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Extraditado Arbizu, la UIF pacta con Economía no investigar más al poder económico

La salida del ex JP Morgan hacia EE.UU. es un hito del cambio de paradigma. Ahora, foco exclusivo en la corrupción política. Un vínculo peligroso con Schoklender y Sueños Compartidos.

Este miércoles, quedará formalizada la paralización definitiva de las causas judiciales por presunto lavado y evasión que involucraban a buena parte del poder económico argentino. De allí en más, con el trasfondo de un acuerdo entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y su flamante controlante, el Ministerio de Economía, las pesquisas por delitos económicos se circunscribirán sólo a los casos “políticos”. El resto de las causas entrará en un limbo forzado, sin fecha de descongelamiento. Ese destino tendrán, por ejemplo, los casos HSBC, JP Morgan, BNP Paribas y las derivaciones del escándalo internacional Panamá Papers.

 

Este miércoles, subirá a un avión de línea de American Airlines el ex banquero del JP Morgan Hernán Arbizu, secundado por dos agentes del FBI. Su extradición a los Estados Unidos es aún un misterio virgen de exploraciones. Sobre él recaía, desde el año 2008, una causa penal en ese país por presunta usurpación de identidad y estafa millonaria contra el banco. El personaje en cuestión era un alto ejecutivo que se movía entre Buenos Aires y Nueva York casi todos los meses, buscando clientes que pretendieran fugar plata o evadir al fisco argentino. Tan exitoso fue en su encumbrada carrera que un buen día la mente lo traicionó. Lo nubló la ambición. Y trianguló dinero entre cuentas de sus clientes hasta que alguien se percató del faltante de dólares. Fue el ex dueño de Musimundo, Natalio Garber, quien puso al banco en alerta. Con Arbizu en Buenos Aires, se descubrió la estafa. A los pocos días, el ex banquero se dirigió a la Justicia y, en un acto que hasta hoy lo mantuvo en la consideración pública, se auto denunció y presentó un listado de más de 600 empresarios nacionales a los cuales había ayudado a expatriar capitales. El juez federal Sergio Torres lo escuchó. Desde aquel día a hoy, y a pesar de la frondosa documentación presentada y la confesión del delito, ninguna de las causas se movió. Y no es una figura. No hubo citaciones a declarar, ni a él ni a los involucrados.

 

Así las cosas, el 9 de abril último, Arbizu se presentó ante el juez federal Sebastián Ramos, quien cursaba su extradición, y llevó adelante lo que nadie esperaba. Le pidió al magistrado que lo enviara al exterior, que estaba dispuesto a afrontar el proceso penal en los Estados Unidos. El Gobierno nacional firmó en tiempo récord el alta para expatriarlo y lo propio hicieron los jueces federales que alguna vez apilaron papeles y documentación de su denuncia.

 

Los que a diario operan en las Justicia aseguran que la salida de Arbizu es parte de un acuerdo que alcanzó la administración Macri con el gobierno de Barack Obama. Un pacto que empezó a orquestar Estados Unidos a nivel global para mostrarse activo en causas que involucrasen delitos de guante blanco. Para lavarle la cara a un sistema judicial que, internamente en ese país, se había acostumbrado a arreglar con dinero y multas las tropelías financieras de algunos bancos globales. El primer hito de ese giro fue el FIFA Gate, en el que la fiscalía de Nueva York tuvo un rol más que activo y con impacto mundial. Y, a nivel local, el convenio se proponía mayor agilidad en pesquisas y extradiciones que pidiese Estados Unidos, además de colaboración de la DEA y el FBI en casos de interés para la Argentina, como el reciente hallazgo de Ibar Pérez Corradi en el Paraguay, una historia que sin dudas derivará en vinculaciones de la política con la mafia de los medicamentos, el financiamiento de campañas y mayores precisiones sobre el Triple Crimen de la efedrina.

 

En paralelo, la Casa Rosada aprovechó para vender la extradición de Arbizu construyendo un relato propio del mejor kirchnerismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió elaborar un flyer que circuló en redes sociales de la cartera que ella conduce. “¡Otro prófugo capturado! Esta vez: Hernán Arbizu. Delito por fraude bancario. Pedido de captura internacional”. El texto del afiche viral llamó la atención hasta de la tropa del macrismo. Al ex JP Morgan lo detuvieron en Belgrano, cerca de la residencia familiar. Jamás había intentado un escape. Él mismo había pedido la extradición y hasta hacía un mes estaba apareciendo en grandes medios de comunicación. Pero la puesta en escena no terminó allí: se acordó con uno de las empresas que Arbizu había ayudado a lavar y evadir, el Grupo Clarín, la difusión de un artículo periodístico en el cual se lo vendía como un protegido de la agrupación kirchnerista La Cámpora. Se lo describía, además, como un símbolo de la corrupción del gobierno saliente, casi a la par del ex secretario de Obras Públicas lanza valijas José López. El capítulo estaba cerrado, y la justicia federal, que se había movido al ritmo de los operadores del kirchnerismo, estaba ahora dispuesta a acompañar los deseos del nuevo gobierno para correrse de una línea de fuego peligrosa que empezaba a exponer las marchas y contramarchas de los magistrados con nombre y apellido. Respiraban todos, el Gobierno y la Justicia (ver nota aparte “Para La Nación…”).

