“No hay posibilidad de enmarcar los hechos acontecidos en el concepto de manifestación y protesta pacífica”. Con esa conclusión el fiscal Marcelo Romero procesó a dos dirigentes gremiales por la toma del ministerio de Economía bonaerense protagonizado por trabajadores de Astillero Río Santiago, el 18 de septiembre pasado.
“Coacción agravada por la calidad de miembros de los poderes públicos del sujeto pasivo en grado de tentativa, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad en concurso real”, de todos esos delitos deberán defenderse los sindicalistas de ATE Oscar de Isasi y Francisco Banegas.
En fiscal diferenció a los trabajadores de los líderes gremiales. “No es posible equiparar la acción y responsabilidad de los líderes sindicales con los trabajadores que representan”, aclaró Romero para detallar: “El mandato conferido se traduce en atribuciones y éstas deben interpretarse como responsabilidades, nunca como derechos de estirpe e inmunidad frente a las bases”.
Para el investigador “cuanto mayor es la función, mayor tiene que ser la responsabilidad”.
La toma comenzó el 18 de septiembre pasado y finalizó en las primeras horas del día siguiente con la firma de un acta acuerdo. Según denunciaron funcionarios del gobierno bonaerense, los manifestantes produjeron daños en el edificio. Sobre ese punto el fiscal Romero no pidió procesamiento ya que valoró el planteo de los dirigentes gremiales y trabajadores que se ofrecieron a reparar a costo cero para el Estado las roturas en el edificio del ministerio de Economía, una de las construcciones históricas de La Plata, ubicado en calle 8 entre 45 y 46.
Para dictar los procesamientos el fiscal también valoró el testimonio del ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien confirmó que uno de sus interlocutores durante el conflicto fue el sindicalista Banegas.
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En el documento judicial, el magistrado expresó que en los 37 años del ejercicio de la Ciudadanía y los 20 años de función en la magistratura “permiten que vislumbre, sin sorpresa y con pesar, los repetidos y trillados contra-argumentos y los intentos de capitalizar políticamente esta imputación”. En ese sentido enumeró: “La primera reacción será, entonces, denuncia la ‘criminalización de la protesta’. La segunda, erigir en ‘mártires perseguidos’ a los imputados. La tercera, horadar la independencia del Ministerio Público Fiscal y la Administración de Justicia reduciéndolas a la jerarquía de ‘mandaderos’ al servicio del gobierno de turno. La cuarta, especular con alguna posible futura candidatura política del suscripto o ansias de figuración en los medios masivos de comunicación. Entre otras…”.
Para Romero debe quedar “claro” que “no se trata de desconocer el derecho de reunión, petición y protesta, asegurado por la normativa supraconstitucional y constitucional en vigencia. Simplemente, es hora de impedir que bajo su manto sagrado se continúen legitimando acciones criminales de distinta gravedad que bastardea el concepto, la finalidad y las prerrogativas de esos Derechos que el Constituyente ha depositado en todos los habitantes de esta nación, aprovechando la necesidad y las pasiones de los más vulnerables en cuya coyuntura el decisorio es limitado, y donde más cautela u detenimiento debe tener el Representante Político de la Organización, en tanto líder de masas”.
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Luego de ensayar una serie de argumentos jurídicos, recordó el episodio en el que el intendente de Ensenada Mario Secco irrumpió en la Legislatura bonaerense para denunciar una represión. Esa irrupción fue judicializada, pero aun no fue resuelta. La causa la comenzó a investigar el mismo Romero, pero cuando estaba a punto de requerir la detención del alcalde kirchnerista, fue corrido del expediente que quedó en manos de la fiscal Ana Medina.
“Pareciera que la ilegalidad creara precedentes y que la comisión de delitos se erigieran con casos testigos para planear y justificar acciones delictivas posteriores”, asestó el fiscal, para redoblar la apuesta: “Que el Señor Intendente de Ensenada, Mario Secco, haya interrumpido meses atrás en uno de los recintos legislativos de la Provincia, proferido amenazas e interrumpido la sesión y como única respuesta de las instituciones del Estado haya recibido un ‘chas-chas en la cola y a la cama sin comer el postre’, no implica que se soslaye –en este caso- la gravedad institucional inusitada y que los poderes públicos miren absortos y en primera fila sus alternancias”. Una lectura posible es que buscará, pruebas mediante, el castigo para de Isasi y Banegas.
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En otro pasaje de la medulosa resolución a la que accedió Letra P se desprende que, según el titular de la investigación, “quienes criminalizaron la protesta y desde el vamos, fueron los imputados” quienes se aprovecharon “de la desesperación genuina de sus representados”, ante la posibilidad de perder sus fuentes laborales “urdiendo y promoviendo una acción delictiva, escondiéndose en la máxima en la que han caído al olvido hechos similares”.