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Colombia: a un año de la Paz surgen dudas por la continuidad del acuerdo

Expertos consideran que solo el 17% del entendimiento se ha cumplido. Quejas de los ex guerrilleros por incumplimientos e incertidumbre sobre la continuidad tras las elecciones 2018.

Se cumplió este viernes un año de la firma del acuerdo de Paz en Colombia entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano que puso fin a más de 50 años de conflicto armado. Pero, lejos de haberse consolidado, el proceso sigue generando controversias y este viernes el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el líder de las Farc -reconfiguradas ahora como un partido político llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-, Rodrigo Londoño (a) Timochenko, quien expresó la preocupación de los ex guerrilleros por los incumplimientos al tratado.

 

El Instituto Krock, de la Universidad de Notre Dame, encargado por el gobierno colombiano y las FARC para verificar la implementación del acuerdo de paz de La Habana, dijo en un reciente informe que solo se ha completado el 17% de lo pactado. Mientras el gobierno colombiano es optimista, los portavoces de las FARC hacen fuertes reparos.

 

Puntualmente, la principal queja de Timochenko tiene que ver con la aplicación de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue creada para atender los casos derivados del conflicto pero que, por demoras en el Senado y una sentencia de la Corte Constitucional (la Suprema Corte de Colombia), ha visto recortadas sus facultades poniendo en peligro la virtual amnistía que implicaba el acuerdo de paz para los ex guerrilleros, excepto que se les comprobaran delitos comunes y permitiendo además que, por ejemplo, los paramilitares, salvo decisión propia, no participen de los juicios destinados a conocer lo sucedido durante la guerra.

 

No solo esto. Timochenko también reprochó a Santos el asesinato de más de un centenar de líderes sociales y de ex guerrilleros en manos de bandas criminales no identificadas. Estos episodios tienen especial sensibilidad en Colombia, ya que el anterior acuerdo de paz firmado por las FARC en los 80 fracasó precisamente por la matanza masiva a la que se vieron sometidos los guerrilleros que abandonaron las armas e intentaron participar de la vida política. Pese a esto -o tal vez por esto-, Timochenko ha insistido que no hay marcha atrás con la lucha armada para las FARC.

 

Por su parte, Santos declaró tras el encuentro que el Gobierno hizo "una revisión exhaustiva de todos los puntos" y concluyó que "el vaso está medio lleno".  "Hemos avanzado y tenemos que hacer un esfuerzo juntos para llenarlo a la mayor brevedad posible", dijo.

 

El mandatario indicó, además, que se acordó tener más reuniones para revisar los avances de la implementación de los acuerdos. "Salgo muy satisfecho de esta reunión y vamos a trabajar como venimos trabajando para que el cumplimiento de los acuerdos siga avanzando", puntualizó, optimista, el presidente colombiano.

 

Pero, lejos de ese optimismo, Santos, cuyo mandato vence en agosto de 2018, afronta los cuestionamientos que por derecha le hace su antecesor y hombre fuerte de la política colombiana, Álvaro Uribe, quien días atrás formalizó una alianza electoral con otro ex presidente, Andrés Pastrana. Ninguno de ellos puede ser candidato por restricciones constitucionales, pero pueden impulsar una candidatura opositora con chances de llegar al Palacio Nariño y poner en duda la continuidad del acuerdo de paz.

 

Recordemos que el tratado fue aprobado por el Congreso colombiano tras la derrota sufrida en el Plebiscito convocado en octubre de 2016, cuando la mayoría de los colombianos -al menos de los que fueron a votar- le dio la espalda a un acuerdo de paz respaldado no solo por el gobierno colombiano sino también por Barack Obama, la ONU, el papa Francisco y todos los líderes políticos de la región. Francisco visitó Colombia en mayo y volvió a respaldar el acuerdo, pero, pese a la fuerte presencia del catolicismo en Colombia, el tratado de paz sigue generando mucha resistencia, no solo entre la dirigencia política, sino también entre los colombianos de a pie.

 

 

LOS NÚMEROS DE LA PAZ. Sin embargo, más allá de estas vicisitudes, el tratado ha traído alivio a la castigada Colombia. De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el acuerdo ha evitado la muerte de unas 2.800 personas entre agosto de 2016 y junio de 2017. Por ejemplo, según datos oficiales, en 2002, las víctimas directas por el conflicto fueron 19.640. En 2017, esa cifra se ha reducido a 78.

 

Además, en este año, los desplazamientos forzados –7,4 millones en las cinco décadas de conflicto, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur)- “se han reducido paulatinamente: en 2012 había 233.874 desplazados al año y hoy son 48.335, una reducción del 79%”, señalan desde la ONG Unidad para las Víctimas (UV).

 

En la misma línea, desde la Fundación Paz y Reconciliación explican que las FARC contaban con 11.816 integrantes entre combatientes, militantes presos y milicianos (colaboradores no siempre armados). Casi 7.000 guerreros dejaron 8.994 fusiles en manos de la ONU. "Se entregaron 1,3 armas por desmovilizado". Para estos expertos, además, se ha reducido el territorio de la guerrilla: las FARC operaban en 242 de los 1.122 municipios, el 21% del territorio colombiano. Este año se concentraron en 26 zonas para desarmarse, es decir que desocuparon militarmente el 90% del espacio que ocupaban.

 

Por último, Colombia es el segundo país, detrás de Afganistán, con más afectados por minas antipersona. En 2012 hubo 770 víctimas y este año los mutilados o heridos son 58, un 92% menos. Se calcula que el 47% del territorio está sembrado con ese tipo de explosivos.

 

 Pero si, siguiendo la lógica de Santos, se ve el “vaso medio vacío”, además del asesinato de líderes sociales, otros números que preocupan son los de los disidentes que se negaron a entregar las armas. Para la ONG International Crisis Group, unos 1.000 hombres y mujeres siguen combatiendo, lo que equivale a un 9% de la exguerrilla. Para el gobierno son unos 520 combatientes (4,4%) los que se apartaron del pacto. Disidentes para unos, desertores para otros, estos grupos operan en 41 municipios y las autoridades y los expertos los vinculan más con el narcotráfico y la minería ilegal que con una lucha política.

 

También es una nota discordante la cantidad de ex guerrilleros que han abandonado las llamadas zonas de reincorporación socioeconómica, donde se los trata de capacitar para reinsertarlos a la vida civil, Unos 3.600 exguerrilleros se han ido en la mayoría de los casos por "pérdida de confianza" en el proceso o porque decidieron volver con sus familias, según la Misión de Verificación de la ONU. La cifra representa nada menos que el 45% de los 8.000 exguerrilleros y milicianos que se congregaron para el desarme.

 

Y el dato final es tal vez el más preocupante. Aunque una de las razones que empujaron el acuerdo de paz fue la lucha contra el narcotráfico y se han erradicado varios miles de hectáreas sembradas con coca, materia prima de la cocaína, la cantidad total se ha multiplicado. Al inicio del proceso de paz, Colombia tenía 47.000 hectáreas sembradas, pero al cierre de las negociaciones los narcocultivos se habían triplicado hasta alcanzar las 146.000 hectáreas. ¿Razones?. Hay quienes señalan que el espacio dejado por las Farc alentó a nuevos traficantes, que los esfuerzos del Estado por la sustitución son sustancialmente inferiores a las presiones de los narcos e incluso que la valorización del dólar puede haber contribuido al aumento.  

 

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