 

LOS NEGOCIOS DE LA UIF, UN PELIGRO PARA MACRI. Otros que debían correrse de los escándalos eran los propios titulares de los organismos anti lavado, que ahora trabajaban bajo la tutela del titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay, otro ex JP Morgan investigado e imputado por presunto lavado y evasión que había construido, además, la base de su gabinete con ex compañeros de la banca especulativa, incluso ex compañeros del propio Arbizu en el Morgan.

 

El cambio de paradigma en investigaciones de delitos económicos tiene, además, una razón de fondo de extrema relevancia para el frente Cambiemos: la aprobación del blanqueo de capitales, plan de urgencia para atraer divisas que será íntegramente monitoreado por el Gobierno. El cambio de manos de la UIF, que salió de la esfera del Ministerio de Justicia, es evidencia clara de las necesidades de estos tiempos respecto a los capitales que podrían ser blanqueados. El propio Nicolás Massot, jefe de la bancada PRO en Diputados y una de las más hábiles y preparadas espadas del macrismo, garantizó en plena sesión que será la UIF la responsable de monitorear los adherentes a la amnistía fiscal.

 

Pero estas movidas tienen sus riesgos, más si se considera que el macrismo arrastra, desde sus años en la Ciudad, un sistema de capitalismo de amigos, funcionarios cuestionados y digitación de obras casi tan aceitado como el del kirchnerismo. Por esta razón, se paralizó el debate sobre la ley del arrepentido y se detuvo en cierto nivel el desenlace del caso Lázaro Báez. ¿Pasará lo mismo con el latrocinio de López? Ahí hay un inconveniente: María Eugenia Talerico, actual vice de la UIF, no sólo registra en su currículum vitae el paso como abogada del banco HSBC. La mujer -que asesoró a otras tantas compañías con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el organismo que ahora conduce junto a Mariano Federici- fue letrada patrocinante de uno de los dos financistas de Sergio Schoklender, el armador de Sueños Compartidos, organización de fabricación de viviendas que también reportaba al Ministerio de Planificación. Se trata de Fernando Caparrós Gómez, que fue defendido por Talerico en sede judicial y que está imputado por lavado de activos provenientes del desvío de fondos públicos. De hecho, en el marco de la causa “Schoklender Sergio Mauricio y otros s/ delito de acción” Nº 6522/11, que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Nº 8 -en la que Talerico defendió a Caparrós Gómez-, la propia UIF era querellante.

 

Al nexo de Talerico con los financistas de Schoklender se suman algunos otros cabos sueltos que predicen arduas negociaciones políticas: como la citación judicial a declarar para Darío Giustozzi, el ex intendente de Almirante Brown, también por la causa Sueños Compartidos. Misma cuestión por la que deberá comparecer el sheriff, Alejandro Granados, ex jefe comunal de Ezeiza.

 

Talerico es también la llave para clausurar la causa de lavado y evasión con cuentas de argentinos en el HSBC sucursal Ginebra, un escándalo global que se disparó por la declaración de otro arrepentido de la banca: el europeo Hervé Falciani. La mujer aún mantiene vínculos fluidos con Gabriel Martino, recientemente restituido al frente de la entidad británica, tras haber sido denunciado por asociación ilícita en la causa HSBC. Martino es uno de los banqueros preferidos y de consulta del nuevo gobierno. Los que lo conocen aseguran que se creyó acabado pero resucitó el día que Macri derrotó en las urnas al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Talerico fue abogada del HSBC y en el año 1993 hizo sus primeras armas en las grandes ligas de la abogacía en uno de los estudios más renombrados del menemato: el del ex juez Oscar Salvi. Uno de los preferidos de Carlos Saúl Ménem es actualmente abogado del HSBC y supo limarse en los momentos finales del kirchnerismo con el ex titular de AFIP Ricardo Echegaray. Todo por las denuncias contra el banco que Salvi representaba.

 

Este esquema detallado tiene una orden clara: relegar cualquier cuestión vinculada a pesquisas a empresas y empresarios, afines al Gobierno o no, y embestir con denuncias e investigaciones contra la corrupción del kirchnerismo, que parece dar tela para cortar cada nuevo día. El primer gesto fue, justamente, la rápida denuncia de la UIF contra López por lavado de activos.

 

¿Qué rol tendrá en esta historia la Oficina Anticorrupción? El organismo que conduce Laura Alonso tiene avances desparejos. Con un inicio de gestión partidizado, se fue enderezando a base de presión pública cuando estallaron los Panamá Papers. Hoy atraviesa disputas internas, sobre todo entre los técnicos que quedaron y los nuevos. Esa situación generó algunas sorpresas, que alternaron con algunos ocultamientos. Una de las buenas fue el inicio de una pesquisa por incompatibilidad de cargos de 22 funcionarios. Uno de ellos, el propio Prat Gay, por haber sido funcionario mientras mantenía la consultora APL Economía, compañía con la que asesoraba a empresas privadas en tándem con su hoy mano derecha en el Gobierno y también durante su paso por el BCRA kirchnerista, Pedro Lacoste

 

@leandrorenou

 

 
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