Los ocho ex comisarios de la Policía de la provincia de Buenos Aires detenidos en el marco de la causa por el hallazgo de sobres con dinero en la Jefatura Departamental de La Plata deberán esperar el juicio tras las rejas, ya que el Tribunal Oral Criminal III de la capital bonaerense (a cargo del debate) les negó el arresto domiciliario, confirmaron fuentes judiciales a Letra P.
En la causa, están procesados y detenidos el ex titular de la Departamental La Plata Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo; el ex secretario de la repartición Walter Skramowskyj y el ex jefe de calle Ariel Huck.
También los ex comisarios Sebastián Cuenca (Los Hornos), Raúl Frare (Villa Elisa), Sebastián Velázquez (La Plata Segunda) y Julio Sáenz (La Plata sexta).
Además, está procesado el ex comisario Juan Retamozo (La Plata Cuarta), pero nunca fue detenido, y también estuvo preso el ex comisario Federico Máximo Jurado (de la seccional de Villa Ponsati) pero fue hallado muerto en enero último en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata.
Los magistrados entendieron que existen riesgos procesales como entorpecimiento de la causa o posibilidad de fuga de los acusados, extremos que no garantizarían la realización del juicio oral, y ordenaron mantener en prisión a los acusados.
La defensa de los ex policías acusados adelantó que apelará la resolución ante la Cámara Penal de La Plata.
Fiscal platense Marcelo Martini.
EL EXPEDIENTE. Los ex jefes policiales están acusados del delito de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)”, mientras que María de los Ángeles Ramírez, una oficial que se desempeñaba como administrativa en la Departamental, fue acusada de “encubrimiento agravado”.
Para la jueza de Garantías Marcela Garmendia y el fiscal Marcelo Martini, los jefes policiales integraban una “organización con permanencia y estructura jerarquizada con férreas normas de funcionamiento interno donde el poder decisorio recae en la cúpula”, según se desprende del dictamen, al que accedió Letra P.
Esa hipótesis se ve robustecida por una serie de escuchas telefónicas en las que uno de los sospechosos da nombres de policías y abogados de La Plata que suelen intervenir en litigios por accidentes de tránsito.
El accionar de la banda, de acuerdo con el texto, consistía en “exigir en forma indebida la entrega de distintas sumas de dinero a diferentes personas -algunas de ellas, comerciantes- para brindarles seguridad, permitirles funcionar sin habilitación o vender estupefacientes, entre otras actividades ilícitas”.
Los montos, según denuncias de comerciantes que constan en el expediente, variaban entre 300 y 1.000 pesos semanales que eran recaudados por dependencias regionales y llevados “a los jefes departamentales” en sobres numerados el primer día de cada mes.
En los últimos años cobró fuerza el apotegma "no existe maldita policía sin maldito poder judicial y político". Durante la investigación, el fiscal Martini no descartó que el expediente salpique a otros sectores de la sociedad. En varias entrevistas sostuvo que "podría también implicar al costado judicial o político".
Hasta el momento, los acusados no pudieron explicar con claridad cuál fue el origen de ese dinero. Durante el transcurso de la investigación, siempre existió la sospecha de que esa recaudación podría ascender hacia integrantes de los altos mandos de la Policía provincial o de la política bonaerense, pero el fiscal no pudo obtener dato alguno que robusteciera una línea de investigación en ese sentido.