Organizaciones sociales se movilizarán este martes desde las 11 al Ministerio de Seguridad para exigir justicia por Rafael Nahuel, el joven mapuche que murió baleado en un enfrentamiento con la Prefectura en la zona del Lago Mascardi, mientras el Gobierno refuerza su ofensiva contra la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche).
Bajo el lema “Basta de mentir, basta de matar”, integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) marcharán a la sede central de la cartera que dirige Patricia Bullrich, en General Gelly y Obes 2289.
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“No vamos a tolerar más mentiras y muertes. El diálogo real es saldar las deudas en materia de justicia social, lo demás es violencia implícita y explícita”, sostuvieron las agrupaciones en un comunicado, donde señalaron que Rafael “participaba desde su oficio de carpintero del Colectivo Al Margen en CTEP Bariloche”.
Por otra parte, destacaron que “hace tiempo” vienen “repudiando la extranjerización de la tierra” y ratificaron su rechazo a “la entrega de nuestro país a empresarios y poderes” de otros países. “Luchamos por un verdadero Programa Nacional que garantice la Soberanía Alimentaria para nuestro pueblo. Estamos seguros que nuestra lucha por Tierra, Techo y Trabajo es la única respuesta posible ante los crímenes contra el pueblo”, ampliaron.
CONTRA LA RAM. El ministro de Justicia, Germán Garavano, insistió en que “hay un grupo que es el mismo que se vincula con los hechos de Santiago Maldonado y que está impidiendo a la Justicia acceder al lugar del hecho”, aunque le bajó el tono a las versiones sobre el malestar el Gobierno con el juez de la causa, Gustavo Villanueva, por haber aceptado las condiciones impuestas por los mapuches.
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En diálogo con radio Mitre, Garavano remarcó que “se trata de grupos muy pequeños que no tienen nada que ver con la comunidad mapuche ni con pueblos originarios con los que el Gobierno trabaja habitualmente”, sino que “son grupos que usan medios violentos, que desconocen la constitución, el Estado e incluso la autoridad de la propia Justicia”.
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El funcionario enfatizó que “este grupo tiene relación con el grupo que ha generado violencia en Chile y con los que obstaculizaron a la Justicia en el caso Maldonado”. Indicó que son aproximadamente veinte personas “muy radicalizadas, que usan la violencia y que no parecen tener ningún interés en negociar ni en llevar una negociación razonable con los argentinos”.