Aun en el estado de convulsión y fragmentación en el que se encuentra, el PJ consiguió consolidar este lunes un fuerte mensaje con destino en la Casa Rosada. Una larga lista de senadores, representantes de al menos diez provincias gobernadas por el peronismo, firmó un proyecto de ley para reformar la ley de Administración Financiera y eliminar toda posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda tomar deuda pública sin autorización del Congreso. Lo que, atento a la actual distribución de bancas en ambas cámaras, obligaría al Gobierno a negociar con los gobernadores no sólo la emisión de deuda, sino los montos y el destino de esos fondos.
La iniciativa fue elaborada por el presidente de bloque del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Pichetto, y el puntano Adolfo Rodríguez Saá. Se presentó el lunes y la intención es que el mismo plenario que este martes emitirá despacho favorable a la ley para cerrar el acuerdo con los fondos buitre firme el dictamen también de este proyecto.
El peronismo no esconde sus cartas: el plan es que en la misma sesión del miércoles 30, cuando el Senado convertirá en ley la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y dará luz verde a la emisión de bonos por U$S 12.500 millones para pagarles a buitres y holdouts, se discuta también la propuesta de Pichetto y Rodríguez Saá, que acompañan otros 15 senadores. Y hasta en esa selección de firmas hay un dato escondido: aparecen senadores de Chaco, Misiones, Salta, Tucumán, Chubut, San Juan, Entre Ríos, Catamarca, La Pampa y San Luis, todas provincias gobernadas por distintas facciones del peronismo.
La idea de poner en juego este proyecto en la misma sesión que el pago a los buitres responde a la necesidad del oficialismo de capturar votos del Frente para la Victoria a favor esos acuerdos alcanzados en Nueva York. Y plantea una compleja encrucijada para el presidente Mauricio Macr: no apoyar un proyecto para devolverle al Congreso su rol fundamental de control del endeudamiento público chocaría de frente con su discurso dialoguista y republicano y reforzaría la imagen híper presidencialista con la que viene administrando el país desde su llegada al poder.
El proyecto consta de apenas tres artículos más uno de forma, pero es más que contundente. El primero elimina la potestad del Ejecutivo de ejecutar operaciones de deuda pública con organismos internacionales de crédito sin pasar por el Congreso y sin cumplir con cuatro condiciones básicas a la hora de tomar endeudamiento: detallar el “tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa”; el “monto máximo autorizado para la operación”; el “plazo mínimo de amortización”, y -tal vez el que más interesa a los gobernadores- que se aclare el “destino del financiamiento”.
El segundo recorta la capacidad del Ejecutivo de “realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública” para mejorar “los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales” sin el OK del Poder Legislativo y obliga, en cambio, a la sanción de una ley del Congreso para prorrogar la jurisdicción soberana en la emisión de bonos.
El tercero deja “sin efecto” todas las “delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo” sobre “cualquier tipo de autorización o facultad en materia de crédito público”.
La sorpresiva aparición de este proyecto todavía no arrojó definiciones por parte del oficialismo. Fuentes del FpV aseguran que no hubo consulta con Olivos para su redacción y en Cambiemos, por ahora, guardan silencio. Al menos, hasta que este martes vuelva a reunirse el plenario de comisiones del Senado y los legisladores peronistas hagan pública su intención de firmar dictamen en la misma jornada.
Además del grupo de senadores peronistas que impulsan el proyecto, habrá que ver qué decisión toman en el kirchnerismo puro si es que la iniciativa llega finalmente al recinto. No tanto en el Senado, donde el cristinismo es una porción minoritaria, sino en la Cámara de Diputados. Allí, el bloque del FpV, que es comandado Héctor Recalde, tiene 82 integrantes y su respaldo puede ser crucial para convertirlo en ley. Todo, claro está, si es que Cambiemos habilita su tratamiento: la facultad de dar celeridad o cajonear el plan, de reunir o bloquear comisiones y, más importante aún, de convocar a sesiones en la Cámara baja está concentrada en Emilio Monzó, presidente del cuerpo y miembro de la mesa chica de poder del macrismo.
Los senadores que firman el proyecto son Pichetto (Río Negro), Rodríguez Saá (San Luis), Daniel Lovera y Norma Durango (La Pampa) –responden al gobernador Carlos Verna-, Sandra Giménez y Juan Manuel Irrazábal (Misiones), Juan Manuel Abal Medina (Buenos Aires), Mario Pais (Chubut), Pedro Guastavino (Entre Ríos), Marina Riofrío (San Juan), Beatriz Mirkin y José Alperovich (Tucumán), Omar Perotti (Santa Fe), Walter Barrionuevo (Jujuy), José Urtubey (Salta), Dalmacio Mera (Catamarca) y Eduardo Aguilar (Chaco).