La reforma laboral que entró en vigencia en Brasil el pasado 11 de noviembre, que modifica sustancialmente la legislación en curso sobre el área desde 1943, fue modificada por un decreto firmado por el presidente provisorio Michel Temer, que “suaviza” algunos de los aspectos más controvertidos de una medida polémica que busca bajar las crecientes tasas de desempleo – arriba del 13% - pero concita el rechazo de los gremios que representan a los trabajadores a la vez que el respaldo de las centrales empresariales.
El decreto, denominado Medida Provisoria, fue firmado el 14 de noviembre y autoriza, por ejemplo, a mujeres embarazadas a trabajar en lugares considerados medianamente o mínimamente insalubres, si lo desean, pero exige que presenten un certificado médico que autorice la actividad.
La medida también introduce cambios para los contratos que prevén 12 horas de trabajo por 36 de descanso seguidas. Antes, ese modelo podía ser acordado directamente entre el trabajador y el empresario, pero ahora esta negociación necesita pasar por un acuerdo colectivo vía sindicatos. El texto también cubre el trabajo intermitente y regulariza esa modalidad al describir que en esa categoría el carnet de trabajo debe indicar el valor de la hora o del día de trabajo de los empleados, así como el plazo para el pago de la remuneración.
Finalmente, el decreto prohíbe contratos que exijan exclusividad en la prestación de los trabajadores autónomos y contempla modificaciones referidas al daño moral.
El decreto firmado por Temer establece que el cálculo en casos de condena por daños morales tendrá en cuenta los valores de los beneficios pagados por el Régimen General de Previsión Social y ya no más el último salario recibido por el trabajador.
Publicada en el Boletín Oficial, la medida alivia situaciones que habían sido consideradas excesivas en la flexibilización laboral por parte de un ala del gobernante Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), fuerza a la cual pertenece Temer pero que contiene un variopinto ideológico que le ha permitido ser parte de todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia en 1984.
Pero esta decisión le generó a Temer un conflicto con el número dos en la línea sucesoria, el titular de Diputados, Rodrigo Maia(del centroderechista Partido Demócratas), quien se quejó de que estas correcciones a la ley que entró en vigor el sábado último no se hagan mediante un proyecto tradicional, lo cual requeriría más tiempo de debate. Si el decreto provisorio, que está en vigor, no es votado dentro de los próximos 120 días, pierde su efecto. Incluso, afirmó que cambiar por decreto una ley de la magnitud de la reforma laboral puede ser "inconstitucional".
Por su debilidad de origen – llegó al poder tras la cuestionada destitución de la presidenta Dilma Rouseff siendo su vicepresidente – y sobre todo por las fuertes denuncias de corrupción que tiene en su contra, Temer es sumamente dependiente del Congreso, que es donde se definen a favor o en contra los pedidos de juicio político. A Rouseff le votaron a favor y Temer ya zafó en dos votaciones tras sendos pedidos de la Justicia brasileña.
LA ONDA EXPANSIVA. Pero, más allá de estas rivalidades de Palacio en la alianza gobernante, la puesta en marcha de la reforma tiene un impacto no solo a nivel local sino también regional. En Argentina, el Gobierno acaba de anunciar un acuerdo con los sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) para avanzar también en una reforma de las leyes laborales y en Chile, el favorito para las elecciones del domingo próximo, el centroderechista Sebastian Piñera, tiene la reforma laboral como una de sus promesas de campaña. En Uruguay, en tanto, los sindicatos llamaron a una huelga de media jornada en protesta por las reformas en sus países vecinos entendiendo que tarde o temprano el efecto llegará a las costas orientales.
Macri y Piñera, al igual que Temer, promueven estas reformas – que no son las mismas en los tres países - como un remedio al creciente desempleo y una adecuación al mercado laboral del siglo XXI, afectado por los avances tecnológicos y la competencia de la mano de obra barata de los países asiáticos. En Uruguay, el centroizquierdista Tabaré Vázquez no tiene en agenda medidas similares pero el gobierno ha señalado varias veces como en la frontera con Paraguay, las empresas uruguayas se mudan dada la baja de los costos laborales y sobre todo salariales del país guaraní, generando un perjuicio difícil de solucionar a los trabajadores charrúas.
Es ostensible entonces que el debate de fondo no se agota en el sí o el no a la reforma en cada país, sino que tiene implicancias regionales. Uno de los argumentos preferidos de los economistas pro-mercado en Argentina es que el país no puede quedar en desventaja frente a las oportunidades que abre Brasil con su reforma a las inversiones. El agotamiento del modelo pro-estado llevado adelante por las anteriores gestiones tanto en Brasil como en Argentina llevó a que recobraran vigencia las teorías pro-mercado como salida a situaciones conflictivas siempre vigentes en la región.
Si el mercado interno es insuficiente por los cuellos de botella que genera la dependencia de divisas externas y la tecnología y la mano de obra barata asiática dificultan la competencia. ¿Cuál es la alternativa viable a las reformas? Hay un desafío irresoluto por ahora para los espacios populares o de centroizquierda. No hay alternativas viables al capitalismo y éste avanza en la región y en el mundo hacia la reducción de las leyes de protección laboral creadas al calor (y por el temor al comunismo) de la guerra fría.
Los gobiernos populistas de la región fueron fértiles en gestiones de ampliación de capacidad de consumo y de derechos y libertades, pero económicamente no pudieron hacer reformas sustanciales en materia de servicios públicos ni romper la dependencia histórica de la región con los productos primarios. La baja del precio de los mismos acompañó y prohijó su caída al margen del impacto de los episodios de corrupción.
Los líderes pro-mercado de la región no buscan ya una justa distribución del ingreso sino volver a la senda del crecimiento económico y generar empleos que bajen la pobreza extrema sin que eso implique movilidad o ascenso social. El viejo lema positivista inscripto en la bandera brasileña vuelve a tomar vigencia como horizonte para la elite económica: Orden y Progreso.
