#NiUnaMenos "Las políticas públicas no apuntan al problema colectivo"

Haciendo un repaso de su trabajo al frente del organismo, Malacalza detalla los objetivos trazados en el Observatorio y las políticas aplicadas por el Estado. Apunta a la necesidad de trabajar en herramientas tendientes a la prevención y la integración de la situación, por oposición a las de emergencia, aplicadas en la actualidad, y a la mirada puesta en la víctima, en un mecanismo de individuación de los hechos.

-¿Cómo fueron articulando el trabajo de sistematización de información en una provincia tan amplia?

-Hubo dificultades para cumplir esa función por el modo en que produce el Estado provincial la información. Es muy dispersa, muy escasa, muy fragmentada, con muchas dificultades para construirla. Entonces, es necesario estar interviniendo centralmente para que los organismos públicos produzcan información con criterios comunes y que modifiquen la forma en la que la construyan.

Pero a ese punto hay que sumarle dos partes más que hacen al trabajo del Observatorio. Una segunda, que tiene que ver con monitorear las políticas públicas, dar cuenta de qué manera el Estado provincial cumple con sus obligaciones en materia de violencia contra las mujeres y violencia de género. Si las políticas públicas atienden exclusivamente a la emergencia, si son políticas públicas que evalúan el impacto, cuán efectivas fueron esas políticas, cómo se definen las políticas públicas a nivel de los municipios, cuáles son las dificultades que hay para implementarlas. Nos queda un tema súper importante que no hemos tenido oportunidad de desarrollarlo, que es el análisis de los presupuestos

La tercera función es atender las quejas que ingresan por violencia de género en la Defensoría. Quejas por asesoramiento y por incumplimiento de las funciones de un organismos de administración pública, judicial, así como las situaciones de violencia que ocurren dentro de las fuerzas de seguridad, situaciones de violencia contra el colectivo trans y travesti por actuación de las fuerzas de seguridad, por imposibilidad de acceso a la salud, por violencia en el ámbito laboral, por violencia obstétrica.

-¿Cómo ayudan estos datos para enfrentar lo que está pasando?

-Dan cuenta de la cantidad de denuncias por violencia contra las mujeres y violencia familiar que existen en la provincia, nada más que eso. No es una dimensión de la problemática. Podemos dar cuenta, por ejemplo, es que a partir de las personas que denuncian y que muchas veces se tramiten en fuero de familia o en fuero penal, hay un aumento muy significativo. En el año 2014, en la Comisaría de la Mujer y la Familia se presentaron 435 denuncias por día en la provincia; en 2016, aumentaron a 591. ¿Las mujeres tomamos mayor conciencia y hemos tenido mayor sensibilidad frente a la no naturalización de las situaciones de violencia y de salir a buscar una respuesta de protección al Estado? Sí. ¿Eso significa que los niveles de violencia aumentaron a nivel de conflicto social? No lo podemos medir por números porque es muy parcial.

- ¿Que ha hecho en Estado para tener una dimensión de lo que pasa?

- Se ha instalado mucho a partir de una propuesta del mismo Estado de que sean las mujeres de manera individual las que presenten las denuncias. Eso nos expone a quedar solas en la trampa burocrática. Se apunta a eso, en lugar de crearse centros de atención a víctimas para, desde esos centros, articular con las redes que puedan tener las mujeres, con las organizaciones, para generar un proyecto de vida distinta al que tenían e ir programando qué momento y cómo hacer una denuncia. Eso es lo que a nuestro entender debería estar funcionando en la provincia de Buenos Aires. No esa política pública que te hace responsable individualmente de encontrar las estrategias para salir de la situación de violencia, cuando esas estrategias deberían co construir con otras mujeres, pero también con organismos del Estado.

Las políticas públicas para atender la problemática de la violencia contra las mujeres se han construido a partir del seguimiento de las políticas sociales y las políticas de seguridad que se basan en que las víctimas son víctimas individuales, que tienen que responsabilizarse en encontrar sus estrategias para salir de una situación de violencia o de pobreza. Son políticas públicas que apuntan a la individuación: el problema es tuyo. No apunta a que esto es un problema colectivo, que nos involucra en términos sociales a todos. La política publica dice "es una víctima", como puede ser una víctima de delito. Siempre somos víctimas individuales. Entonces, aparece como un sentido de la victimización por sobre un sentido de la opresión o de la dominación entre los géneros. La respuesta del Estado es individual. Tenés que llamar al 911, al 144, ir a la comisaría. Además, eso es lo que hace la justicia: analiza el último hecho y busca protegerte para que estos hechos no se repitan, pero eso no es lo que tiene que hacer todo el Estado. Eso lo hace la Justicia, que dice "te dicto una medida de protección para evitarte el riesgo". El resto del Estado tiene que estar haciendo otra cosa, que es estar co pensando la estrategias para que esa mujer pueda tener un proyecto de vida distinto.

-¿Hubo un cambio en las políticas públicas a partir de los reclamos expresados en las marchas?

-Las políticas públicas se siguen concentrando en la atención de la emergencia y en la atención de los casos individuales frente a una situación de un hecho que se denuncia. Cuando pensamos en políticas de prevención, tiene que ver con políticas que modifiquen las relaciones de poder que hay entre los géneros y ahí el campo de lo educativo, lo cultural, de las políticas sociales incluso, debería ser un campo de intervención que no se ha construido como agenda política.

