La Legislatura de Mendoza -la provincia gobernada por el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo- aprobó el nuevo Código Contravencional y elevó las multas para los padres y alumnos que agredan a los docentes, los cuidacoches, los piqueteros y las personas que consuman alcohol en la vía pública.
Con la nueva norma, ofender en forma personal a un funcionario público, a maestros y a personal de la salud tendrá una multa de hasta $14.500 o arrestos por 15 a 30 días. Para los alumnos que insultan a un docente, la pena llega a $9.500.
Además, serán castigados como contravenciones la inasistencia de alumnos menores de edad a establecimientos educativos de manera reiterada e injustificada. En este caso, la multa para los padres será de $5.700.
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Si un menor de edad es detectado en un boliche para mayores la multa para los padres puede ser de $19.000. Beber alcohol en un lugar público o en un vehículo en movimiento o estacionado: desde $1.950 hasta $4.750.
También se castigará a las personas que durante una protesta interrumpan el tránsito. “Serán penalizadas las movilizaciones sin dar aviso a la autoridad”, dice el Código Contravencional.
Los gremios docentes cuestionaron la ley impulsada por el gobierno de Cornejo al asegurar que “cercena libertades democráticas” y analizan presentar un pedido de inconstitucionalidad de la norma.
“Es una ley que cercena libertades democráticas, como la libertad de protesta. No podemos ni convocar en redes sociales a hacer una manifestación”, manifestó el titular del Sindicato Unido Trabajadores de la Educación (SUTE), Sebastián Henríquez.
Insultar a médicos, enfermeros, personal de ambulancia o agentes sanitarios puede ser sancionado con $7.600 o elevarse hasta los $11.400. En caso de no poder pagar, se podría arrestar a la persona con un arresto de 8 a 12 días.
El código de convivencia será regulado por los Juzgados de Paz y las denuncias podrán hacerse por Internet a la web del Poder Judicial de Mendoza, por teléfono a las comisarías o en las sedes de los juzgados.
Por su parte, los organismos de derechos humanos calificaron de “autoritaria” a la ley porque “condena al pobre que tendrá dificultad para pagar una multa y terminaría arrestado para cumplir con su penalidad”.
Los vendedores estables o ambulantes que hagan ruidos estruendosos ofreciendo sus mercaderías también tendrán una pena prevista: multa o arresto de 2 a 10 días.
Los trapitos o cuidacoches que no tengan habilitación municipal deberán pagar una multa o serán encarcelados hasta 10 días. Por limpiar vidrios en un semáforo la multa asciende a $2.850.