El panorama energético dista de ser un lecho de rosas para el nuevo gobierno. Transcurridos ya seis meses de administración macrista, y tarifazo mediante, el frío obligó a volver a viejas recetas que no contienen el malestar social. Muy por el contrario, lo acrecientan.
Tras una década de fuertes subsidios oficiales para la tarifa domiciliaria y de grandes consumidores, el “operativo sinceramiento” enfrenta conflictos que complican la situación social: tarifazo, huelgas, facturas impagables con hasta 2.000% de aumento y dominó de amparos judiciales para frenar las subas.
Bajo la conducción de Juan José Aranguren, el Ministerio de Energía ordenó el martes a las industrias reducir sus consumos de gas con el objetivo de llegar a cero en el menor tiempo posible. El objetivo es preservar el abastecimiento a hogares, hospitales y escuelas. Mientras tanto, este miércoles interrumpirá el suministro de GNC.
La cartera fundamentó el pedido en el impacto de medidas gremiales del Sindicato de Petroleros de Tierra del Fuego y en problemas para el atraco de barcos con Gas Natural Licuado (GNL).
Los inconvenientes en el suministro de gas natural debido a la medida de fuerza de los petroleros fueguinos se tradujeron en una reducción de ingreso al sistema argentino de gas de 16 millones de metros cúbicos, según informó el Gobierno.
A esto se suma otro paro en la planta de la empresa Refinor y los atrasos por cuestiones climáticas en el arribo de barcos de GNL importado.
El comité de emergencia convocado por el Ente Nacional Regulador del Gas decidió solicitar a las industrias que inicien el corte progresivo de sus consumos con el objetivo de llegar a cero en el menor tiempo posible.
A su vez, como medida complementaria, se solicitó restringir al mínimo posible el suministro de gas a las centrales térmicas de generación eléctrica para tratar de mantener el sistema eléctrico sin cortes.
Para asegurar el suministro se está gestionando la importación de al menos 3 millones de metros cúbicos de gas de Chile.
MALESTAR. Usuarios, intendentes de las zonas petrolíferas y sindicatos están en pie de guerra contra el brusco cambio en las reglas de juego del sector.
En Ushuaia, la Justicia hizo lugar "en forma interina" a la suspensión de los aumentos ante un amparo presentado por la Cooperativa de Trabajo Renacer contra la empresa Camuzzi Gas del Sur y le ordenó que emita nuevas facturas de conformidad con el cuadro tarifario anterior.
También se frenaron los aumentos en Santa Cruz, Chubut, Bariloche, Esquel, Mendoza y Mar del Plata, en ese último caso a pedido de la ONG Acción Marplatense.
Los hogares de la Patagonia representan el 7% del total del país, pero consumen el 23,6% del gas por redes, mientras los usuarios comerciales e industriales representan el 17,3% del total nacional y el 25% del consumo, según revela un informe del Centro de Estudios Patagónicos.
Y el tema más espinoso: la Patagonia, más La Pampa, Malargüe, la Puna, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Mar del Plata y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires estuvieron eximidas de los aumentos producidos en 2014.
Con el tarifazo PRO, los siderales aumentos que llegan al 2.000% (algunos dicen que aún es mayor) se intentaron arreglar de un plumazo. La pulseada entre usuarios y el Gobierno, ante su necesidad de reducir subsidios para mejorar la caja, por ahora, parece que se dirimirá en la Justicia.