La investigación penal que involucra a nueve comisarios de La Plata acusados de recaudar dinero ilegalmente serán juzgados por el Tribunal Oral Criminal III de La Plata, donde la causa quedó radicada luego de su elevación a juicio, confirmaron fuentes judiciales a Letra P.
La sombra de la recaudación ilegal para financiar altas esferas del poder político bonaerense sigue vigente en el expediente y no se descartan para el debate el quiebre de un posible pacto de silencio. Todo un ejemplo de "maldita policía" y el axioma del "maldito poder judicial".
El expediente en marcha, estuvo cruzado por una sospecha como posible disparador o móvil de los presuntos ataques que sufrió el fiscal de La Plata desplazado, Fernando Cartasegna, pero esa hipótesis fue descartada hasta por el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand.
En la causa, están procesados y detenidos el ex titular de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj y el ex jefe de calle, Ariel Huck.
También los ex comisarios Sebastián Cuenca (Los Hornos), Raúl Frare (Villa Elisa), Sebastián Velázquez (La Plata Segunda) y Julio Sáenz (La Plata sexta).
Además está procesado el ex comisario Juan Retamozo (La Plata Cuarta) pero nunca fue detenido y también estuvo preso el ex comisario Federico Máximo Jurado (de la seccional de Villa Ponsati) pero fue hallado muerto en enero último en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata.
Retamozo fue el único ex jefe policial que se negó a una pericia caligráfica que pedía el fiscal debido a que de los 36 sobres incautados en la Departamental La Plata el 1º de abril de 2016, tres indicaban que su origen era la comisaría Cuarta. Ese día se incautaron 36 sobres con 153.700 pesos.
Ante ello, el fiscal Marcelo Martini procesó a Retamozo por asociación ilícita al considerar que “fue autoincriminatorio” el hecho de que el ex comisario no participara de esa prueba.
Los ex jefes policiales están acusados del delito de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)” mientras que María de los Ángeles Ramírez, una oficial que se desempeñaba como administrativa en la Departamental, fue acusada de “encubrimiento agravado”.
Para la jueza de Garantías Marcela Garmendia, los jefes policiales integraban una “organización con permanencia y estructura jerarquizada con férreas normas de funcionamiento interno donde el poder decisorio recae en la cúpula”, según se desprende del dictamen al que accedió Letra P.
Esa hipótesis se ve robustecida por una serie de escuchas telefónicas, donde uno de los sospechosos da nombres de policías y abogados de La Plata que suelen intervenir en litigios por accidentes de tránsito.
El accionar de la banda, de acuerdo al texto, consistía en “exigir en forma indebida la entrega de distintas sumas de dinero a diferentes personas -algunos de ellos comerciantes- para brindarles seguridad o permitir funcionar sin habilitación, o vender estupefacientes, entre otras actividades ilícitas”.
Los montos, según denuncias de comerciantes que constan en el expediente, variaban entre 300 y 1.000 pesos semanales, que eran recaudados por dependencias regionales y llevados “a los Jefes Departamentales” en sobres numerados el primer día de cada mes.
En los últimos años cobró fuerza el apotegma "no existe maldita policía, sin maldito poder judicial y político". Durante la investigación, el fiscal Martini, no descartó que el expediente salpique a otros sectores de la sociedad. En varias entrevistas sostuvo que "podría también implicar al costado judicial o político".
Todos los sospechosos permanecen detenidos con prisión preventiva confirmada en varias instancias, en la Unidad Penal de Magdalena, lugar al que fueron trasladados el lunes 17 de julio.
Hasta el momento los acusados no pudieron explicar con claridad cuál fue el origen de ese dinero. Durante el transcurso de la investigación siempre existió la sospecha que esa recaudación podría ascender hacia integrantes de los altos mandos de la Policía provincial o de la política bonaerense, pero el fiscal no pudo obtener dato alguno que robusteciera una línea de investigación en ese sentido. El fantasma de la omertá (ley de silencio de la mafia siciliana) está en la libreta de apuntes de los instructores, quienes tienen esperanzas de quebrarlo en el juicio oral.V