Cuando los ministros de Trabajo Jorge Triaca y del Interior Rogelio Frigerio anunciaron un principio de acuerdo con la CGT, dentro de la Casa Rosada respiraron con alivio: la crisis por la reforma del Impuesto a las Ganancias había comenzado a transitar su desenlace. La confianza del oficialismo en la foto con la CGT, explica un vocero presidencial, tiene que ver con el fin de un problema de origen en el debate sobre Ganancias: "Nosotros le habíamos prometido mostrarles un borrador de nuestro proyecto al sindicalismo y no lo hicimos", explica en tono autocrítico un funcionario del Gabinete Económico para atajar las razones de la ausencia en la foto del ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay.
Desde la semana pasada, antes del anuncio de las "mesas de diálogo", el Gobierno puso al secretario de Coordinación Mario Quintana y al ministro Frigerio a recomponer los lazos perdidos con al trinvirato de la CGT. En dos ministerios del Gabinete admiten que sus cuadros técnicos no tuvieron intervención en la negociación salvo la del director ejecutivo de la AFIP Alberto Abad. "Está jugando como ministro en las sombras, pero no va en desmedro de Prat Gay, sino es un mérito propio", cinturearon en el Palacio de Hacienda, donde conviven casi todos los ministerios del Gabinete Económico, salvo Interior y Trabajo.
El rol "ordenador" de Abad en las negociaciones que lanzaron Peña y Frigerio fue anunciado por el propio jefe de Gabinete poco después de que su subsecretario Quintana escuchara la bronca del triunvirato por el compromiso incumplido. Desde entonces la negociación política quedó en manos de Frigerio y Quintana que quedaron a cargo del poroteo con los gremios, en un intercambio sin técnicos, ni Prat Gay. Sólo con Abad a cargo de los números, como fuente confiable para aportar datos sobre el costo fiscal. Luego del martes vino la segunda mesa, agendada para el viernes, donde una parte del triunvirato continuó la negociación, mientras otra, protagonizada por la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció medidas de fuerza que se concretaron esta mañana.
Las medidas concluyeron al mediodía, y luego continuó el tercer encuentro con la CGT, esta vez dentro del Ministerio de Trabajo. La hoja de ruta que quedó, según celebraron en el Gobierno, les permitirá avanzar en una ronda express de negociaciones este martes, donde Peña y Frigerio (junto al presidente provisional del Senado Federico Pinedo y al titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó) se reunirán con la oposición para allanar el camino hacia una posible sesión el miércoles en la Cámara Alta y el jueves en Diputados.
El proyecto acordado establece que que el nuevo mínimo no imponible a partir de 2017, para el trabajador casado con dos hijos, sería de 37.000 pesos brutos mensuales y para el soltero sin carga familiar a 27.941 pesos brutos mensuales, además de una modificación a las escalas del gravamen que se iniciaría en el 5 por ciento, una deducción hasta 4.000 pesos del monto de los alquileres. Parte de esa pre-acuerdo ya estaba pulido, salvo el reclamo de los trabajadores del transporte: sacar del impuesto a las las horas extras de días no laborables y feriados, como así también los viáticos. En este punto el impuesto sólo alcanzará al "40 por ciento de los viáticos".
La ausencia de Prat Gay en ese armado fue confirmada por fuentes del propio ministro, pero en la Casa Rosada relativizaron la información y sostuvieron que el titular de Hacienda estuvo "encima del tema". Cerca del Presidente, como es previsible, atribuyen a la conducción de Macri la coordinación de los distintos sectores en pugna del Gabinete. En el "ala política", que integran los funcionarios que trabajan dentro del ministerio del Interior y que coordinan con Monzó y con el titular del bloque de diputados del PRO Nicolás Massot, "fue la política la que pudo encontrar una salida a esta situación que parecía empantanada diez días atrás". Antes de la reunión con la CGT Frigerio habló por los medios, reclamó la necesidad de ampliar la "base de sustentación política" y reivindicó a Monzó a quien definió como alguien "fundamental" para la gestión. "No somos un gobierno antiperonista. Hay que ser muy generosos desde el poder. Tenemos que ampliar la base de sustentación política. Este es el Gobierno de menor representación parlamentaria de la historia argentina. Tenemos un tercio de los diputados, un quinto de los senadores. Tenemos que ser generosos para ampliar esta base de sustentación política", argumentó el ministro, identificado en el Gabinete como un discreto antagonista de funcionarios como Peña y Quintana.
Luego de los anuncios, Peña habló en la misma clave reposada, pero desde Rosario. El sábado pasado también había negado que su Gobierno fuera "antiperonista" y llegó a utilizar a Monzó como un ejemplo. Otra prueba mencionada fue el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, quizás una justa medida del rol que le ha prodigado Peña a su pata peronista. Se trata de un hombre del PRO que durante los 8 años de jefatura porteña de Macri intentó dejar de ser legislador en una infinidad de veces para transformarse en miembro del ejecutivo capitalino. Jamás pudo superar la negativa de Peña, hasta que María Eugenia Vidal ganó la gobernación provincial y contradijo en La Plata la norma no escrita que había forjado el actual ministro coordinador con la anuencia de Macri y los repetidos consejos del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba: la voz más escuchada por el Presidente y públicamente resistida por Monzó.
