Gobierno vs Astillero

Declaran los sindicalistas procesados por la toma del ministerio de Economía

Los dirigentes bonaerenses de ATE Oscar de Isasi y Francisco Banegas fueron citados a declaración indagatoria por tres delitos. Los investiga un fiscal que estuvo a punto de detener a un Intendente.

Los sindicalistas de ATE Oscar de Isasi y Francisco Banegas se presentarán a declarar el próximo martes ante el fiscal Marcelo Romero y podrían quedar formalmente procesados por los delitos de “coacción agravada por la calidad de miembros de los poderes públicos del sujeto pasivo en grado de tentativa, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad en concurso real”. La causa penal es por la toma del ministerio de Economía que protagonizaron trabajadores del Astillero Río Santiago el pasado 18 de septiembre.

 

En el dictamen de procesamiento el fiscal dejó en claro que no es un ataque al derecho de protesta. También diferenció a los trabajadores de los líderes gremiales. “No es posible equiparar la acción y responsabilidad de los líderes sindicales con los trabajadores que representan”, aclaró Romero para detallar: “El mandato conferido se traduce en atribuciones y éstas deben interpretarse como responsabilidades, nunca como derechos de estirpe e inmunidad frente a las bases”.

 

Para el investigador “cuanto mayor es la función, mayor tiene que ser la responsabilidad”.

 

 

La toma finalizó en las primeras horas del 19 de septiembre con la firma de un acta acuerdo. Según denunciaron funcionarios del gobierno bonaerense, los manifestantes produjeron daños en el edificio. Sobre ese punto el fiscal Romero no pidió procesamiento ya que valoró el planteo de los dirigentes gremiales y trabajadores que se ofrecieron a reparar a costo cero para el Estado las roturas en el edificio del ministerio de Economía, una de las construcciones históricas de La Plata, ubicado en el centro platense, en la calle 8 entre 45 y 46.

 

Para dictar los procesamientos el fiscal también valoró el testimonio del ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien confirmó que uno de sus interlocutores durante el conflicto fue el sindicalista Banegas.

 

En otro pasaje de la resolución a la que accedió Letra P se desprende que, según el titular de la investigación, “quienes criminalizaron la protesta y desde el vamos, fueron los imputados” quienes se aprovecharon “de la desesperación genuina de sus representados”, ante la posibilidad de perder sus fuentes laborales “urdiendo y promoviendo una acción delictiva, escondiéndose en la máxima en la que han caído al olvido hechos similares”.

 

 

 

Luego de ensayar una serie de argumentos jurídicos, recordó el episodio en el que el intendente de Ensenada Mario Secco irrumpió en la Legislatura bonaerense para denunciar una represión. Esa irrupción fue judicializada, pero aun no fue resuelta. La causa la comenzó a investigar el mismo Romero, pero cuando estaba a punto de requerir la detención del alcalde kirchnerista, fue corrido del expediente que quedó en manos de la fiscal Ana Medina.

 

“Pareciera que la ilegalidad creara precedentes y que la comisión de delitos se erigieran con casos testigos para planear y justificar acciones delictivas posteriores”, asestó el fiscal, para redoblar la apuesta: “Que el Señor Intendente de Ensenada, Mario Secco, haya interrumpido meses atrás en uno de los recintos legislativos de la Provincia, proferido amenazas e interrumpido la sesión y como única respuesta de las instituciones del Estado haya recibido un ‘chas-chas en la cola y a la cama sin comer el postre’, no implica que se soslaye –en este caso- la gravedad institucional inusitada y que los poderes públicos miren absortos y en primera fila sus alternancias”. Una lectura posible es que buscará, pruebas mediante, el castigo para de Isasi y Banegas.

 

 

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