La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) les reclama unos 1.200 millones de dólares a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros procesados en el marco de la causa por presunto fraude en la obra pública.
Lo hace en el marco de la investigación que tiene a cargo el juez federal Julián Ercolini por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, actualmente detenido.
A partir de la investigación, la Dirección de Vialidad rescindió 24 contratos por estar inconclusos y en los cuales se detectaron los daños ocasionados por el retraso en las obras y los costos administrativos, entre otros puntos.
El organismo reclamó que, en caso de recaer condena en juicio oral y público contra los acusados, los bienes patrimoniales sean otorgados al Estado Nacional.
Días atrás, los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta y otros ex funcionarios de su gobierno fueran enviados a juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en perjuicio del Estado Nacional.
El pedido fue hecho al juez Ercolini luego del planteo de las querellas de la causa, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) y todo indica que antes de fin de año el caso pasará a un Tribunal Oral Federal.
Los fiscales incluyeron en la solicitud al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, a Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner, al exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al hijo de Báez, Martín.
"Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos", sostuvieron los fiscales en el requerimiento.