El endeudamiento sostenido, creciente y con perfil dolarizado es la característica del financiamiento que encaró desde el minuto uno la gestión de María Eugenia Vidal, operada desde el Ministerio de Economía por el titular de esa dependencia, Hernán Lacunza, para obtener fondos que, aseguran con insistencia desde las huestes PRO, se destinarán a gastos de infraestructura, pero que muchas veces terminan sosteniendo gasto corriente para mantener el creciente déficit fiscal de las cuentas provinciales, que en 2016 superó los tres puntos del PBI.
Para muestra basta un botón: la deuda bonaerense en dólares creció de 9.362 millones en diciembre de 2015 a 11.797 millones, según cifras oficiales a las que tuvo acceso Letra P. Buena parte de este nuevo endeudamiento se consiguió en los mercados internacionales, con la obligada venia del Gobierno nacional.
Esto echa por tierra –o, al menos, deja vieja- la excusa de la “pesada herencia”. También, el discurso de la “Provincia quebrada” que empuñó Vidal desde primer día de su gobierno. El Estado bonaerense nunca recibió tantos recursos de la Nación como hasta ahora –a principios de año ingresaron por esa vía $25.000 millones- a lo que se suma la buena sintonía entre la gobernadora y el Presidente, que necesita de la buena imagen de la mandataria para encarar el año electoral con algo de optimismo y habilita el endeudamiento. Cabe aclarar que la ley establece los estados provinciales no pueden salir a los mercados internacionales si no reciben el visto bueno del Gobierno nacional.
Y detrás de esto puede correrse el velo a la tensa, larga y no tan sorda disputa, en épocas de gobierno kirchnerista, entre la administración de Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli. Tras la contundente victoria de CFK por el ya trillado 54% y la reelección del ex motonauta por un porcentaje superior al 50%, se disparó la desconfianza preexistente a límites altísimos entre ambos, cebados por el inmediato posicionamiento público del dueño de la quinta tigrense La Ñata como precandidato a presidente, candidatura que nunca se digirió en Balcarce 50, como han contado en incansables oportunidades operadores del sciolismo y del kirchnerismo.
El trasfondo económico de esta disputa se puede ver en números: entre 2011 y 2015, el gobierno sciolista apenas consiguió dos permisos de la Casa Rosada para tomar deuda en mercados externos, uno en 2011 por 1.050 millones de dólares y el otro en 2015 por 700 millones de dólares para refinanciar la colocación anterior, de la cual debió pagar los 350 millones de dólares restantes.
DEUDA Y MASA SALARIAL. Con las colocaciones de deuda bonaerenses siempre queda rondando la sombra del financiamiento de gasto corriente, básicamente, sueldos de la frondosa administración provincial, que hoy significan unos 17.000 millones de pesos mensuales.
En 2012, ese monto equivalía a 10.000 millones y la ayuda de la Nación a la Provincia se limitó a $1.000 más un préstamo de $600 millones vía Anses a una tasa del 26% anual. Para graficar cómo impactó el resultado electoral de 2011 en esa relación de bombero permanente que la Nación tiene con la Provincia, hay que recordar que en 2011 la ayuda fue de $2.000 millones y en 2010, de $4.000.
Si se tienen en cuenta la inflación y los incrementos salariales por paritarias, los $4.000 millones de 2010 eran mucho más que dos veces lo prestado en 2011 y muchísimo más en valores constantes (deflactada la inflación) que cuatro veces lo prestado en 2012.
El peso de la masa salarial en las cuentas bonaerenses trepó a $14.000 millones en 2015 y a unos $17.000 en este 2017, sin tener una paritaria cerrada con la totalidad de los agentes públicos.
La Provincia de Vidal recibió, en solo 20 días de diciembre de 2015, nada menos que $14.000 millones en aportes del Tesoro nacional, mientras que en 2016 recibió unos $17.000 millones por el mismo concepto y se endeudó en los mercados internacionales por 3.000 millones de dólares, a lo que se suma el endeudamiento pactado en el Presupuesto, de unos $60.000 millones más cerca de $30.000 millones en otras colocaciones de deuda para el mercado local, como bonos y letras.
Sólo en lo que va de 2017, la administración Vidal recibió $25.000 del Gobierno nacional y colocó U$S1.500 millones en dos instrumentos por U$S 750 millones cada uno con esta estructura:
a) Un nuevo bono amortizable en tres cuotas anuales a cinco años de vida promedio con un cupón de 6,5% y un rendimiento de 6,6%;
b) Una ampliación del bono con vencimiento en 2027 (BP 27), cupón de 7,875%, a un rendimiento de 8,1%.
“Con el objetivo de ampliar recursos dirigidos a financiar el sostenido aumento de la inversión en infraestructura, en el día de la fecha la Provincia de Buenos Aires ha ejecutado en forma exitosa una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por un monto total de U$S 1.500 millones”, indicó en un comunicado la cartera que conduce Lacunza. Es la mayor colocación de su historia.
Lo cierto es que la duda crece, se dolariza cada vez más al tiempo que cae el PBI provincial y crece el déficit fiscal en una economía que por ahora, al menos en la Provincia, da más noticias de despidos y fábricas que cierran que de inversiones y crecimiento.
