Comenzó como una iniciativa del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires. Empezó a tomar color, el PRO y otros partidos políticos se plegaron a la idea y la regulación de la publicidad vial de bebidas alcohólicas se convirtió en ley el 24 de noviembre de 2016, pero cuando se enteraron las provincias que viven del vino se desató una guerra interjurisdiccional y judicial entre el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña.
Los diputados nacionales de las provincias viñateras, algunos de Cambiemos, apoyaron una presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la medida avalada por Horacio Rodríguez Larreta y sus legisladores. Además, redactaron una propia iniciativa para que la Ciudad “no dicte regulaciones en la publicidad y la promoción del vino argentino, cualquiera sea su formato”.
El radical Luis Petri avanzó con el reclamo parlamentario y fue acompañado de inmediato por sus colegas provenientes de provincias productoras de vino como el histórico sanjuanino José Luis Gioja, Graciela Cousinet, de Libres del Sur de Mendoza, Myriam Juarez, FCyS Catamarca, Gustavo Borsani, UCR Mendoza, Alejandro Abraham, FpV-PJ Mendoza y Rubén Miranda, Justicialismo Mendoza y Daniela Castro, PJ San Juan.
Al mismo tiempo, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se presentó ante la Justicia para exigir la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la Ley N°5708.
El artículo cuatro de esa norma advierte que “queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas a través de cualquier tipo de anuncio en la vía pública dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. A su vez, el artículo siguiente obliga a las compañías a que los anuncios publicitarios de venta de bebidas “deban incluir un mensaje sanitario”, pero exceptúa a “los avisos que se limiten a enunciar la marca y/o logo del producto”. De todas formas, estos avisos deberán reservar al menos un 75% del espacio para esos mensajes sanitarios, que varían desde leyendas como “El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud” a “El alcohol al volante mata”. En total, son nueve estos mensajes de precaución.
En tanto, uno de los artículos que mayor inconvenientes trae para las provincias y las empresas dedicas a la producción del vino es el sexto, que prohíbe “toda forma de publicidad, promoción, patrocinio o financiación de actividades culturales, deportivas o educativas con acceso libre y gratuito, por parte de las marcas de bebidas alcohólicas”.
Y las publicidades de venta de bebidas alcohólicas no alcanzadas por las prohibiciones dispuestas, incluidas las realizadas dentro de los establecimientos habilitados para su expendio y consumo, deben incluir alguno de los mensajes sanitarios antes mencionados y “su texto debe estar impreso en forma legible, dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras que ocupe al menos un veinte por ciento (20%) de la superficie total del anuncio”.
Por otra parte, las empresas entraron en cólera cuando la Legislatura dio luz verde al artículo que indica que los medios de comunicación oficiales de la Ciudad se abstenga de transmitir publicidades de bebidas alcohólicas y que las empresas que realicen avisos que incumplan estas normas serán sancionados con multas que podrían oscilar entre los $145 mil y $965 mil. Además, se podría avanzar hacia un decomiso o inhabilitación de la compañía.
La ley cosechó 42 votos a favor y cinco abstenciones del Frente para la Victoria y el monobloque Corriente Nacional de la Militancia. Fue presentada en el recinto por la macrista Victoria Roldán Méndez, titular de la Comisión de Salud del Parlamento. La joven legisladora destacó “el trabajo conjunto, respetuoso y responsable entre los legisladores y sus asesores” y marcó que la iniciativa “contiene un mensaje sanitario” como resultado de diálogo en la Mesa de Adicciones.
Por su parte, el socialista Roy Cortina, autor de la iniciativa junto a Hernán Arce, reconoció que “no es perfecta ni audaz” e hizo una encendida defensa “de la decisión política de avanzar en la solución de una problemática de salud pública”. “El Estado tiene la obligación de regular la cantidad formidable de estímulos a través de la publicidad que no repara en los daños que produce”, subrayó.
A la hora de defender la ley, los ediles porteños citaron cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 2010. Según ese informe, el continente americano ocupa el segundo lugar en consumo más alto de alcohol per cápita después de Europa, y la segunda tasa más alta de consumo episódico de alcohol, también asociado con efectos nocivos para la salud. El ranking en América Latina lo lidera Chile con un consumo anual per cápita de 9,6 litros de alcohol y nuestro país se ubica en segundo lugar con 9,3 litros, 13,6 entre los varones y 5,2 para las mujeres. En la Ciudad de Buenos Aires un trabajo del Ministerio de Salud de la Nación publicado en el 2011 con datos de años anteriores sobre el consumo de alcohol en la Argentina, mostraba que en nuestro distrito, la prevalencia de consumo de alcohol episódico excesivo era del 9,5% y la prevalencia de consumo de riesgo era del 12,6%, sólo superado por Santa Fe con el 13,7%.
Meses después, la ley desató una guerra entre la Legislatura porteña y el Congreso, incluso con el reproche de legisladores de Cambiemos. Gioja defendió a la industria vitivinícola porque “genera cientos de miles de puestos de trabajo en siete provincias argentinas y que son el motor de nuestras economías regionales”. “Detrás de cada copa de vino está el trabajo, el amor, el sentimiento y el inmenso orgullo de quien produce la uva y de quienes elaboran el vino, porque el vino es un producto elaborado en muchos pasos, no es un destilado, por eso en esta lucha nos encontrará a todos unidos, sin distinciones de pertenencias político partidarias”, recalcó.
El ex gobernador sanjuanino propuso la integración de una comisión parlamentaria, integrada por legisladores de provincias productoras de vino para interactuar con los legisladores porteños, y que lo mismo hagan los gobiernos de provincias viñateras para trabajar con el gobierno de Rodríguez Larreta.
“La prohibición surge después de una fiesta electrónica en la Ciudad donde fallecieron cinco jóvenes por consumo de drogas sintéticas, a la que alguna vez llamé Cromañon II”, rugió el histórico peronista. Su par mendocino Alejando Abraham, soltó: “Con esta medida la Ciudad le saca el culo a la jeringa y no ataca el nudo del problema que es intensificar los controles y opta por la vía más fácil, prohibir hacer publicidad”.
Acompañaron con su presencia la presentación de ambas iniciativas los senadores Julio Cobos, UCR Mendoza, Pamela Beasain, UCR Mendoza y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
