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En la prensa habían denunciado que durante el kirchnerismo había funcionado un sistema de retornos, pero frente al fiscal federal Federico Delgado se echaron atrás: dijeron que no les consta.
Redacción 27/06/2016 15:02

El presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack, y el ex titular de la UIA Héctor Méndez aseguraron este lunes en la Justicia que "no" les "consta" que haya habido "retornos" en la asignación de obras públicas durante el kirchnerismo.

Chediack y Méndez habían declarado al periodismo, la semana pasada, que en las concesiones de obras públicas durante el gobierno de Cristina Fernández había corrupción y pagos adelantados a las empresas de Lázaro Báez y que la presidenta sabía de aquellas irregularidades.

A raíz de esos dichos, el fiscal federal Federico Delgado, que tiene a su cargo la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del detenido ex secretario de Obras Públicas José López, les tomó declaración testimonial a ambos empresarios. 

Como informó Letra P el viernes pasado, la convocatoria a declarar en calidad de testigos había puesto en alerta al empresariado, pero el temor resultó, aparentemente, infundado.

Fuentes judiciales citadas por la agencia DyN señalaron que el representante del Ministerio Público les preguntó a los testigos si sabían que haya habido coimas a funcionarios mientras López se desempeñó como secretario de Obras Públicas, entre 2003 y 2015, y ambos contestaron lo mismo: "No me consta".

"Lo que he dicho en las declaraciones radiales es que queda en claro que a las empresas del grupo Austral o de (Lázaro) Báez se les pagaba en forma distinta al resto de los contratistas en términos más cortos y aparentemente con anticipo", testificó Chediack.

"Sin perjuicio de ello, no soy yo ni la Cámara Argentina de la Construcción la que tiene esa información", se excusó.

A Méndez, el fiscal le preguntó por sus afirmaciones acerca de sobornos previos a la adjudicaciones de obras públicas y contestó: "Se decía Movicom en lo que respecta al 15% de comisiones que aparentemente cobraban los funcionarios públicos para que los empresarios pudieran adjudicarse licitación de obra pública".

De todos modos, el propietario de la empresa Conarsa avisó: "Realicé declaraciones en un tema que era de dominio público”, pero las describió como " un comentario general". "Yo no participé de ningún negocio con el Estado", se excluyó.

En cuanto a su afirmación periodística acerca de que él mismo fue " cómplice de muchas cosas", Méndez indicó que se refería "al destrato de los funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández" que debió "soportar como presidente de la UIA, mirando hacia otro lado, para que mis representados no se vean perjudicados."

"El pacto de silencio era tácito porque nadie investigaba ni preguntaba cómo era la relación entre cada uno de los empresarios con los funcionarios públicos. Cada compañía maneja su silencio con el Estado", redondeó.