La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) aprieta el acelerador en la guerra contra el desembarco de Farmacity en territorio bonaerense. Tras el fracaso del lobby colegiado en la Legislatura provincial con el fin de que se declare taxativo el artículo 14 de la ley 10.606 –para no habilitar la apertura de farmacias por parte de sociedades anónimas- , este domingo la entidad publicó una solicitada en el diario La Nación en la que mete presión a la Corte Suprema, instándola a que “falle en forma justa” y rechace la instalación de la cadena ligada al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
“La Confederación Farmacéutica Argentina está a favor de la Ley y espera que la Justicia falle en forma justa y privilegiando los intereses de los bonaerenses”, remarca la entidad presidida por María Isabel Reinoso, también titular del Colegio de Farmacéuticos bonaerense. Entre las consecuencias a corto plazo que podría tener un aval del Máximo Tribunal al desembarco de Farmacity, la COFA enfatiza: “Por cada farmashopping que se instale en la Provincia de Buenos Aires cerrarán varias farmacias. Muchas personas quedarán sin trabajo y millones sin acceso a los medicamentos cerca de su casa”.
Bajo este argumento, la COFA se planta en una disputa en la que también se pone en juego su poder de influencia en este mercado, contando con diversas competencias contempladas por la normativa que regula una actividad que –más allá del caso Farmacity- ya cuenta en grandes centros urbanos de la provincia con cadenas de farmacias, propiedad en algunos casos de miembros de los colegios de farmacéuticos locales, tal como sucede en Mar del Plata con la cadena de farmacias y perfumerías Riadigós.
El más reciente intento por frenar la avanzada de Farmacity tuvo su campo de batalla en el recinto de la Cámara baja provincial. Allí, el legislador massista Lisandro Bonelli, con el impulso del Colegio de Farmacéuticos, presentó un proyecto que declara taxativo el artículo 14 de la ley 10.606, que es el que regula cuáles son los tipos de sociedades y firmas son las que pueden instalar farmacias, y que no contempla a las sociedades anónimas. Pero la intentona de que se trate sobre tablas la iniciativa, fue rechazada por la bancada de Cambiemos.
Con la tensión en aumento, además de actividades de difusión del conflicto impulsadas por el Colegio bonaerense, la COFA decidió enfocar las presiones en la Corte: “Los jueces Dr. Ricardo Lorenzetti, Dra. Elena Highton de Nolasco y Dr. Juan Carlos Maqueda tienen que resolver sobre un recurso de queja referido a una ley provincial, votada en democracia por los diputados y senadores que eligieron todos los bonaerenses. Se trata de la Ley 10.606, que regula la habilitación de farmacias en la Provincia de Buenos Aires y protege al sistema de salud y a la farmacia como servicio público”, arranca la solicitada.
En el texto titulado “Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia”, la entidad ahonda: “Mario Quintana – actual vicejefe del gabinete nacional y accionista del fondo Pegasus (que controla Farmacity)-, inició una demanda a la Provincia de Buenos Aires, la cual perdió en todas sus instancias. A pesar de eso, hará todo lo necesario para que esta ley se derogue. El objetivo de quienes están detrás de los farmashoppings es hacer negocios, sin importar qué ley se interpone o las consecuencias que pueda acarrear. Si da ganancia, da lo mismo que el negocio sea farmacia, heladería, cafetería o cancha de paddle”.
