La compleja situación política de Brasil repercute y repercutirá inevitablemente en la Argentina ya que, además de vecino, el gigante del sur es el principal socio comercial del país y –duras lecciones mediante– los argentinos ya han aprendido que la economía y la política están indisolublemente ligadas.
En ese marco, es imprescindible poner el ojo en la realidad brasilera, donde, al pedido de prisión preventiva para el ex presidente Ignacio “Lula” Da Silva, se suma la condena a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, poderoso empresario de la construcción cuyo equivalente en la Argentina serían Paolo Rocca o Eduardo Constantini, en cuanto a poder y rubro.
El camino judicial es el más visible para recorrer. El llamado operativo “Lava Jato” que lleva adelante el Juez federal en primera instancia Sergio Moro aborda un clásico de la corrupción política: empresas contratistas del Estado que, en contraprestación por los contratos obtenidos, devuelven en forma de soborno parte de lo –mucho– recibido. Derivado de esto, además de la coima en sí y el enriquecimiento ilícito, hay denuncias de lavado de dinero y financiamiento ilegal de la política.
El sistema judicial brasilero –símil el norteamericano– contempla la llamada “delación premiada”, esto es: si el detenido inculpa a los que estaban por encima de él en la cadena de responsabilidades del delito y devuelve el dinero mal habido, se le reduce considerablemente la pena. En el caso puntual de la acusación contra Lula, se habla de que habría un ex senador oficialista delatándolo y, en el caso de Odebrecht, se dice que lo abultado de la pena es porque no abrió la boca para delatar a nadie (léase a Lula).
Lo que es más complejo de dilucidar es el costado político, que, por supuesto, lo tiene. Delitos como éstos los hay, los ha habido y probablemente los habrá en cantidades en nuestra región. De hecho, en Chile está en marcha un proceso similar por facturas truchas que escondían financiamiento político. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué a Lula?
En el oficialismo brasilero, la defensa oficial es primero la inocencia total y absoluta del ex mandatario y también de la presidenta Dilma Rouseff, y, segundo, la acusación al Juez Moro en particular y a sectores de la Justicia en general de ser arietes de una ofensiva de la oposición para derrocar a la jefa de Estado con el llamado método del “golpe suave”. Los medios de comunicación, puntualmente la poderosa Red O’ Globo, son –según el PT– la otra pata del putch, dándole formato de “espectáculo” al “Lava Jato” y disimulando las citaciones a dirigentes opositores involucrados.
Pero ya en voz baja hay otros argumentos. Reconocen que se puede haber desviado dinero de manera ilegal, pero lo justifican con la histórica necesidad de financiar la política. Algo de eso dicen que le explicó Lula al ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, aunque el oriental luego lo desmintiera.
En línea con esa argumentación, las miradas petistas apuntan –al decir de CFK– al “Norte” y recuerdan las denuncias del ex agente de la NSA Edward Snowden sobre espionaje a Rouseff y a la empresa Petrobras, precisamente eje de la causa judicial en ciernes. EE.UU. reconoció el espionaje y el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, le pidió disculpas a Rouseff.
Hay más. Odebrecht Construcciones fue parte constitutiva del crecimiento de los BRICS y, en ese marco, ganó la licitación para, por ejemplo, reformar y modernizar el puerto de Mariel en Cuba (el de los famosos “marielitos” de la década del 80), que, en el marco del restablecimiento de relaciones entre Cuba y EE.UU., amenaza con convertirse en un rival de peso para el puerto de Miami. El Miami Herald cuestionó varias veces la viabilidad “ecológica” de la obra de Mariel.
¿Más? Sí, hay más. Fuentes diplomáticas dan por cierto que en EE.UU. nunca digirieron bien el no al ALCA expresado en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en 2005. ¿Quiénes fueron los gestores de ese rechazo al plan de libre comercio norteamericano? Néstor Kirchner, Hugo Chavéz y Lula. Pero ese rechazo se sustentó también en gran parte del empresariado brasilero, argentino y venezolano que, como Odebrecht, veían más negocio en el crecimiento de sus mercados de origen que en una zona de libre comercio continental y actuaron en consecuencia.
Por último, para sustentar esta teoría, se recuerda que el CV de Moro incluye que cursó un programa para instrucción de abogados en la Harvard Law School (Estados Unidos) y participó en el "Programa para Visitantes Internacionales" organizado en 2007 por el Departamento de Estado norteamericano, especializado en la prevención y el combate al lavado de dinero.
Pero todas estas maravillosas sumas de casualidades no tan casuales resultan insuficientes para explicar el crecimiento patrimonial de gran parte de la dirigencia del PT, incluido el propio Lula. Y ahí es donde resulta más vulnerable el argumento petista de la necesidad de financiamiento para “poder hacer política”. Desde que el mundo es mundo, se necesitaron recursos para hacer política y durante muchos años, en nuestra región, los cargos públicos los ocupaban casi excluyentemente integrantes de familias adineradas.
Eso, según el diccionario, es una oligarquía (“Sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada”) y fue combatida en nuestra región por distintos movimientos populares, como, por ejemplo, el PT brasilero.
La necesidad de financiamiento para dar esa batalla política y poder gobernar explicaría, aunque no justifica, la desviación de fondos públicos. Pero ¿cómo justificar y explicar la desviación hacia el bolsillo individual, que es la que fundamenta, en parte, el rechazo de amplios sectores populares en Brasil al otrora adorado Lula, que lo primero que dijo tras su citación forzada a declarar fue una frase ambigua: “soy más honesto que ellos”?
¿Alcanza con la teoría del golpe suave? ¿Alcanza con la evidente campaña mediática de desprestigio? La comparación con los próceres de la independencia, a la que son tan afectos los líderes del progresismo populista de este siglo, los perjudica. Los que no terminaron presos murieron en la absoluta pobreza.
Pero tal vez por eso la oposición brasilera salió a decir que pedir la prisión de Lula era un exceso. El propio ex líder metalúrgico explicó la disyuntiva: “Preso soy héroe, muerto soy mito, libre vuelvo a ser presidente”. Curiosamente, el espejo le devuelve la imagen de Leopoldo López en Venezuela.