Un nuevo frente de pelea judicial asoma en el horizonte del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y del ex jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández. Además se anotan varios ex funcionarios provinciales. Sobre todos ellos pende una investigación penal ordenada por el juez Juan José Ruiz, quien condenó a los hermanos Martín y Christian Lanatta, ambos junto a Víctor Schillaci, protagonizaron la triple fuga del penal de máxima seguridad de General Alvear, en diciembre de 2015, durante el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal, lo que marcó la primera de las turbulencias de la gestión Cambiemos.
En la fundamentación de la sentencia, el juez Ruiz, consideró que “la fuga no pudo haberse concretado sin la colaboración de las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y del poder político”. En ese camino ordenó que abra un expediente para investigar al ex ministro de Justicia Ricardo Casal, al ex secretario de Política Criminal César Albarracín, a la ex titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Florencia Piermarini, al ex titular del Registro Nacional de Armas (RENA) Andrés Meiszner. La lista también incluye a ex jefes del SPB ya jubilados que formaron parte de la gestión de Piermarini.
Todo este bloque de ex funcionarios será investigado, en principio, por el fiscal Hugo Tesón, a cargo de la Unidad Funcional de Investigación 8 de La Plata, con el control del juez de Garantías, Pablo Raele, el mismo magistrado que dictó el sobreseimiento de Scioli en la causa por presunto enriquecimiento ilegal, resolución que no fue apelada por el fiscal Jorge Paolini, ni por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo.
Muchos de los mencionados ya son investigados en distintos expedientes diseminados en diversos departamentos judiciales bonaerenses.
Las figuras de Scioli y Fernández como nuevos sospechosos en el expediente se explican en la versión que dieron los condenados por la triple fuga. Sostienen que son víctimas del ex candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria. Lo señalan como uno de los mayores traficantes de efedrina del país. En tanto, el ex motonauta ingresó a la lista de acusados por ser el jefe político de Casal, Albarracín y Piermarini.
También fue valorado como un indicio de verdad a la versión de los evadidos la cámara oculta que filmaron en la cárcel. El sábado 22 de agosto de 2015, fueron visitados por el abogado Antonio Solivaret. Se sospecha que el letrado fue enviado por Aníbal Fernández para que Martín Lanatta se retractara de sus dichos en el reportaje que concedió dentro de la cárcel al periodista Jorge Lanata. La entrevista fue emitida en plena campaña presidencial de 2015. En ella, el acusado Lanatta sostuvo que Fernández, entonces candidato a gobernador bonaerense, era el jefe de un cartel de traficantes de efedrina y que fue el autor ideológico del secuestro y homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
Lanatta subrayó, en su declaración del día 13 de agosto último, durante el juicio, que tras la entrevista televisa fue aislado en una celda de castigo y comenzó a recibir mensajes extraños por parte de las autoridades penitenciarias del complejo de General Alvear. También, que los tres acusados fueron “engañados por el defensor oficial Mario Coriolano, (que) nos dejó la sentencia firme (del triple crimen) en tiempo récord”. “Con el transcurso de la prueba se va a poder ver la cadena de responsabilidades (políticas)”, consideró y aclaró que varios penitenciarios le recomendaron que se callara. “‘Scioli no quiere saber nada que hables hasta después de las elecciones’, me decían”, relató.
En otro pasaje de la declaración, aseveró que el abogado Solivaret (presunta persona de confianza de Aníbal Fernández) le ofreció “dos millones de dólares” para que se retractara y limpiara la imagen del ex intendente de Quilmes. En uno de los misteriosos pasajes de su relato, aseveró que la investigación por el tráfico de efedrina dará “un vuelco inesperado en poco tiempo”, pero no aportó mayores detalles más allá del anuncio.
Los acusados expresaron que parte del plan de fuga era escapar a un país vecino en un helicóptero que nunca llegó. “Los evadidos fueron traicionados”, consideró el magistrado al analizar la prueba producida en el debate.
Otro de los funcionarios a investigar es el mencionado Coriolano, denunciado por los hermanos Lanatta de haberlos engañados con la firma de un papel en blanco que, según expresaron, resultó ser el desistimiento de apelación a la condena a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. Esta denuncia será analizada en sede judicial y por el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand.
A este panorama, Scioli deberá sumar el pronto pedido de juicio oral que tendrá la causa que investiga el fiscal Álvaro Garganta, por impulso de la denuncia presentada por la líder de Cambiemos, Elisa Carrió. En ese expediente se escrutan posibles actos de corrupción y enriquecimiento en varias áreas del gobierno bonaerense como IOMA, Jefatura de Gabinete y ABSA, entre otros espacios. Tal como anticipó Letra P, ya se dictó el cierre de sumario en la investigación, medida confirmada por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo.
