El discurso presidencial del lunes 30 de octubre es el primero en el que planteó en forma descarnada los principales problemas a superar para que el país se ponga en marcha. Evidenció que el Presidente es permeable a las críticas que se le hacen desde la ortodoxia económica al darle un lugar central a la responsabilidad fiscal en todos los niveles del gobierno, al introducir la necesidad de reformar el sistema de jubilaciones y pensiones –tema que combina importancia y dificultad política al abordaje- y la necesidad de avanzar en una reforma laboral y mencionando especialmente a la mafia de los juicios laborales, cuya eliminación es una componente fundamental de la competitividad laboral y la creación de empleos.
Una parte muy importante de los anuncios los dio a conocer el Ministro Dujovne el martes mismo. El gravamen a la renta financiera, más allá de los matices que pueda tener, constituye un gran error: los ahorros son el residual de los individuos después de haber pagado todos los impuestos. Ponerle un nuevo gravamen es un despropósito. Los ahorros que se aplican al sistema financiero son ante todo un resguardo frente a un sistema previsional que al haber sido saqueado por distintas administraciones no cumple con la finalidad de financiar dignamente la vejez.
Con este mismo escollo se van a encontrar al encarar la reforma previsional que, desde lo macroeconómico, es imprescindible: el aumento de las jubilaciones explica por sí misma el 65% del aumento del gasto del sector público nacional entre los años 2009 al 2017.
Una mención importante, en un discurso con todos temas importantes, fue la referida a las exportaciones: exportar para combatir la pobreza, combinado con la idea de que no podemos seguir endeudándonos. Macri dejó en claro que un dólar ganado con exportaciones tiene mucho mayor impacto económico que un dólar tomado como deuda.
El discurso debe ser evaluado como el inicio de un proceso que debería resultar en una caída del gasto público, en una menor presión tributaria, en una eficientización del aparato de gobierno en todos sus niveles y en una reducción del costo laboral en sentido amplio –incluyendo los costos de los tribunales laborales-. Menuda tarea.