Lo que ha ocurrido es que se ha comenzado a avanzar en ciertos grados de institucionalización de las áreas de género, con un escaso presupuesto que se destina a impulsar, al menos en la provincia de Buenos Aires, la línea 144 por ejemplo, la creación de hogares de protección integral, que antes llamábamos refugios, y en la instalación de pulseras magnéticas para los agresores que todavía no se ha implementado.

-¿Cómo están involucrándose los gobiernos municipales?

-Hubo un menor compromiso. Hay una reducción de los equipos profesionales, de las áreas municipales donde conviven niñez y violencia contra las mujeres bajo una misma responsabilidad de una funcionaria con dos o tres personas.

Otra de las cuestiones que se mantuvo en la política pública como una línea fue la creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia. Hoy en la provincia hay 126, dato que también puede explicar que el número de denuncias aumente.

La agenda política está muy desarticulada de la agenda pública y social en materia de violencia de género. No hay áreas específicas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ni en la Suprema Corte ni en la Procuración. La Procuración, a diferencia de lo que existe en la Nación, no tiene una Unidad Fiscal Especializada en todos los departamentos judiciales

-También con las marchas y puntualmente por la multiplicidad de femicidios ha habido un movimiento en materia legislativa.

-Sí, ha habido muchas más presentaciones que cumplimiento efectivo del dictado de leyes. Las leyes que se aprueban son las más punitivistas, que trabajan más a través de la pena. En la provincia de Buenos Aires hubo varios proyectos de ley que se presentaron para crear unidades fiscales especializadas y para modificar algunos aspectos de la ley de Violencia Familiar, que son proyectos de ley que involucran más la definiciones de políticas públicas y ésas no han avanzado

-¿En cuánto ayuda el reconocimiento de la ONU a los informes presentados por el Observatorio sobre violencia de género?

-Estuvimos presentes con tres informes ante Naciones Unidas. El primer informe que se presentó ante el comité de DDHH de la ONU sobre personas trans y travestis a principios de 2015; un informe ante el Comité de la CEDAW (conocida así por su sigla en inglés, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer - CETFDCM) y un informe ante el Comité Contra la Tortura. Las recomendaciones de los comités que forman la ONU son muy importantes como herramientas para exigir la definición de políticas públicas. Junto con otros organismos de control y organizaciones sociales, tenemos que hacer que esas recomendaciones se hagan efectivas a partir del cumplimiento, la sanción y la definición de políticas públicas. Sirven como una herramienta de exigencias. Enmarcan nuestros pedidos como Defensoría y le da un refuerzo a la solicitud de cumplimiento de una actuación judicial o una política pública.

-Y en la lucha contra la violencia de género, ¿en qué ayudan las marchas?

-Centralmente, lo que va a generando es una modificación del sentido común y de los aspectos que hacen a la cultura y a la conciencia social sobre la no naturalización de las situaciones de violencia contra las mujeres, contra las identidades no hegemónicas. Eso es un cambio cultural y social que lo deja por fuera al Estado. Nos parece importante porque, sin esa movilización, sin esa participación pública, social, callejera es muy difícil construir agenda política. Para los organismos como el Observatorio de una Defensoría del Pueblo, esa movilización permite darte legitimidad para hacer un reclamo de definición de una política pública. Todas las definiciones en materia de política pública han tenido que ver con la participación del movimiento feminista, del movimiento de mujeres y de la sociedad en cada una de las movilizaciones que se han construido y cada uno de los espacios.

Va por doble mano. Por un lado lo que modifica a nivel social, cultural y del sentido común, en relación con la violencia contra las mujeres y la discriminación, y por otro lado lo que legitima la exigencia de política pública. Y también cómo deja afuera a los funcionarios cuando no lo hacen. Es muy interesante lo que pasó en Argentina con el movimiento de derechos humanos, en relación a lo que significó un impacto social en la cultura argentina y lo que también significó en términos legislativos y de políticas públicas. Con el movimiento de lucha contra la violencia machista pasa lo mismo. Uno tiene la suerte de recorrer algunos espacios por fuera del país y el reconocimiento internacional es enorme. Ni una menos se convirtió en movimiento y articulación regional, internacional. Es súper impactante.

Me parece que no todo tiene que pasar por el Estado y está muy bien que no todo pase por el Estado, que no necesariamente el abordaje de la violencia contra las mujeres deba pasar por el Estado porque también hay que ver qué estado te da una respuesta a esto.

-¿Ha habido modificaciones con el cambio de gobierno?

 -Desde las manifestaciones políticas se ha impulsado el Plan Nacional de lucha contra la violencia de las mujeres y se ha generado en la provincia de Buenos Aires un Plan de Género. Eso, en los términos de las políticas que se anuncian. Después hay situaciones que atraviesan esos anuncios que tienen que ver con los niveles de desigualdad que sufrimos las mujeres en el acceso al empleo, a la vivienda, a la tierra, al empleo formal, en las tareas de cuidado. Esas situaciones de fondo no se modificaron. Todos sabemos que hay políticas públicas que no avanzan en ese sentido. Entonces hay dos marcos: el del anuncio, de la atención de la emergencia y el de las definiciones de políticas públicas, que son las que promueven esas situaciones de discriminación que llevan a la violencia, que no se modificaron.

De fondo la cuestión sigue igual y sigue siendo aún más desigual para las mujeres y esa desigualdad promueve cada nuevo hecho de violencia. No es que la violencia se explica por una distancia individual de un loco psicópata que golpea a su mujer. Tiene que ver con otros niveles de desigualdad y de dominación. Hacia esos niveles de desigualdad y dominación no apuntan las políticas públicas.