Días atrás, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dio a conocer una serie de vetos contra la expropiación de diferentes inmuebles en los cuales actualmente funcionan asociaciones civiles sin fines de lucro y cooperativas de trabajo. Para el organismo que conduce Guido Lorenzino, la decisión del Ejecutivo "podría afectar las fuentes laborales de los trabajadores cooperativistas y las actividades que allí se realizan". En los fundamentos de la objeción reivindican el Pacto de San José de Costa Rica, un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución Nacional de 1949, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por estas últimas medidas del gobierno de Vidal y desde allí destacaron la "función social de la propiedad". Esto, como objeción a varios vetos firmados por la mandataria. Expresaron su preocupación tras el veto del Poder Ejecutivo de las leyes que declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación diferentes inmuebles en los cuales actualmente funcionan asociaciones civiles sin fines de lucro y cooperativas de trabajo.
El organismo expresa que los Decretos Nº 39/17, 40/17, 41/17, 42/17 y 43/17 afectan infundadamente derechos de raigambre constitucional de los habitantes de la Provincia nucleados en las Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. Lorenzino hizo hincapié en la función social de la propiedad. En este sentido, uno de los puntos que la Defensoría considera que genera mayor incertidumbre, es que la decisión del Ejecutivo puede perjudicar a cientos de familias relacionadas directamente con la cantidad de actividades que se llevan a cabo en los predios afectados.
Por ejemplo, esto toca de cerca a empresas recuperadas y predios de trabajo social y comunitario en donde se encuentra, por ejemplo, Roca Negra -que pertenece al Frente Popular Darío Santillán-. Queda ubicado en Monte Chingolo, Lanús, y allí, desde hace más de una década funciona un Bachillerato Popular de Adultos reconocido por el Ministerio de Educación provincial: ya han terminado el secundario 250 estudiantes y se espera que durante este 2017 cursen casi 100 más. También hay un Centro de Primera Infancia -reconocido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- al cual asisten 25 niños y niñas.
Todas estas actividades cuentan con el reconocimiento del Concejo Deliberante de aquel distrito del sur del conurbano, de la Universidad Nacional de Lanús y de otras instituciones argentinas.
Desde la Defensoría del Pueblo le recomiendan a Vidal que "se evalúen los vetos que se formulen a los proyectos de ley remitidos por la Legislatura en el marco de su razonabilidad, teniendo en consideración las previsiones de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), relativas al interés social de la propiedad".
Lorenzino remarcó "la función social de la propiedad, tal como lo destaca el Pacto de San José de Costa Rica y su antecedente en la constitución argentina de 1949", en pleno gobierno peronista.
