Una condena a siete años y medio de prisión recayó sobre los hermanos Martín y Christian Lanatta y Víctor Schillaci por haberse fugado del penal bonaerense de General Alvear el 27 de diciembre de 2015. Al leerse el fallo condenatorio, se indicó que "la fuga no pudo haberse concretado sin la colaboración de las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense".
Pero la pena impuesta quedó relegada por otro apartado de la resolución en la que el juez ordenó investigar al ex gobernador Daniel Scioli, al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y a otros ex funcionarios bonaerenses como posibles ideólogos de la evasión.
La fuga ocurrió en la madrugada del 27 de diciembre de 2015. Con apenas 17 días en la gestión Cambiemos, los condenados a perpetua por el triple crimen de la efedrina ejecutado en 2008 en General Rodríguez se escaparon de prisión. Según los fundamentos de la resolución, a la que accedió Letra P, no pudo haberse producido “sin la colaboración de las más altas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y del poder político”.
En esa línea, el juez Juan José Ruiz ordenó que se inicie una investigación para mesurar la conducta de Scioli y Fernández junto al ex ministro de Justicia Ricardo Casal, el ex secretario de Política Criminal César Albarracín, la ex titular del Servicio Penitenciario provincial Florencia Piermarini, el ex titular del Registro Nacional de Armas (Renar) Andrés Meiszner y el actual defensor general ante Casación bonaerense, Mario Coriolano. La medida también alcanza a los ex jefes penitenciarios Claudio Cardo, Marcelo Rotger y Rodolfo Cardoso, junto a responsables del penal de General Alvear: Mario Bolo, César Luis Tolosa, Jorge Ariel Elicheheribetti y Manuel Guebara.
Muchos de los mencionados ya están siendo investigados en distintos expedientes desparramados por varios departamentos judiciales. No se descarta que todas las causas tramiten en la Unidad Funciona 7 de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, donde se investigó la fuga en el territorio bonaerense.
Albarracín es investigado en Bahía Blanca y Permarini pugna para ser indagada en el mismo expediente junto a su ex compañero laboral. Ambos se niegan a que la causa quede radicada en La Plata, donde también la fiscal Bravo investiga a otros penitenciarios por la fuga.
Si bien la fuga fue en General Alvear, la causa quedó radicada en La Plata porque en ese Departamento Judicial los evadidos cometieron el delito más grave, la tentativa de homicidio a los policías que intentaron frenarlos para un control de tránsito sin saber que, dentro del vehículo, viajaban las tres personas más buscadas del país y por el poder político.
Los policías Lucrecia Yudati y Fernando Pengsawath resultaron gravemente heridos tras un feroz tiroteo. Ese tramo de la fuga se juzgará a futuro mediante el sistema de juicios por jurados en La Plata.
Las figuras de Scioli y Fernández como nuevos sospechosos en el expediente se explican en la versión que dieron los acusados. Sostienen que son víctimas del ex candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria. Lo señalan como uno de los mayores traficantes de efedrina del país. En tanto, el ex motonauta ingresó a la lista de acusados por ser el jefe político de Casal, Albarracín y Piermarini.
El juez dio crédito casi total a las declaraciones de los tres condenados. Concluyó que, el día de la fuga, la guardia penitenciaria fue digitada para facilitar la evasión. Consideró a los agentes como “los sacrificables” que fueron colocados “estratégicamente como en un tablero de ajedrez” para facilitar la evasión. Subrayó todas las irregularidades que se cometieron para facilitar la evasión (quita de las cámaras de seguridad, entrega de uniformes penitenciarios, puertas mal cerradas) junto a guardias inexpertos -uno de ellos, incluso, no usaba armas de fuego por conciencia religiosa.
En un pasaje de su resolución, el juez solicitó al Servicio Penitenciario que revise las exoneraciones que sufrieron los guardias, a quienes consideró “víctimas de la corrupción”.
También fue valorado como un indicio de verdad a la versión de los evadidos la cámara oculta que filmaron en la cárcel. El sábado 22 de agosto de 2015, fueron visitados por el abogado Antonio Solivaret. Se sospecha que el letrado fue enviado por Aníbal Fernández para que Martín Lanatta se retractara de sus dichos en el reportaje que concedió dentro de la cárcel al periodista Jorge Lanata. La entrevista fue emitida en plena campaña presidencial de 2015. En ella, el acusado Lanatta sostuvo que Fernández, entonces candidato a gobernador bonaerense, era el jefe de un cartel de traficantes de efedrina y que fue el autor ideológico del secuestro y homicidio de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35).
Lanatta subrayó, en su declaración del día 13 de agosto último, durante el juicio, que tras la entrevista televisa fue aislado en una celda de castigo y comenzó a recibir mensajes extraños por parte de las autoridades penitenciarias del complejo de General Alvear. También, que los tres acusados fueron “engañados por el defensor oficial Mario Coriolano, (que) nos dejó la sentencia firme (del triple crimen) en tiempo récord”. “Con el transcurso de la prueba se va a poder ver la cadena de responsabilidades (políticas)”, consideró el procesado y aclaró que varios penitenciarios le recomendaron que se callara. “‘Scioli no quiere saber nada que hables hasta después de las elecciones’, me decían”, relató.
En otro pasaje de la declaración, aseveró que el abogado Solivaret (presunta persona de confianza de Aníbal Fernández) le ofreció “dos millones de dólares” para que se retractara y limpiara la imagen del ex intendente de Quilmes. En uno de los misteriosos pasajes de su relato, aseveró que la investigación por el tráfico de efedrina dará “un vuelco inesperado en poco tiempo”, pero no aportó mayores detalles más allá del anuncio.
Sobre el final de su relato, dijo: "Nunca tuvimos intenciones de fugarnos”. Y describió los días de prófugo como “una carrera contra la muerte”.
Los acusados expresaron que parte del plan de fuga era escapar a un país vecino en un helicóptero que nunca llegó. “Los evadidos fueron traicionados”, consideró el magistrado al analizar la prueba producida en el debate.
En su alegato, la fiscal Silvina Langone había pedido 14 años de prisión para los tres acusados. Como la pena dictada supera la mitad de lo que había solicitado, no tiene motivos (técnicamente “agravio”) para recurrir a Casación, con lo que prestó conformidad de la pena impuesta
La defensa había solicitado la absolución en base a un “estado de necesidad justificante”, es decir que los fugados no tenían otra opción para salvar sus vidas. Pero el juez no compartió ese criterio.
“Fugarse no era la única forma de preservar sus vidas; tuvieron meses para pensar la fuga y tiempo hasta para hacer un arma”, aclaró el magistrado, quien tiene un pedido de juicio político pendiente de resolución.
“Tengo que juzgar a gente de suma inteligencia, que logró ingresar una cámara ocultar a un penal de máxima seguridad”, fue otro de los argumentos desarrollados para no hacer lugar al pedido de la defensa.