Docentes irán al paro el jueves 23 de mayo
Mientras los ecos de la represión a docentes se hacen sentir en las aulas vacías por el paro nacional de este martes, los gobiernos nacional y porteño unificaron un discurso que corre el eje de la violencia aplicada por la Policía de la Ciudad para desalojar a los maestros y, en cambio, instala un debate que divide aguas: ¿Cuáles son los límites del derecho a la protesta?
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; su vice, Diego Santilli, y el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, justificaron el operativo policial y acusaron a los docentes de “no cumplir con las normas” y “violar la ley” en su intento de instalar una “escuela itinerante” en la Plaza de los Dos Congresos.
Con esa línea argumental, donde se evita el concepto de “represión”, autoridades nacionales y locales consiguieron instalar la discusión en torno a los alcances de las manifestaciones sociales, las restricciones administrativas y, en un marco más amplio, cómo se ejerce el derecho a la protesta de acuerdo a la propia Constitución Nacional.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Horacio Verbitsky respaldó la postura de los docentes y denunció que el Gobierno porteño “usó como excusa la supuesta ‘falta de permiso’, pero los derechos constitucionales no dependen de un trámite administrativo”. “Hacer prevalecer una restricción administrativa por sobre la Constitución implica, en los hechos, no reconocer el derecho a la protesta”, sostuvo el organismo en su cuenta de Twitter.
Letra P consultó a cuatro abogados constitucionalistas: Félix Loñ, Andrés Gil Domínguez, Daniel Sabsay y Juan Vicente Sola. Aunque con diferentes matices, los especialistas cuestionan la visión del CELS y coinciden en un punto: los docentes debían contar con la correspondiente autorización del Gobierno porteño para instalar la carpa, por tratarse de una ocupación del espacio público.
“No existen en nuestro sistema constitucional derechos absolutos con los que se pueda hacer lo que a uno se le da la gana. No se puede hacer lo que uno quiere”, sentenció Loñ y agregó: “No estoy de acuerdo con la represión, pero, si no estaban autorizados para montar la carpa, no la podían hacer”.
El constitucionalista recordó aquella máxima de que “el derecho de uno empieza donde termina el del otro” y puso como ejemplo el paro nacional de la CGT. “Se puede ir a huelga, lo que no se puede hacer es obligar a la gente a que no vaya a trabajar”, graficó y, en el mismo sentido, explicó que, “si se cortan las calles y se impide el tránsito, eso afecta el derecho del otro”.
“Pero el jefe de Gobierno de la Ciudad no menciona esto –lamentó-. No hay ningún político que mencione eso. Hay una armonía en la Constitución Nacional de la que la gente no tiene ni idea y los gobernantes, menos. No tenemos una cultura democrática ni constitucional. Somos un país débil en ese sentido”.
Loñ advirtió que, en este caso, los docentes “no tuvieron conciencia de obediencia sobre la ley e interpretaron los derechos como derechos absolutos” y recordó que la histórica carpa blanca, a diferencia de la “escuela itinerante” de esta vez, “estaba autorizada y estuvo más de dos años”.
Por su parte, Gil Domínguez indicó que, “para la ocupación permanente del espacio público, hay que solicitar una autorización y hay que darla en tiempo razonable”. “Una cosa es una movilización, donde no se necesita garantizar el ejercicio de ese derecho porque ya está consagrado. Pero en una ocupación permanente sí se necesita autorización, pero no en términos de poder o no hacerla, sino por el ejercicio de la seguridad”, explicó y comparó esta situación con los permisos necesarios para llevar adelante un recital.
El experto insistió en que “es distinto cuando uno ejerce el derecho a la protesta, porque es dinámico y temporal, pero para construir algo, montar una estructura, se requiere autorización”.
“Los docentes –coincidió Sabsay-, como toda persona que quiere ocupar el espacio público, tienen que tener previamente una autorización, porque, si no, todas las plazas del país estarían llenas. Esto no está prohibido, es una manera de peticionar, pero en cualquier país democrático no se puede ocupar el espacio público porque se afecta el derecho del otro independientemente de que moleste o no moleste”.
El constitucionalista puntualizó que “una protesta se puede hacer por distintos canales siempre que no se afecte el ejercicio del derecho del otro, porque ningún derecho es absoluto”, y mencionó que en el caso de los piquetes “no es aceptable que la calle esté completamente cortada porque eso afecta todos los derechos de las personas”.
En respuesta al CELS, Sabsay recordó que “las propias disposiciones administrativas surgen de las leyes y de la Constitución, que es la que establece las bases sobre los derechos relativos, y el uso del espacio público tiene limitaciones”.
Juan Vicente Sola, otro de los abogados entrevistados, señaló: “El conflicto se genera cuando se afecta el derecho de otros. El derecho a transitar afecta el derecho a trabajar, a acceder al hospital o a comerciar. En este caso, hablamos de una ocupación permanente o semi permanente del espacio público y para esto hay una regulación razonable. Sin dudas necesitaban el permiso”.
El especialista y catedrático de la UBA fue más allá y también cuestionó el paro de este martes, en repudio a la represión. Advirtió que en el marco de un conflicto gremial “se está afectando un servicio público, el de la educación”, y concluyó: “Lo que termina ocurriendo es que los más organizados se imponen sobre los menos organizados”.