La judicialización del conflicto de Télam iniciado por el despido de 357 trabajadores en junio pasado rompió los márgenes del Sistema Federal de Contenidos y Medios Públicos y amenaza con avivar la interna entre el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, y el flamante ministro de Producción, Dante Sica.
La razón es que el juzgado laboral 22, a cargo del juez Ricardo Tatarsky, comenzó a aplicar un multa diaria a la Secretaría de Trabajo por no responder los oficios judiciales. La medida, que alcanza los 35.000 pesos diarios, surge como represalia por la dilación por parte de Triaca y, sobre todo, de su segundo, Horacio Pitrau, en responder el pedido de información sobre el Plan Preventivo de Crisis que el magistrado ordenó que abrieran.
La apertura de un PPC pone en la cuerda floja a Rodolfo Pousá y Ricardo Carpena, los integrantes del directorio que desarrollaron la fallida estrategia que mantiene paralizada a la agencia nacional de noticias desde hace más de 100 días y quienes en los últimos días ordenaron poner al aire un servicio de noticias amateur.
En julio, Tatarsky habilitó una medida cautelar presentada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires en la que consideró ilegales los despidos ordenados por el directorio del medio público, ya que el volumen de las desafectaciones (más del 40% de la planta laboral) superaba por mucho el tope del 10% fijada por la Ley Nacional de Empleo. La medida del juez fue ratificada por la Cámara, donde el abogado de Télam, Juan José Etala, intentó voltear el fallo a través de la recusación de los tres camaristas que integran la Sala V.
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Con esa jugada, considerada por uno de los jueces afectados un típico caso de forum shopping, desplazaron a dos de los tres jueces de la sala. Etala no consiguió, no obstante, el objetivo de que se conforme una sala alineada con la empresa. En ese escenario, el juez espera la respuesta de Triaca para habilitar nuevas cautelares que devolverían a un centenar y medio de trabajadores a sus puestos.
Hace dos semanas, los periodistas despedidos informaron de primera mano a Sica sobre la situación y tuvieron el compromiso del ministro de intervenir en el tema. Sica bajó la orden de agilizar las gestiones para cumplir con los requerimientos de la justicia, órdenes que hasta el momento no fueron cumplidas por Triaca y Pitrau.
No son los únicos casos. Con el argumento de estar readecuando los trámites administrativos a su nuevo rol de Secretaría, Triaca viene dilatando todo tipo de decisiones y dictámenes de la cartera y se acumulan conflictos irresueltos. Desde el entorno de Sica, en cambio, ven la dilación como estrategia de rechazo a su degradación.
En las últimas horas, el SiPreBA anunció que también llevará el conflicto al fuero penal. "Vamos a avanzar en la denuncia penal contra Triaca por el delito de desobediencia judicial", anticiparon desde el gremio de prensa, que se movilizará a la Secretaría que dirige Triaca para el cumplimiento del fallo.