procesamiento ya que valoró el planteo de los dirigentes gremiales y trabajadores que se ofrecieron a reparar a costo cero para el Estado las roturas en el edificio del ministerio de Economía, una de las construcciones históricas de La Plata.
Para dictar los procesamientos el fiscal también valoró el testimonio del ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien confirmó que uno de sus interlocutores durante el conflicto fue el sindicalista Banegas.
En otro pasaje del expediente al que accedió este medio se desprende que, según el titular de la investigación, “quienes criminalizaron la protesta y desde el vamos, fueron los imputados” quienes se aprovecharon “de la desesperación genuina de sus representados”, ante la posibilidad de perder sus fuentes laborales “urdiendo y promoviendo una acción delictiva, escondiéndose en la máxima en la que han caído al olvido hechos similares”.
Luego de ensayar una serie de argumentos jurídicos, recordó el episodio en el que el intendente de Ensenada Mario Secco irrumpió en la Legislatura bonaerense para denunciar una represión. Esa intrusión judicializada aún no fue resuelta. La causa la comenzó a investigar el mismo Romero, pero cuando estaba a punto de requerir la detención del alcalde kirchnerista, fue corrido del expediente que quedó en manos de la fiscal Ana Medina.
“Pareciera que la ilegalidad creara precedentes y que la comisión de delitos se erigieran con casos testigos para planear y justificar acciones delictivas posteriores”, asestó el fiscal, para redoblar la apuesta: “Que el Señor Intendente de Ensenada, Mario Secco, haya interrumpido meses atrás en uno de los recintos legislativos de la Provincia, proferido amenazas e interrumpido la sesión y como única respuesta de las instituciones del Estado haya recibido un ‘chas-chas en la cola y a la cama sin comer el postre’, no implica que se soslaye –en este caso- la gravedad institucional inusitada y que los poderes públicos miren absortos y en primera fila sus alternancias”.
Una lectura posible es que buscará, pruebas mediante, el castigo para de Isasi y Banegas. Ante esto la defensa presentó el hábeas corpus para evitar la detención de los dirigentes encausados.
