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Apelando a la prisión preventiva, la Justicia brasileña encarceló a dos ex mandatarios. Por otra parte, el presidente interino parece poner freno a su afán reformista y buscar el gradualismo.
Por 22/11/2017 18:09

Aplicando la polémica prisión preventiva, la lista de políticos presos en Brasil sumó hoy dos nuevos nombres: la pareja de ex gobernadores del emblemático estado de Río de Janeiro Anthony Garotinho (1999-2002) y Rosinha Matheus (2003-07). Ambos fueron detenidos por orden de un juez electoral, acusados de simular un contrato ficticio de tres millones de reales (un millón de dólares) para campañas electorales entre los años 2010 y 2016.

El Estado de Río –quebrado económicamente y sobreviviendo solo con ayuda federal para pagar sueldos– también tiene ya presos por delitos de corrupción, desde comienzos de la semana, al presidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Picciani -padre del actual ministro de Transportes, Leonardo Picciani- y a los legisladores Paulo Melo y Edson Albertassi. Asimismo, cumple prisión el ex gobernador Sergio Cabral (2007-2014), acusado de liderar una red de corrupción que desvió millones de dólares durante su gestión. Todos del partido gobernante, el histórico PMDB.

La detención de la pareja de ex mandatarios fue posible por el sistema de delación premiada. En este caso, quien utilizó esta figura es el ex director de Relaciones Institucionales del frigorífico JBS Ricardo Saud, quien admitió haber firmado un contrato ficticio de tres millones de reales al grupo político del matrimonio para uso en campañas electorales. La detención forma parte de un desdoblamiento de la operación "Chequinho", que investiga la compra de votos en la elección para la alcaldía de Campos en 2016 mediante un programa social llamado Cheque Ciudadano.

Los ex gobernadores, actualmente en el conservador Partido de la República (PR), fueron detenidos en sus residencias, él en Río de Janeiro y ella en Campos, ciudad del litoral norte del estado que fue gobernada por Matheus hasta enero de este año, por agentes de la Policía Federal.

 

 

Tal como sucedió en Argentina con las detenciones del ex vicepresidente Amado Bodou y el ex ministro Julio de Vido, la Justicia brasilera apela a la posible obstrucción de la investigación como argumento para justificar la preventiva. En la petición, la Fiscalía afirmó que la organización criminal comandada por la pareja continúa en actividad e intenta intimidar a testigos y obstruir las investigaciones.

Garotinho ya había sido arrestado en noviembre del año pasado bajo la acusación de compra de votos y provocó una polémica debido a que intentó resistirse a la policía y se negó a abandonar el hospital en el que supuestamente recibía un tratamiento. Dos días después de su detención, fue liberado por orden de otro juez. En septiembre pasado volvió a ser detenido por un magistrado que ordenó su prisión domiciliaria y retirado a la fuerza de la cabina de una radio desde la que transmitía su habitual programa de comentarios políticos.

El empresario Saud, en tanto, aceptó colaborar con diferentes investigaciones sobre corrupción en Brasil a cambio de reducciones de sus posibles condenas y confesó que los “aportes” a la pareja eran parte de un total de 20 millones de reales (unos 6,25 millones de dólares) que la empresa JBS aceptó darle al PR de forma ilegal para financiar sus campañas electorales en 2014.

 

Presidente interino Michel Temer.

 

GRADUALISMO. Por otra parte, el presidente interino Michel Temer pareció dar marcha atrás con la anunciada reforma previsional que, entre otros puntos, buscaba extender la edad jubilatoria a 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, con 44 de aportes. La medida había sido propuesta por el FMI junto al arancelamiento universitario y el congelamiento de sueldos de empleados públicos como instrumentos para la reducción del déficit.

Tras declaraciones del presidente de la Cámara de diputados, Rodrigo Maia, acerca de las dificultades para conseguir los votos necesarios para aprobar la medida –al menos 308 sobre un total de 513–, Temer indicó que la reforma “quedará para 2018”. Esta decisión, sumada al decreto suavizador de la reforma laboral firmado la semana pasada, pone a Temer en una posición más cercana al gradualismo reformista que lleva adelante el gobierno argentino de Mauricio Macri, que a su inicial impronta de avanzar a fondo con medidas pro mercado destinadas a achicar el déficit fiscal y –en teoría– recuperar el crecimiento económico y bajar la desocupación.

Los números que avalan esta posición son por ahora modestos. En ese sentido, el Banco Central brasilero informó este martes que la actividad económica creció el 0,58% en el tercer trimestre de este año frente al segundo y, aunque se ratifican tres trimestres seguidos de expansión tras la recesión en que se hundió el país en 2015 y 2016, no es un crecimiento que permita festejar demasiado. La actividad económica ya había crecido un 1,1 % en el primer trimestre de este año y un 0,39 % en el segundo.

En 2018 habrá elecciones en Brasil y parece más difícil conseguir número para reformas impopulares, en un Congreso donde muchos de sus miembros aspirarán a la reelección o a ocupar otros cargos electivos. Las opciones principales por ahora son el ex presidente Lula da Silva –pendiente de una confirmación en segunda instancia de una condena por corrupción- y el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien busca acercarse a las posiciones pro-mercado cuyos candidatos no despegan y a quienes la prensa llama, burlonamente, los “siete enanitos”.

