La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará las violaciones a los derechos laborales en Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri. Será en una audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en Montevideo, Uruguay, a partir de una presentación impulsada por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), acompañados por las dos CTA y diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos.
El planteo fue presentado ante la CIDH en el marco de la embestida de Macri contra “la mafia de los juicios laborales”, en actos oficiales y también ante medios de comunicación, donde el Presidente responsabilizó a abogados de ese fuero por el cierre de pymes y los despidos. Incluso apuntó con nombre y apellido al actual jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde.
Al solicitar la audiencia, la AAL argumentó que esos “ataques” estuvieron destinados a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos, y a quebrantar la independencia del Poder Judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo”. A su vez, la asociación enfatizó que esos dichos del Presidente “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.
Las denuncias abarcan, por ejemplo, los pedidos de juicio político de cinco jueces laborales por el contenido de sus sentencias, las intervenciones a los sindicatos -como sucedió con el de canillitas- y la “criminalización de la acción colectiva”.
Entre otras entidades que acompañaron la presentación ante la CIDH se encuentran la Federación Judicial Argentina, ATE, Aceiteros, Sipreba, Actores, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas, la APDH y CEPRODH.
