La novela que preocupa al Gobierno desde hace ya varios meses tuvo este viernes un capítulo destacado. La administración de Mauricio Macri decidió suspender a Odebrecht “de modo preventivo” por el término de un año, en el que la constructora no podrá participar de licitaciones públicas, a raíz de las condenas por corrupción a sus directivos en Brasil y las investigaciones al respecto iniciadas en Argentina.
Odebrecht fue separada de la tramitación del certificado de Capacidad de Contratación Anual para licitaciones, en virtud de “hallarse incursa 'prima facie' en falta muy grave”. Fue a través de la resolución número 6 del Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, publicada en el Boletín Oficial.
El Consejo apoya su resolución en el artículo 10 del Anexo del Decreto 1724/93, que lo habilita a suspender “con carácter preventivo toda tramitación, incluida la expedición de Certificados de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, cuando ‘prima facie’, y a su exclusivo juicio, un inscripto se hallase incurso en falta grave”.
El organismo que depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, tomó esta resolución “con el voto unánime” de sus miembros en virtud de que “se han abierto varios procesos judiciales y procedimientos administrativos en nuestro país y en el exterior” en los cuales se involucra a la constructora “en la participación de prácticas corruptas en el desarrollo de su actividad”.
En los considerandos de la medida, el Consejo deja constancia que el certificado de Capacidad de Contratación Anual para la Licitación de Odebrecht se encontraba vencido “desde el 30 de junio de 2016” y que no le será renovado “de modo preventivo” en virtud de “la apertura de causas en el fuero federal y de investigaciones por parte del Ministerio Púbico Fiscal sobre sus actividades, sin contar a la fecha con más elementos que éstos sobre el alcance de las imputaciones”.
No obstante, el texto aclara que en Brasil, “por el contrario, se han desarrollado otras causas judiciales con mayor grado de avance y se han producido sentencias condenatorias, reconocimientos de culpabilidad de los involucrados y solicitudes de acogerse a acuerdos de clemencia por parte de ejecutivos y empleados”, suministrados al Consejo por el propio Odebrecht.
La resolución detalla la “prisión temporaria y búsqueda y captura contra el director estatutario de la compañía” y las condenas en Brasil a otros directivos por el uso de las cuentas bancarias de Odebrecht para “realizar pagos indebidos y para ocultar prácticas de corrupción, de formación de cartel y de fraude a los procedimientos licitatorios”.
En este marco, el organismo consideró que Odebrecht “no vendría a acreditar” la “idoneidad, capacidad y responsabilidad para desempeñarse como contratistas del Estado”, debido a que “sin perjuicio del estado de las causas e investigaciones a nivel local” que la involucran, se está “en presencia de fuertes y convincentes indicios de su participación en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa”.