En Río de Janeiro ya hay tres ex gobernadores presos por corrupción

Apelando a la prisión preventiva, la Justicia brasileña encarceló a dos ex mandatarios. Por otra parte, el presidente interino parece poner freno a su afán reformista y buscar el gradualismo.

Aplicando la polémica prisión preventiva, la lista de políticos presos en Brasil sumó hoy dos nuevos nombres: la pareja de ex gobernadores del emblemático estado de Río de Janeiro Anthony Garotinho (1999-2002) y Rosinha Matheus (2003-07). Ambos fueron detenidos por orden de un juez electoral, acusados de simular un contrato ficticio de tres millones de reales (un millón de dólares) para campañas electorales entre los años 2010 y 2016.

El Estado de Río –quebrado económicamente y sobreviviendo solo con ayuda federal para pagar sueldos– también tiene ya presos por delitos de corrupción, desde comienzos de la semana, al presidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Picciani -padre del actual ministro de Transportes, Leonardo Picciani- y a los legisladores Paulo Melo y Edson Albertassi. Asimismo, cumple prisión el ex gobernador Sergio Cabral (2007-2014), acusado de liderar una red de corrupción que desvió millones de dólares durante su gestión. Todos del partido gobernante, el histórico PMDB.

La detención de la pareja de ex mandatarios fue posible por el sistema de delación premiada. En este caso, quien utilizó esta figura es el ex director de Relaciones Institucionales del frigorífico JBS Ricardo Saud, quien admitió haber firmado un contrato ficticio de tres millones de reales al grupo político del matrimonio para uso en campañas electorales. La detención forma parte de un desdoblamiento de la operación "Chequinho", que investiga la compra de votos en la elección para la alcaldía de Campos en 2016 mediante un programa social llamado Cheque Ciudadano.

Los ex gobernadores, actualmente en el conservador Partido de la República (PR), fueron detenidos en sus residencias, él en Río de Janeiro y ella en Campos, ciudad del litoral norte del estado que fue gobernada por Matheus hasta enero de este año, por agentes de la Policía Federal.

 

 

Tal como sucedió en Argentina con las detenciones del ex vicepresidente Amado Bodou y el ex ministro Julio de Vido, la Justicia brasilera apela a la posible obstrucción de la investigación como argumento para justificar la preventiva. En la petición, la Fiscalía afirmó que la organización criminal comandada por la pareja continúa en actividad e intenta intimidar a testigos y obstruir las investigaciones.

Garotinho ya había sido arrestado en noviembre del año pasado bajo la acusación de compra de votos y provocó una polémica debido a que intentó resistirse a la policía y se negó a abandonar el hospital en el que supuestamente recibía un tratamiento. Dos días después de su detención, fue liberado por orden de otro juez. En septiembre pasado volvió a ser detenido por un magistrado que ordenó su prisión domiciliaria y retirado a la fuerza de la cabina de una radio desde la que transmitía su habitual programa de comentarios políticos.

El empresario Saud, en tanto, aceptó colaborar con diferentes investigaciones sobre corrupción en Brasil a cambio de reducciones de sus posibles condenas y confesó que los “aportes” a la pareja eran parte de un total de 20 millones de reales (unos 6,25 millones de dólares) que la empresa JBS aceptó darle al PR de forma ilegal para financiar sus campañas electorales en 2014.

 

Presidente interino Michel Temer.

 

GRADUALISMO. Por otra parte, el presidente interino Michel Temer pareció dar marcha atrás con la anunciada reforma previsional que, entre otros puntos, buscaba extender la edad jubilatoria a 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, con 44 de aportes. La medida había sido propuesta por el FMI junto al arancelamiento universitario y el congelamiento de sueldos de empleados públicos como instrumentos para la reducción del déficit.

Tras declaraciones del presidente de la Cámara de diputados, Rodrigo Maia, acerca de las dificultades para conseguir los votos necesarios para aprobar la medida –al menos 308 sobre un total de 513–, Temer indicó que la reforma “quedará para 2018”. Esta decisión, sumada al decreto suavizador de la reforma laboral firmado la semana pasada, pone a Temer en una posición más cercana al gradualismo reformista que lleva adelante el gobierno argentino de Mauricio Macri, que a su inicial impronta de avanzar a fondo con medidas pro mercado destinadas a achicar el déficit fiscal y –en teoría– recuperar el crecimiento económico y bajar la desocupación.

Los números que avalan esta posición son por ahora modestos. En ese sentido, el Banco Central brasilero informó este martes que la actividad económica creció el 0,58% en el tercer trimestre de este año frente al segundo y, aunque se ratifican tres trimestres seguidos de expansión tras la recesión en que se hundió el país en 2015 y 2016, no es un crecimiento que permita festejar demasiado. La actividad económica ya había crecido un 1,1 % en el primer trimestre de este año y un 0,39 % en el segundo.

En 2018 habrá elecciones en Brasil y parece más difícil conseguir número para reformas impopulares, en un Congreso donde muchos de sus miembros aspirarán a la reelección o a ocupar otros cargos electivos. Las opciones principales por ahora son el ex presidente Lula da Silva –pendiente de una confirmación en segunda instancia de una condena por corrupción- y el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien busca acercarse a las posiciones pro-mercado cuyos candidatos no despegan y a quienes la prensa llama, burlonamente, los “siete enanitos”.