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Aprueban protocolo de actuación para relocalizaciones

Apela a la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Se realiza luego de que el juez Arias ordene a la Provincia relocalizar familias impactadas por la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata.

El Gobierno bonaerense aprobó la creación de un protocolo de actuación para casos de relocalizaciones. Así lo dispone la Resolución 22 del Ministerio de Infraestructura publicada este martes en el Boletín Oficial, apelando a “resolver en forma paulatina el déficit urbano habitacional, priorizando aquellas familias con pobreza crítica y necesidades extremas”. Esta medida surge para dar respuesta a lo estipulado por la Ley de Acceso Justo al Hábitat y semanas después de que el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luís Arias, ordene a la Provincia y los municipios de Berisso y la capital provincial relocalizar a familias que viven a la vera de arroyos y fueron afectadas por la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata y alrededores.

 

El texto establece como Autoridad de Aplicación de este protocolo a la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, quien actuará como ente coordinador entre los distintos organismos públicos provinciales intervinientes, municipios y hogares a ser relocalizados.

 

Con esta sanción se remarca dar “pleno cumplimiento a lo de establecido en la Ley 14.449 (Acceso Justo al Hábitat) y su Decreto Reglamentario 1.062/13, elaborando un Protocolo de Intervención en materia de Relocalización en coordinación con el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat”.

 

Al regular los procedimientos específicos que deben tenerse en cuenta en los procesos de relocalización, se dispone como criterios de priorización aquellas relocalizaciones requeridas por obra pública y situaciones de extrema vulnerabilidad social y/o ambiental.

 

DETALLES DEL PROTOCOLO. Asimismo, se detalla que el presente protocolo “se aplicará sin más trámite a partir de quedar firme el acto administrativo que disponga la relocalización y hasta la efectiva finalización del proceso, de acuerdo a las etapas previstas en el Plan Director”, mientras que en todos los casos de relocalización sedeberá constituir una Mesa de Gestión Participativa entre el Estado y los vecinos implicados en la relocalización a través de sus representantes. En tanto, el Poder Legislativo y la Defensoría del Pueblo deberán designar un representante cada uno para integrar de modo estable la Mesa de Gestión Participativa que convocará a reuniones como mínimo una vez cada 30 días.

 

En lo que refiere al Plan Director, éste se elaborará por la Autoridad de Aplicación y “guiará el proceso de relocalización, el que será expuesto y tratado en el ámbito de la Mesa de Gestión Participativa”. Dicho Plan establecerá las pautas a seguir en materia de trazado, dimensiones de parcelas y viviendas, localización de espacios verdes y reserva para equipamientos, continuidad vial e integración con el entorno, infraestructura necesaria y parámetros urbanísticos de referencia, así como también cálculo del presupuesto necesario para su implementación, modalidad de gestión, plazos y etapas de ejecución: Características de las viviendas y/o soluciones habitacionales a proveer a los hogares sujetos a relocalización.

 

La Autoridad de Aplicación y el municipio correspondiente deberán procurar que la ubicación del predio donde se relocalizará a las familias sea lo más próxima posible a la actual localización del hogar afectado, contemplando, además, el acceso efectivo y concreto a los servicios de salud y educación. A su vez, las viviendas a proveer a las familias a relocalizar, deberán tener una clara correspondencia entre las características edilicias de las viviendas y las necesidades de los hogares relocalizados.

 

Tras realizarse un censo en conjunto con el Municipio, a fin de verificar la ocupación habitacional y las características socioeconómicas de los grupos familiares a relocalizar, y una vez obtenido el universo de hogares a relocalizar, la mudanza de las familias se realizará en la medida que se vayan terminando las viviendas o sean entregadas las soluciones habitacionales.

 

Se coordinará así en la Mesa de Gestión Participativa el procedimiento, la fecha, horarios y recursos necesarios para poder efectivizar la misma, contemplando las vicisitudes, características y necesidades particulares de las familias involucradas. Se deberá asegurar el recupero del predio relocalizado, según lo dispuesto por el Plan Director. Asimismo, las familias que se trasladen deberán dejar el inmueble libre de ocupantes y mobiliario.

 

Cumplidos los requisitos, se fijará fecha de relocalización, que, se remarcó, “deberá ser de día y con buen clima”. Luego se informará a todos los afectados en forma fehaciente de la fecha, hora y condiciones de relocalización.

 

ORDEN. Vale recordar que, semanas atrás, el juez Luís Arias, hizo lugar a la acción de amparo presentada por la titular de la Asesoría de Incapaces Nº1, Dra. Ida Scherman, y ordenó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios de La Plata y Berisso que generen soluciones habitacionales y brinden prestaciones básicas para varias familias que habitan las márgenes de los arroyos "Del Gato" y "Maldonado", y que han sido afectados durante la trágica inundación del 2 de abril de 2013.

 

De esta forma, el magistrado obliga al Ejecutivo provincial y las mencionadas municipalidades que implementen un proyecto de relocalización destinado a las familias que habitan en la cuenca de estos arroyos y hasta tanto sean relocalizados, se les provea un hospedaje transitorio. Además se deberá brindar asistencia médica a las más de 700 familias afectadas.

 

Gustavo Valdés firmó convenios con Guillermo Francos. 
Javier Milei en la Bolsa de Comercio.

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