33 muertos en la cárcel

Masacre de Magdalena: la trama oculta de responsabilidades políticas

A 12 años de la tragedia, se inicia el juicio sólo con guardiacárceles en el banquillo. El CELS pedirá avanzar en la investigación sobre los funcionarios civiles del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La Unidad Penal 28 de Magdalena fue inaugurada el 1 de abril 1997. Se encuentras ubicada en el kilómetro 111 de la ruta 11. Allí, ocho años y medio después de su inauguración, fallecieron 33 internos, un domingo Día de la Madre, en lo que se denominó la “Masacre de Magdalena”. A pocos días de iniciarse el juicio oral a personal penitenciario, uno de los particulares damnificados de la causa apuntará a las responsabilidades de muchos funcionarios jerárquicos del Servicio Penitenciario que quedaron fuera de la lista de acusados, según se desprende de escritos que figuran en la causa a los que accedió Letra P.

 

La acción será impulsada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), cuyos abogados representan a las familias de Juan Ariel Campos y Omar Abel Pereyra, dos de las víctimas fatales del incendio.

 

El 15 de octubre de 2005, el penal se convirtió en una sucursal terrenal del infierno. Una pelea entre dos internos derivó en una masacre. Las primeras versiones de entonces daban cuenta de un motín, pero lo real es que presos y penitenciarios trabajaron en conjunto esa noche para que la situación no fuera más grave aún.

 

Desde el corazón de la gestión del entonces gobernador Felipe Solá se fomentaba la versión de una batalla tumbera, pero en el expediente esa figura no aparece tan clara. Sí es contundente un dato incontrastable: al momento del hecho, el pabellón donde se registró la tragedia no contaba con la red de incendios conectada.

 

Esta arista del expediente fue la que tuvo menos visibilidad en todos estos años. Siempre se hizo foco en la responsabilidad de los penitenciarios en turno. El CIAJ impulsará en el debate que sean llevados al banquillo de los acusados varios funcionarios de entonces del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB):

 

Julio Puente, jefe de la Unidad 28.

 

José R. Jacob, jefe de la Unidad 28.

 

Carlos Castrovinci, jefe de la Unidad 28.

 

Daniel Oscar Tejeda, jefe de la Unidad 28.

 

Arquitecto Miguel Angel Moviglia, Dirección de Mantenimiento y Construcciones.

 

Leonardo Soular, inspector de Obra.

 

Jorge Octavio Ruiz, jefe del Departamento de Obras.

 

Alejandro Alfano, director de Obras.

 

Antonio Atilio Fernández, jefe de Talleres de la Unidad 28.

 

Gustavo Ivaldi, jefe de Talleres de la Unidad 28.

 

Hernán Fabio Ferreira, jefe de Talleres de la Unidad 28.

 

Luis Alberto Blua, jefe del área de Mantenimiento.

 

José Luis González, jefe del área de Mantenimiento.

 

Juan Carlos Joubert, director de Construcciones y Mantenimiento.

 

Héctor González, director de Construcciones y Mantenimiento.

 

Norberto Martins Mogo, director de Construcciones y Mantenimiento.

 

Carlos Jásale, director de Infraestructura Edilicia.

 

Para los acusadores particulares, entre los que también se anota el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), estos 17 funcionarios serían, en primer término, autores del delito de homicidio culposo agravado, aunque no descartan que, en caso de conseguir pruebas en el debate, se los pueda imputar de “homicidio simple por dolo eventual”, expresaron fuentes judiciales a este medio.

 

Esta arista de la causa fue sellada en dos ocasiones por el fiscal de Delitos Complejos de La Plata Jorge Paolini, por entender que no existe responsabilidad.

 

Sin embargo, desde la acusación particular aseguran que la normativa legal vigente entonces, respecto de las leyes de contrataciones y obras públicas, pone en crisis los archivos dictados. Para ello será clave escuchar el testimonio de los responsables de la empresa que realizó los trabajos.

 

El contrato fue rubricado el 12 de febrero de 2003 entre el gobierno de Solá y la firma GyC Construcciones, con domicilios en La Plata y Chascomús.

 

Las obras comenzaron el 28 de marzo de 2003 y fueron entregadas el 20 de junio del mismo año sin “la aprobación de la red de incendios”, pero de la causa surge que “no había sido instalada”.

 

En ese entonces, el ministro de Justicia era Alfredo “Tati” Meckievi, quien, en su web personal, ubica como logro de gestión la obra en el penal: Inauguración de módulos de alojamiento de bajo costo en la Unidad Nº 28 de Magdalena. Inaugurados el 20 marzo de marzo de 2003, con una capacidad de 240 plazas.

 

 

EN LOS ESTRADOS. El juicio tiene fecha de inicio el próximo martes 15 de agosto en la sede del fuero Penal de La Plata. Estará a cargo del Tribunal Oral Criminal V de la capital bonaerense, integrado por Carmen Palacios Arias, Ezequiel Medrano e Isabel Martiarena. La acusación estará en cabeza de los fiscales Florencia Budiño y Jorge Paolini.

 

Los testigos citados ascienden a 500, pero esperan acotarla a 150 en total.

 

La defensa estará a cargo del abogado Darío Saldaño, quien asiste al entonces director del penal, Daniel Oscar Tejeda, y al jefe de Seguridad Exterior, Cristian Núñez. También a los penitenciarios Reymundo Héctor Fernández, Jorge Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Valdiviezo, Juan Zaccheo, Guadalberto Darío Molina, Juan Emilio Santamaría, Juan Cesar Romano, Marcos David Sánchez, Eduardo  Villarreal, Mauricio Alejandro Giannobile, Gustavo Pérez, Carlos Augusto Busto, Rubén Alejandro Montes de Oca y Maximiliano Morcella.

 

La causa recorrió varios laberintos judiciales. Incluso llegó hasta la Suprema Corte bonaerense. A 12 años del hecho, nunca se ahondó en las responsabilidades políticas. Una semana después de la masacre, el entonces titular del SPB, Fernando Díaz, declaró que no había “ningún error que reconocer”. El funcionario siguió en cargos jerárquicos. Incluso volvió un tiempo a estar al frente de la fuerza penitenciaria: fue el primer jefe designado por la gobernadora María Eugenia Vidal, pero renunció en medio de un proceso penal en su contra.

 

El 2 de diciembre de 2015, una semana antes que Daniel Scioli abandone la gobernación tras la derrota en la segunda vuelta ante Mauricio Macri, la justicia en lo Contencioso Administrativo ordenó al Estado bonaerense que indemnice a nueve familias de los fallecidos.

 

Martín Menem, Karina Milei y Gabriel Bornoroni.
Javier Milei en cadena nacional

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