En línea con lo que sostuvo ante la comisión de Presupuesto y Hacienda, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, aseguró en el informe que envió el Senado que “las consideraciones vertidas por los estudios jurídicos extranjeros se presentan razonables” en cuanto al riesgo de futuros litigios para el país una vez que quede sellado el acuerdo con los fondos buitre. Tal como lo había anticipado durante la audiencia, el funcionario basó su opinión en el informe remitido por los abogados que representan al Estado ante los tribunales estadounidenses y eludió consideraciones personales.
“Sobre la base de lo informado por los estudios, parece razonable considerar que la situación de riesgo de litigios futuros con motivo de los acuerdos en tratamiento, no sería comparable con la realidad de sentencias contrarias efectivas, litigios ya planteados y la posibilidad de litigios de los tenedores de títulos de deuda regular, en caso de que persista la actual situación de no pago a los acreedores”, dijo el procurador en el informe que envió el lunes por la noche al Senado.
En el informe de 47 páginas que envió a los senadores, el abogado del Estado dejó en claro que su opinión no constituye un “dictamen” ya que éste solo puede ser solicitado por “el presidente de la Nación y los señores ministros”, al tiempo que agregó que su competencia está solo “restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso concreto”. Además afirmó que es el “estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP” el que “ejerce la representación y el patrocinio del Estado Nacional en los litigios que tramitan en jurisdicción de los Estados Unidos”.
Si bien el procurador había explicado esta situación durante la reunión de comisión de la que participó el lunes, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, le había exigido que manifestara su opinión. “Usted está obligado a presentar un dictamen sobre los riesgos de la oferta. Está obligado por la propia naturaleza de la Procuración del Tesoro”, reclamó Pichetto.
El procurador había envidado un informe a Diputados, como respuesta a una consulta de Diego Bossio al Poder Ejecutivo pero los senadores del PJ habían considerado “indispensable” su presencia en la Cámara alta. En su respuesta a Bossio, el procurador ya se había alineado con lo dicho por los abogados que representan al país en Estados Unidos, algo que ratificó en el informe enviado al Senado.
“Existen dos elementos que resultan objetivos: por un lado, la cláusula RUFO venció el 31 de diciembre de 2014; y, por el otro, la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Esto último importa la eliminación de los obstáculos legislativos que dieron sustento a la interpretación sobre el alcance de la cláusula pari passu y las cautelares respectivas”, cita el procurador a los abogados.
Por otro lado, Balbín elogia en su informe la incorporación de los artículos 2 y 8 al proyecto del oficialismo, que supedita la ratificación de los acuerdos al levantamiento de todas las medidas cautelares que rigen sobre Argentina. Esta modificación fue incorporada por el Gobierno a pedido del Frente Renovador. "Tales preceptos permiten dar más certezas y seguridad jurídica y reducir, consecuentemente, el eventual margen de litigiosidad", consideró.
“Las consideraciones vertidas por los estudios jurídicos extranjeros se presentan razonables en cuanto: a)se apoyan en las decisiones judiciales de primera instancia (DSNY) y de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de la Ciudad de Nueva York, sobre las cuestiones controvertidas que son aquí objeto de debate; b) el conocimiento específico de los profesionales sobre el derecho extranjero que rige la materia analizada, las normas procesales aplicables y la jurisprudencia de los tribunales en el exterior; y, finalmente, c) constituye un desarrollo argumentativo coherente y razonable”, concluye.
