Los trabajadores marítimos y de la industria naviera, agrupados en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que condujo hasta febrero el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, pidieron que cese la intervención pero desde la Comisión Interventora Judicial afirmaron que “sigue vigente y con todas sus facultades”.
La confusión se originó porque la agrupación “18 de Febrero, SOMU somos todos” -ligada al kirchnerismo pero enemistada con Suárez- exigió que finalice la intervención del sindicato, dispuesta por el juez Rodolfo Canicoba Corral hace tres meses, para que se normalice la obra social marítima y se devuelva “la dignidad laboral a todos sus afiliados”.
Ese reclamo originó un terremoto hacia el interior de la industria marítima y naviera que las autoridades de la Comisión Interventora Judicial debieron salir a aclarar que el proceso de investigación continúa normalmente. Ese cuerpo lo integran la diputada nacional Gladys González, que por pedido del presidente Mauricio Macri tomó la conducción de la intervención, y los letrados Jorge Carlos Alonso y Santiago Viola.
“La intervención sigue vigente por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral desde el 18 de febrero de 2016”, afirmaron desde la Comisión Interventora, avalada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En ese sentido, aclararon que “la información que circula es inexacta ya que la Cámara Penal recibió el recurso de la comisión directiva suspendida por el juez para analizarlo pero no resolvió la cuestión de fondo planteada”. “Sólo abrió la instancia para estudiar el recurso planteado”, agregaron.
El recurso planteado fue elaborado por los trabajadores, quienes marcaron que a tres meses de la intervención “necesitamos que se regularice la situación de la obra social (O.S.P.M) ya que miles de familias están sin cobertura y exigimos que el gremio sea manejado por afiliados”.
Por otra parte, desde la agrupación promotora del cese de la intervención proponen una congregación frente a las puertas del sindicato –ubicado en Perú 1667- el lunes 16 de mayo a las 8. En esa manifestación se pedirá “una pronta resolución y respuestas validas para todos sus trabajadores hoy desocupados a causa de la intervención”.
Canicoba dispuso intervenir el sindicato del gremialista preferido de Cristina Fernández de Kirchner en febrero de este año. La investigación comprendió también a la obra social, a la fundación Azul –que aportaba publicitariamente en los medios de comunicación del empresario Cristóbal López- y a otros emprendimientos encabezados por el dirigente gremial.
La medida judicial avanzó producto de denuncias sobre extorsión radicadas por empresarios navieros y por parte de sus mismos compañeros de conducción del sindicato, que fueron expulsados del gremio por Suárez. Ese mismo mes, la intervención quedó a cargo de una diputada nacional de extrema confianza del presidente Macri, la bonaerense Gladys González.
Pocos días después, el sindicalista favorito del kirchnerismo decidió renunciar a la titularidad del gremio tras 27 años de administración.