La ola de despidos de empleados públicos que se repite por tercer año consecutivo dentro del Estado desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada se cobró un área estratégica dentro del Ministerio de Defensa, en el marco de 70 cesantías.
Elsector tiene que ver con una decena de investigadores, repartidos en tres equipos, que se encargaban de analizar la documentación administrativa e interna de las tres fuerzas armadas durante la última dictadura militar. El dispositivo de investigadores fue creado en 2010 mediante el decreto 4/10 como “Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las FFAA”, dependiente de la Dirección Nacional de DDHH y Derecho Internacional Humanitario.
Según el discurso oficial de la cartera que conduce Oscar Aguad, el sector no fue anulado, pero los trabajadores consultados por Letra P confirmaron que las áreas están vacías, porque sus integrantes fueron despedidos y los equipos, directamente diezmados.
“El decreto 4/10 relevó del secreto a toda la información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y en muchas dependencias del Estado comenzamos a buscar documentación que aportara datos concretos sobre las fuerzas. Los equipos de análisis tenían por objetivo relevar información administrativa, órdenes del día, libros históricos, pero todos estos materiales contienen mucha información que, si uno la sabe interpretar, puede reconstruir las cadenas de mando y los integrantes de las distintas unidades militares y ver el rol de determinado personal por haber cumplido determinado cargo, además de qué jurisdicción tenía para reprimir”, explicó uno de los investigadores cesanteados.
“Todo eso es muy relevante para analizar la situación represiva, porque el objetivo de estos equipos era relevar la información y traducir ese lenguaje militar y elevarlo al Poder Judicial como prueba documental”, explicó la fuente en referencia a la tarea desarrollada por los tres equipos, repartidos a razón de uno por fuerza, que tenían el objetivo de conservar la documentación y el archivo y analizar esa estructura. Lo mismo sucedió con los equipos que desmantelaron en el Ministerio de Seguridad en 2015.
Entre las funciones de los despedidos, una tarea central tenía que ver con producir informes y participar de inspecciones oculares o participar como testigos expertos en los juicios por lesa humanidad. “Nada de eso va a continuar, porque en el equipo encargado del Ejército despidieron a tres, queda una que es delegada y queda solo la coordinadora. Entonces, tampoco podemos hacer ese trabajo, ni siquiera llegar a un juzgado, porque no tenemos con quienes”, explicó otro de los trabajadores cesanteados.
Las consecuencias de los despidos en ese sector estratégico es que un gran fárrago de documentación que forma parte del acervo histórico de las Fuerzas Armadas no saldrá a la luz “ni podrá ser utilizado como una prueba que respalde los testimonios de los sobrevivientes de la última dictadura. Es muy difícil reconstruir la operatoria represiva. En Argentina, la suerte que hemos tenido se dio gracias a la predisposición de muchos sobrevivientes que se animaron a declarar, pero es muy difícil que esas personas se acuerden del nombre de su torturador o de los oficiales que estaban en el Centro Clandestino de Detención donde los tuvieron secuestrados”, se lamentó la fuente.
Una muestra de los resultados aportados por los investigadores ante la Justicia se puede advertir en los dos tramos de la mega causa ESMA: “Toda la información que salió de los archivos de la Armada fue fundamental para conocer la estructura represiva, pero ahora ya no podremos seguir aportando documentación ni encontrar más”, detalló otro de los cesanteados.
Los detalles y el alcance judicial de los despidos realizados en la cartera de Defensa serán ofrecidos este miércoles, en una conferencia de prensa que darán los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado.