¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO?

Las claves y los protagonistas en la recusación al juez del caso Maldonado

La Cámara Federal deberá resolver antes del lunes si Otranto, cuestionado por el CELS y la familia, sigue o deja la causa. La mirada de los mapuches y el rol central de un poderoso camarista.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia deberá resolver antes del lunes si el juez federal de Esquel, Guido Otranto, sigue el frente de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado o si el expediente pasa de manos. En caso de que los camaristas Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman atiendan el pedido de la familia Maldonado, de la comunidad mapuche instalada en la Pu Lof Resistencia Cushamen y del CELS de correr a Otranto, la causa viajará directamente al juzgado federal N°2 de Rawson, que ocupa el juez federal Guillermo Lleral.

 

Ese es el entramado de nombres y tensiones que sobrevuelan el doble pedido de recusación por “pérdida de imparcialidad”, según la familia, y por “prejuzgamiento y enemistad manifiesta”, según el CELS. La Cámara Federal escuchará este jueves a estos dos querellantes, antes de que empiecen a correr las 48 horas –ordenatorias, no perentorias- que tiene para definir el destino de la causa.

 

“En caso de que Otranto sea recusado, la causa pasará a los jueces de Rawson”, explicó Leal de Ibarra a Letra P. Rawson tiene hoy dos juzgados federales, pero sólo uno tiene competencia penal, el de Lleral. También adelantó que la intención de la Cámara es resolver de una sola vez las dos recusaciones, pero que para eso necesitaban que Otranto responda el pedido del CELS antes de la audiencia prevista con la familia, para este jueves a las 10.30. El juez a cargo de la búsqueda de Maldonado, instantes después de esta comunicación, rechazó también la presentación del CELS.

 

La recusación de Otranto fue una decisión límite que tomaron los querellantes. El juez tenía buena consideración no sólo en organismos de derechos humanos sino entre los propios mapuches. Quienes trabajan causas relacionadas con derechos humanos en Esquel plantean esta disyuntiva. Otranto era considerado – hasta el caso Maldonado – como un magistrado comprometido con el tema. Pero varios de los aspectos en torno a su investigación dejaron caer sobre sus propios antecedentes un manto de interrogantes y cuestionamientos.

 

Otranto encabezó el lunes un violento allanamiento en territorio mapuche, que incluyó dejar maniatados durante horas a varios de los miembros de la comunidad que vivían en la zona. También fue señalado por el CELS y la familia por defender públicamente la hipótesis que mejor le calza a la Gendarmería y que anularía la carátula de desaparición forzada. "La hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó", dijo en una extensa entrevista con La Nación. Ante el cuestionamiento de la familia, Otranto rechazó la recusación planteando que no se puede "entender como un adelanto de opinión la afirmación de que la hipótesis más razonable es que Santiago Maldonado se ha ahogado en el río Chubut".

 

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, también planteó dudas en cuanto a la relación del juez con la fuerza de seguridad investigada: "Claramente está jugando a favor de Gendarmería, desde el primer día trató de protegerla". Esta idea cobra fuerza cuando se buscan explicaciones a la cobertura que Otranto mantiene sobre Pablo Noceti, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y mano derecha de la ministra, Patricia Bullrich. Noceti no sólo venía manteniendo frecuentes reuniones con las fuerzas federales, bajando instrucciones de aumentar la presión sobre las comunidades mapuches y contra los cortes de ruta, sino que estuvo en Esquel, y en la zona donde se ejecutó la represión tras la cual desapareció Santiago, instantes después del operativo. Otranto ni lo llamó a declarar ni aceptó, siquiera, revisar el listado de llamadas entrantes y salientes del celular del funcionario ese 1 de agosto. Los que siguen de cerca la investigación dan por hecho que, si lo hiciera, Otranto sacaría a la luz algo que busca dejar a la sombra: sus propios llamados con Noceti el último día que se vio con vida a Santiago Maldonado.

 

DE AQUÍ, PARA ALLÁ. En 2014, a un año de haber sido nombrado al frente del juzgado, Otranto procesó a tres personas en el marco de una investigación por la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en cabarets y whiskerías. En Esquel dicen que prácticamente “desarticuló los prostíbulos”.

 

En febrero de este año, Otranto procesó sin prisión preventiva a un espía, tres fiscales y dos policías por realizar espionaje ilegal sobre la población mapuche y unos 30 activistas del Movimiento No A la Mina de la ciudad. La denuncia había sido impulsada por la fiscal federal Silvina Ávila, ahora a cargo del expediente por la desaparición de Santiago. La secretaria de la fiscalía es Rafaella Riccono, esposa de Otranto.  

 

En el expediente, Otranto consideró probado que, durante 2016, un espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue enviado a Esquel para hacer tareas de espionaje interior sobre las comunidades mapuches y los movimientos sociales que rechazan la explotación minera y protagonizan duros conflictos con la multinacional Benetton, por ocupación de tierras ancestrales. El espía “llegó a la región el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque”, dijo el juez. 

 

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, la misma que deberá resolver su recusación, confirmó el procesamiento sobre el agente de inteligencia. Resta saber qué definirán sobre el comisario Adrián Alejandro Muñoz, el oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez de la policía chubutense, el fiscal general de la circunscripción de Esquel del poder judicial provincial Fernando Luis Rivarola y su colega, la fiscal jefe María Bottini, todos procesados por Otranto.

 

En lo relacionado con la comunidad de la Pu Lof Resistencia Cushamen, Otranto intervino en el conflicto por La Trochita, que dio lugar a una causa por entorpecimiento de servicios públicos.  El origen del problema fue la decisión de los integrantes de la comunidad mapuche de bloquear las vías del tren, que pasa por esas tierras.

 

Otranto decidió armar una mesa de diálogo entre la comunidad, las autoridades de la Corporación de Fomento (CORFO), los directivos de la empresa Viejo Expreso Patagónico La Trochita, abogados, veedores y la fiscal federal Ávila. Los habitantes de la Lof pedían que les avisaran cuando fuera a pasar el tren, “para generar el antecedente de que reconocieran que estaban pasando por territorio mapuche”. La primera mesa se hizo en el penal de Esquel, el 26 de agosto de 2016, donde estaba detenido el lonko Facundo Jones Huala, líder de la comunidad. 

 

Con Jones Huala ya en libertad, en septiembre hubo una segunda mesa de diálogo. “No llegamos a mucho acuerdo pero dijimos que, en la medida que ellos estuvieran dispuestos a avisar, nosotros les íbamos a dar paso. Ellos dijeron que lo iban a hablar con el gobernador”, relató Soraya Maicoño, vocera de la comunidad, a Letra P.  La tercera mesa –prevista para noviembre- nunca llegó porque el gobierno de Mario Das Neves decidió abandonar la negociación. “Son terroristas”, dio por cerrado el tema el gobernador.

 

“Pero antes de eso, después de la segunda mesa, en octubre hubo un almuerzo en la Lof. El juez Otranto estuvo allí, comió un guiso en el antiguo puesto de guardia con nosotros y se comprometió a avisarnos si pasaba el tren”, dice Soraya. El martes 10 de enero, el magistrado dio la orden de despejar las vías. El operativo de las fuerzas de seguridad terminó con dos heridos de gravedad y diez detenidos.

 

En paralelo, el 1 de septiembre de 2016, el juez había declarado nulo el primer juicio de extradición a Jones Huala. El magistrado consideró que el dato que permitió ubicar al lonko había sigo obtenido bajo tortura. La decisión de Otranto provocó la furia del gobernador.

 

Con esos antecedentes, el juez se mantuvo en la consideración de activistas y dirigentes de derechos humanos locales, que lo califican como “muy prudente” y “sólido”. La misma querella – basada en estas consideraciones - tuvo paciencia con el accionar del juez antes de recusarlo, ante el temor sobre cuál podría ser el destino de la misma causa en manos de otro magistrado. Pero las cosas se salieron de cauce. “Esto lo sobrepasó, está muy presionado”, dice un abogado de Esquel que lo conoce en profundidad.

 

HOMBRE CLAVE. El actor clave en la decisión sobre la recusación de Otranto es el presidente de la Cámara Federal, el juez Leal de Ibarra. Un magistrado que hizo toda su carrera en la Corte Suprema, donde llegó hasta el rango de secretario –el inmediatamente anterior al más alto, el de ministro- antes de concursar para camarista y mudarse con sus pertrechos a la fría y ventosa Comodoro Rivadavia.

 

Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

 

Leal de Ibarra es reconocido en los corrillos judiciales como un hombre muy cercano a Ricardo Lorenzetti. Confianza que el presidente de la Corte Suprema demostró cuando lo eligió como subdirector de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, “el único órgano del país autorizado –según la propia Corte- a materializar las captaciones de comunicaciones”.

 

Esta dirección, que dirige Martín Irurzun, integrante de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, es la oficina que creó Lorenzetti cuando el presidente Mauricio Macri, mediante un DNU, reformó la ley de inteligencia y la transfirió a la Corte el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom), responsable del manejo de las escuchas telefónicas. Hasta la firma del decreto 256/15, del 29 de diciembre de 2015, la ex “Ojota” había pasado de la ex SIDE al Ministerio Público Fiscal. Y Macri no quería que sea la procuradora Alejandra Gils Carbó la que tenga en su organigrama esta tarea.

 

El camarista Leal de Ibarra es, también, uno de los vicepresidentes de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe). El sello que motorizó el juez federal Ariel Lijo para agrupar, bajo un mismo paraguas, a todos los magistrados de Comodoro Py y a los que ocupan juzgados y cámaras federales de todo el país.

 

Martín Menem.
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