Lobby: nerviosos por causas de corrupción, los empresarios impulsan una ley propia

Hay entre las dos iniciativas algunos puntos de contacto, pero las urgencias en el caso de los empresarios son analizables sólo con una lupa en la actual coyuntura. “Vamos a hablar con los partidos políticos para mostrarles qué es lo que nosotros vemos. Creemos que para el futuro del país lo mejor es que se transparenten las gestiones”, contó a Letra P uno de los hombres fuertes de una de las cámaras que integran el Grupo de los Seis (G-6). Para ellos, los tiempos apremian: entienden que las derivaciones de causas judiciales van a seguir poniéndolos en el ojo de la tormenta y saben que muchos deberán testimoniar ante la Justicia por maniobras que, con una ley, quedarían exentas de cuestionamientos. Los empresarios confirmaron que el modelo debe ser el de las normas que usan “los países desarrollados”. Pero lo cierto es que la jerarquía del país no es parámetro para medir este tipo de iniciativas. Sin ir más lejos, Alemania, la nación más fuerte y con más poder dentro del bloque europeo, no tiene Ley de Lobby; mientras que México sí. Entre los países limítrofes, Chile la utiliza y el dato no es menor: es uno de los referentes que el macrismo observa como modelo no sólo económico sino regional, desde los años del ex Socma al frente de la Jefatura de Gobierno porteña y de su par empresario Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. Los más activos en la ley del Cicyp son el histórico jefe de la Bolsa, Adelmo Gabbi, y el abogado de la entidad, Alberto García Lema.

EL PLAN CAMBIEMOS. Por otra parte, fuentes que trabajan con Adrián Pérez detallaron que la Ley de Lobby es el próximo paso luego de que se aprobara la ley de Acceso a la Información Pública y se terminara la reforma política. Hoy en día, los equipos técnicos están centrados en analizar, justamente, legislación comparada.

El caso chileno está entre esos papeles: la ley trasandina hace una diferenciación entre lobistas, que cobran una remuneración por las operaciones, y aquellos denominados “gestores de intereses particulares” que pueden influir en decisiones oficiales sin percibir dinero. Por razones obvias, y como ocurre en muchos países, habrá en la ley oficial un registro de este tipo de personajes. De esta manera, se busca ordenar un sistema que hoy funciona efectivamente en forma subterránea, con asesores, lobistas, intermediarios y hasta los propios empresarios operando con las fuerzas políticas para modificar el statu quo en su propio beneficio.

Casi a diario, los políticos –cualquiera sea el escalafón- reciben visitas, consultas y presiones, a veces consentidas. En el pasado reciente hay casos casi blanqueados, como el de la Unión Industrial Argentina (UIA) en contra del proyecto del legislador y abogado laboralista Héctor Recalde sobre distribución de dividendos de empresas entre sus trabajadores. O la propia ley anti-despidos. También hay casos particulares y menos conocidos: como el lobby que implementaron las empresas de medicina prepaga sobre el actual encargado del Plan de obras Belgrano, José Cano. El tucumano, que supo ocupar la presidencia de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, recibió modificaciones de la norma a la medida de las empresas. Por publicaciones periodísticas, debió volver atrás con cambio muy marcados que favorecían a los empresarios. Claramente, el lobby va en los dos sentidos, dado que existen en paralelo casos innumerables de lobistas propios del sector político.

Cabe destacar que de la reunión del Cicyp participaron dos hombres fuertes del Gobierno: el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, y el de Interior, Rogelio Frigerio. Ambos, al tanto del tema. Resta saber si en algún momento los dos proyectos confluirán en una sola iniciativa.

ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA. El caso más emblemático de blanqueo del lobby es, sin dudas, el de Estados Unidos. Por lo general, estas iniciativas son producto de desbordes con lobistas, situaciones que obligan a plantear un esquema de controles a la actividad. En 1995, el Congreso estadounidense sancionó la Lobbyng Disclosure Act, un texto que llamaba a las empresas de la actividad a dar a conocer resúmenes de actividad de manera semestral, además de gastos y pagos. Luego, en 2007, tras un hecho de corrupción de un reconocido lobista, se aprobó otra norma endureciendo los controles. El punto central de la modificación establecía que no podían ejercer como lobistas congresistas o empleados hasta después de dos años de abandonar el cargo.

Hace unos años, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dio una charla sobre el tema Mark Fagan, especialista de la Universidad de Harvard. Puso blanco sobre negro y dijo que el lobby es un gran negocio y que las ONG americanas invierten casi cuatro millones de dólares en este tipo de acciones. Y precisó que hay allí tres tipos de lobby: el lobby “In The House”, el de las empresas en favor propio, las compañías grandes que solo se dedican al lobby, y una tercera variante de firmas pequeñas que juegan individualmente.

En el año 2014, luego de señales de desborde en la actividad, se empezó a analizar la regulación del lobby en España. Hay allí una asociación que los nuclea, pero no están reconocidos por el Parlamento ni registrados en una base de datos visible.