El Gobierno se mantiene firme en la defensa del polémico decreto que modificó la ley de blanqueo de capitales. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a respaldar este miércoles la medida, por la cual fue imputado junto al presidente Mauricio Macri y al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, por presunto abuso de autoridad.
Luego de que el fiscal Guillermo Marijuan impulsara una investigación penal, Peña sostuvo que el decreto relativo a familiares de funcionarios “no choca con la esencia de lo que se votó” y “no viola de ninguna manera el espíritu de la ley”.
Según explicó el jefe de Gabinete, “es una reglamentación de la ley que no incluye a los familiares en el blanqueo, como se dice, sino que permite que los familiares directos que tengan una propiedad que pueden demostrar que fue previa a que su familiar fuera funcionario, puedan entrar en el sinceramiento fiscal”.
“El espíritu es que no haya posibilidad de que el funcionario use a su familiar para canalizar algo que recibió mal mientras era funcionario”, aclaró Peña en diálogo con radio Metro, donde también respondió a las acusaciones que vinculan el decreto al empresario y padre del Presidente, Franco Macri: “No hacemos decretos a medida de nadie. Tratamos de ser racionales en la aplicación de la ley”.
En tanto, sostuvo que “la presunción de que el blanqueo implica corrupción es muy errada y profundamente injusta”, y denunció que provienen de “los mismos que gobernaron 12 años y no pueden explicar un centavo de su patrimonio”. En cambio, destacó que la gestión de Cambiemos “promovió la transparencia, el gobierno abierto, las declaraciones juradas, el fortalecimiento de la Oficina Anticorrupción y el acceso a la información”.
El decreto que reglamentó la ley 27.260 recibió profundas críticas por parte de la oposición, que en el Congreso había logrado excluir a los familiares de la posibilidad de acogerse al blanqueo como una de las principales condiciones para acompañar la votación.