En una carrera contrarreloj para evitar que la venta de los terrenos de Catalinas Sur salpique la campaña electoral, el macrismo puso en marcha varias estrategias simultáneas para contener el creciente descontento vecinal.
Con el proyecto que habilita la construcción de torres en dos manzanas y medias de terrenos fiscales aprobado en primera lectura en la Legislatura porteña, el Gobierno nacional tomó contacto con autoridades del club Darling, uno de los actores que resultarían más afectados si prospera la iniciativa oficial.
A puertas cerradas, técnicos de la Agencia Administrado de Bienes del Estados (AABE) recibieron a miembros de Comisión Directiva del club para tratar de evitar la más que probable judicialización del conflicto.
La reunión, confirmada a LetraP por miembros del club y por funcionarios nacionales, tuvo como objetivo concretar un primer acercamiento y se realizó cinco días después del visto bueno legislativo en oficinas de la AABE en "un muy buen clima", como describió uno de los asistentes.
Sin embargo, las posiciones no variaron mucho.
"Más que hacernos una propuestas, los funcionarios trataron de convencernos que nos convenía dejar el terreno a cambios de mejoras en el club" confió un miembro de Darling, en relación al predio de casi una hectárea, propiedad de la Administración General de Puertos, que desde hace 33 años explota a través de un permiso de uso y el pago de su canon correspondiente.
La propuesta de la AABE fue bajar el reclamo de permanecer utilizando el predio, o incluso comprarlo, una salida que propone la Comisión Directiva, para poder acceder a recursos para "modernizar" el club que el año que viene cumplirá 100 años.
La propuesta informal incluyó la eventual financiación para construir estacionamientos subterráneos propios o la utilización de los que se construyan en el desarrollo inmobiliario planificado, la construcción de un gimnasio en elevación dentro del predio del Darling e incluso la posibilidad de techar las canchas de tenis.
La campaña en redes para frenar la venta del Darling.
La respuestas de los emisario del club fue concreta: "Estamos en condiciones de hablar si excluyen el terreno del club del proyecto de urbanización", lo que fue recibido en buenos términos por los interlocutores que se comprometieron a hablar con las autoridades y acercar una respuesta.
La necesidad de resolver este tema sin conflictos responde básicamente al compromiso asumido con Casa Rosada por parte del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de facilitar la masiva venta de terrenos fiscales que lleva adelante la AABE, que será vendida a mayor precio con la nueva zonificiación autorizada previamente por la Legislatura.
Al mismo tiempo, el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios en puntos claves de la ciudad, son los mojones que anticipan el carácter que el nuevo Código de Planeamiento Urbano que viene elaborando el ejecutivo porteño.
Mientras tanto, los vecinos de La Boca se siguen moviendo para intentar evitar lo que creen que será un cambio definitivo en la fisonomía del barrio.
Al reclamo de una docena de organizaciones para que la Audiencia Pública, que precede a la segunda votación parlamentaria, se haga en el propio barrio, se sumó un petitorio en la red para expresar el rechazo, que ya fue firmado por más de 800 vecinos de la zona.
En una demostración de su interés por resolver el tema sin sobresaltos, el Gobierno de la Ciudad comenzó a difundir este lunes la invitación a la Audiencia Pública que fijó para el 7 de noviembre, 10 días después de las elecciones.
La consigna bajada por el Ejecutivo es no asumir riesgos de cara a las elecciones del 22 de octubre. En agosto, los resultados de las elecciones en la Comuna 4 favorecieron claramente a la lista oficialista Vamos Juntos, que consiguió casi el 42% de los votos, con resultados particularmente favorables en Catalinas Sur.
Pero también es una realidad que en una de las Comunas en las que el kirchnerismo consiguió sus mejores resultados, la fórmula encabezada por Elisa Carrió quedó más de 6 puntos por debajo del promedio de la ciudad.
En la Legislatura no cayó nada bien que fuera el Ejecutivo el que fijara y difundiera la fecha, ya que por tratarse de una audiencia pública que se realiza en el marco de una votación de doble lectura, es potestad del ex Concejo Deliberante hacer la convocatoria.
Pese a que la web oficial del Gobierno porteño difunde la audiencia pública, e informa que quienes quieran participar deben inscribirse en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, la actividad no fue publicada en el Boletín Oficial ni está incluida dentro de la agenda parlamentario de la Legislatura.